Denuncian habitantes de Tlahuitoltepec maltrato por policía estatal y la empresa “Presa Canarios”
Nahum Villavicencio.
Habitantes de Santa María Tlahuitoltepec denunciaron que sus autoridades agrarias fueron maltratadas física y psicológicamente por elementos de la policía estatal en complicidad con la empresa “Presa Canarios”.
Indicaron que esta empresa ha estado trabajando en la rehabilitación de caminos de la región mixe, por los daños sufridos de las lluvias del año 2010, dentro del programa FONDEM contratada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Desde el pasado 11 de enero la empresa solicito materiales pétreos de la comunidad llegando a un convenio para dicho servicio, sin embargo, irresponsablemente la empresa hasta el momento no ha cumplido los pagos acordados, en la cual en múltiples ocasiones las autoridades de bienes comunales han solicitado finiquitar lo convenido.
Indicaron que la empresa adeuda el pago de sueldos de trabajadores, así como también debe a los camioneros de la región. En este sentido el pasado 8 de octubre las autoridades agrarias en función de su cargo, servicio comunitario y la representación, fueron citadas en la capital del estado para el supuesto finiquito.
Sin embargo “cobardemente la empresa intento configurar delitos en contra de las autoridades agrarias y en inmediaciones de la calle Miguel Cabrera, fueron detenidos con lujo de violencia, señalándolos como extorsionadores y secuestradores con ventaja y alevosía por parte del apoderado legal de la empresa Tito Max.
Personal aliado a esta empresa inicio este procedimiento, en el que autoridades judiciales se prestaron a esa artimaña, ya que sin mayores elementos de prueba accedieron a la detención de sus autoridades, con golpes y amenazas, violentando así sus derechos humanos fundamentales, y su delito fue únicamente “reclamar el cumplimiento de lo acordado”, expresaron.
Ante esta situación mencionaron que su comunidad esta indignada por las falsas impugnaciones de la empresa, y exigen en este sentido que los hechos no queden impunes, ya que muchas autoridades han sufrido este tipo de actos por empresas extractivas-explotadoras sin el consentimiento de las comunidades y adueñándose de sus recursos naturales.
Destacaron al respecto que en este sentido alertan a las comunidades para que no se dejen engañar o sorprender por esta empresa, que no establece convenios claros, “dado que su modo de operar es usar otros nombres de personas morales, así como prestanombres para celebrar acuerdos y convenios”.
A las autoridades en tanto federales como estatales les exigen garanticen la integridad de sus autoridades agrarias y demandan que se cumpla totalmente con la medida cautelar solicitada a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
En tanto exigen a la SCT, Sedesol, CDI entre otras, el derecho de consulta libre, previa e informada, a las comunidades indígenas y se investigue su régimen legal, fiscal y sus movimientos financieros fraudulentas en las comunidades.
