Desde el Congreso del Estado buscan fortalecer certeza jurídica en compra de vehículos usados
Proponen exhortar a la SSPC y a la FGEO para que implementen una verificación integral para blindar el patrimonio de las familias oaxaqueñas ante fraudes vehiculares
COMUNICADO
San Raymundo Jalpan, Oax., a 23 de mayo de 2026.- En Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la diputada Jimena Yamil Arroyo Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un Proyecto con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Fiscalía General del Estado (FGEO) y a las instancias competentes de combate a la corrupción para que fortalezcan los mecanismos de supervisión, investigación y sanción de posibles actos de corrupción o abuso de autoridad, así como los protocolos de verificación y certeza jurídica en la adquisición de vehículos usados.
Asimismo, se propone reforzar los mecanismos de actuación institucional y, de manera prioritaria, establecer e implementar mecanismos oficiales, accesibles, confiables y técnicamente viables que permitan a la ciudadanía que pretenda adquirir un vehículo usado obtener un certificado de verificación integral de la unidad, que brinde certeza jurídica sobre la autenticidad de los números de identificación vehicular antes de su compra, otorgando así mayor seguridad patrimonial a quienes adquieren unidades de buena fe.
Detalló que la ciudadanía no cuenta con los conocimientos técnicos o periciales para identificar remarcaciones o alteraciones internas en los números de serie de un automóvil. A pesar de que las y los compradores suelen consultar plataformas oficiales como el Registro Público Vehicular (REPUVE), se han presentado casos en los que las unidades son aseguradas más tarde, provocando afectaciones patrimoniales injustas. Por ello, se vuelve imperativo que el Estado dote a la población de un procedimiento claro y transparente para certificar la legalidad de sus transacciones.
El documento presentado establece que las instituciones de seguridad y procuración de justicia deben adecuar su actuación cotidiana bajo los principios estrictos de honestidad, legalidad, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, garantizando que quien actúe de buena fe cuente con el respaldo del marco institucional del Estado.
Dicha proposición con Punto de Acuerdo quedó reservada para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.
