Sistema anticorrupción en riesgo – Enrique Villarreal Ramos
Despertar
Los importantes nombramientos relativos al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pasarían casi de noche, sino es porque el debate que han propiciado se convirtió en un escándalo: el presidente del Senado, Pablo Escudero, declaró que el SNA está “en peligro de colapsar ante las acusaciones públicas de haber hecho trampa y al existir conflictos de interés en la Comisión de Selección, al momento de elegir el Comité de Participación Ciudadana (CPC) y al secretario técnico”. Además, la Comisión Permanente solicitó al CPC un informe sobre las razones de la modificación de la convocatoria para elegir al secretario ejecutivo del SNA: porque no aplicó el requisito de edad mínima de 35 años conforme lo estipula la ley.
Claro, la mayor irresponsabilidad con relación al SNA ha sido del Senado, que desde 2015 debió designar al fiscal anticorrupción, pero el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática anunciaron que no habrá fiscal antes del 18 de julio, cuando vence el plazo de ley. Conforme se acerque el proceso electoral, el asunto será bandera electorera y se dificultará su designación (y de los magistrados pendientes), lo que acentuará el descrédito de los partidos, ante el clamor por acabar con la impunidad de quienes saquean el erario.
Los partidos no son los únicos que ponen en riesgo el funcionamiento del SNA, su autoridad política y moral. La integración del CPC y la designación del secretario técnico revelaron la existencia de conflictos de interés y de criterios polémicos en los nombramientos, por parte de los comités de selección, dominado por un feudo social, llamado así por provenir de integrantes de instituciones y las organizaciones no gubernamentales de gran influencia que se están repartiendo los principales cargos de los órganos anticorrupción.
El exauditor de la Federación, Arturo González de Aragón, denunció que cinco integrantes del CPC fueron propuestos por los titulares de las organizaciones que integran la Red por la Rendición de Cuentas, los que, a su vez, forman parte del comité de selección (por ejemplo, Edna Jaime, de México Evalúa, es su coordinadora), quienes votaron a favor de sus recomendados, “a los que entregaron, indebidamente, cartas de postulación, cometiéndose flagrantes actos de conflicto de interés, en cuatro de los cinco casos de los elegidos para formar parte del CPC”.
Asimismo, trascendió que en el nombramiento de cinco integrantes del CPC hubo “cuotas y cuates” del comité de selección. La revelación de las cédulas de evaluación mostró que Mariclaire Acosta Urquidi obtuvo 207 puntos en su evaluación frente a 233 puntos obtenidos por Gerardo Lozano, pero fue escogida quien es reconocida por defender los derechos humanos y no por ser experta en auditorías y fiscalización de cuentas públicas. Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas A. C., integrante de la Red y del comité de selección, admitió que el criterio para elegir a Acosta fue el de cuota de género… ¿Pesan más las cuotas que los criterios meritocráticos?
La designación de Ricardo Salgado como secretario técnico (todos los miembros de la terna fueron postulados por Transparencia Mexicana, integrante de la Red), reveló conflicto de interés, ya que él trabajó en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en los años en que Jacqueline Peschard lo presidió, y resulta que ahora ella encabeza el CPC.
El SNA no puede quedar en manos de feudos sociales, a riesgo de fomentar, por ejemplo, conflictos de interés, que lo pueden desacreditar de origen. Son las prácticas indebidas, y no las revelaciones o críticas (que han servido para ir transparentando el CPC), lo que amenaza la legitimidad del SNA.
