Senado aprueba en lo general Ley de Telecomunicaciones; crean Agencia de Transformación Digital

Con 77 votos a favor de Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano y 30 en contra del PAN y PRI, el Pleno del Senado aprobó en lo general la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que tuvo alrededor de 70 cambios, con el fin de plantear una reestructura profunda del marco regulatorio del sector.

Entre los cambios más significativos se encuentra la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá sus funciones como nueva autoridad reguladora.

A nombre de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos del Senado, el morenista Javier Corral Jurado dijo que se eliminó el artículo controvertido, en relación al 109, que abría la puerta al bloqueo temporal de plataformas digitales. Suprimir esa disposición atiende preocupaciones sobre posibles actos de censura y garantiza la libertad digital.

En su lugar, se mantiene el artículo 209, fracción IX, que faculta a la Secretaría de Gobernación a suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad proveniente de gobiernos extranjeros, salvo en contenidos de carácter cultural, turístico o deportivo.

Como parte de la nueva estructura institucional, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con autonomía técnica y operativa.

El senador morenista afirmó que “puedo asegurarles que hicimos un gran esfuerzo por recuperar la mayor cantidad de propuestas y anhelos de larga data; no tengan duda de que hoy se va a aprobar una ley que, sin abandonar sus objetivos fundamentales, es más sólida, es más clara, es más justa y es más incluyente”.

Desde tribuna, Corral detalló que se impulsa a los medios sin fines de lucro: sociales, comunitarios, indígenas y afromexicanos, atajando fenómenos de simulación y también dándoles una viabilidad financiera y económica que equilibre el modelo mercantil y comercial que ha imperado por largas décadas.

Dio a conocer que, en materia de radiodifusión pública, la reforma incorpora principios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de contenidos de estos medios, opciones de financiamiento, acceso a tecnologías y reglas para la expresión de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Corral Jurado refirió que, para la televisión, se recuperan los derechos de las audiencias, lo cual consideró que no es una medida “menor”, pues se implementan elementos que fortalecen la figura de los defensores de audiencia para transitar de figuras decorativas a garantes de derechos; esto, añadió, motivará de manera indirecta que la desinformación o las calumnias sean claramente desmentidas.

En su intervención, Alejandro Moreno, presidente del PRI, arremetió contra la mayoría oficialista al acusarla de actuar como “lacayos, esbirros y esquiroles” del régimen. Señaló que, a diferencia de su bancada, que actúa con libertad, los legisladores oficialistas siguen órdenes sin cuestionar.

“Es claro que lo que se presenta aquí es la guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial y deja claro que es una Ley Censura, es parte, como se ha dicho aquí, de un big brother del bienestar para controlar la vida, la palabra y lo que diga cada ciudadano”, afirmó.

La respuesta fue por parte del Partido Verde en nombre de Jorge Carlos Ramírez Marín quien dijo que el artículo 190 de la actual Ley de Telecomunicaciones ya establece la geolocalización en tiempo real de telecomunicación móvil.

“El debate se orientó al big brother que estamos creando, a ese enorme cuarto donde el gobierno va a estar escuchando todas las conversaciones y ubicando a los 130 millones de mexicanos en el tiempo real. Ese enorme videowall donde van a estar nuestras cuentas bancarias, nuestro tipo de sangre, nuestras huellas digitales, el cumpleaños de mi esposa que siempre se me olvida, se lo podré pedir a la Secretaría de Gobernación cuando se me olvide”, ironizó.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, arremetió contra la aprobación de la ley, al calificarla como una muestra de “vena autoritaria” por parte del oficialismo, que privilegió el control político por encima de los derechos fundamentales.

“No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos; no podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisoras y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda.. Lo denunciamos, era la Ley Censura y la Ley Censura se queda y por eso nuestro voto será en contra”, indicó.

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró que a pesar de la buena voluntad de algunos de los compañeros de la oposición por respaldar este dictamen, hay una estrategia “han querido desviar el debate acusando que esta ley es una herramienta de control, nada más falso. Esta ley no espía, no persigue, no censura, lo que hace es garantizar que el internet y la comunicación sirvan al pueblo, no a los intereses de unos cuantos”.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, destacó la importancia de las modificaciones aprobadas en el dictamen y reconoció que, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta ocasión la mayoría legislativa rectificó algunos puntos que preocupaban a su partido, uno de ellos, el exceso de facultades que se le daban a la ATDT.

“Nos preocupaba también, lo denunciamos, el exceso de facultades que se le estaba dando a través de esta reforma a la Agencia de Transformación Digital. Nos preocupaba, porque generaban un cúmulo de decisiones, 66 nuevas facultades con carácter unipersonal. Una sola persona era la que tenía estas facultades, desde licencias, concesiones, todo lo que tenía que ver con este tema. Hoy el dictamen reduce estas facultades a nueve”.

Entre los temas sustanciales del dictamen, se establece que, con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

Además, los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística, cultural o deportiva.

Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país.

El proyecto concreta la extinción del IFT, que funcionará en tanto se integre la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, así como la transferencia de las funciones de dicho instituto a la ATDT; ello, con el fin de permitir mayor coordinación interinstitucional, reducir duplicidades, agilizar procesos y facilitar la implementación de políticas públicas en esta materia.

Además, fija las facultades de la ATDT para formular y conducir las políticas públicas en la materia, así como para regular, promover y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico y del acceso a redes e infraestructura. Asimismo, garantizar un marco regulatorio que fomente la inversión, la competencia, la eficiencia, que asegure el acceso a las tecnologías y al Internet como un derecho universal.

De igual forma, se homologan, simplifican y digitalizan los trámites relacionados con la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para facilitar el despliegue tecnológico y mejorar el acceso a servicios como el Internet de banda ancha.

También establece mecanismos para la asignación del espectro, esquemas de uso compartido, autorizaciones experimentales, plataformas de gran altitud, entornos de prueba controlados y redes de radiocomunicaciones inteligentes, los cuales permitirán incorporar tecnologías emergentes en beneficio de zonas de difícil acceso.

Este dictamen también garantiza el acceso a la radiodifusión con un enfoque multicultural y de derechos humanos, fortalece el papel de medios comunitarios, indígenas y públicos, y señala la función educativa, cultural y de emergencia de los servicios de comunicación.

Sobre la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señala que será un órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, que tendrá independencia técnica, operativa y de gestión, y actuará con imparcialidad para dictar sus resoluciones, a fin de garantizar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

El dictamen indica que el Pleno de la comisión será el órgano máximo de decisión y se integrará por cinco personas para reforzar su legitimidad y fortalecer la deliberación técnica, plural y el control institucional. Asimismo, ejercerá la administración del espectro radioeléctrico observando lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales, y entre sus objetivos están proteger la vida humana, promocionar la cohesión social y la competencia en los mercados, entre otros.

La instancia además podrá imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o por incumplimiento a lo dispuesto en las concesiones, autorizaciones y títulos habilitantes o resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la comisión; igualmente, estará facultada para dictar medidas precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación.

Con el propósito de impulsar la cobertura social, esta ley también establece los procedimientos mediante los cuales los concesionarios podrán acceder a descuentos sobre el pago de las contribuciones por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico, a cambio de obligaciones de cobertura en zonas geográficas, carreteras o caminos.

En materia de derechos de las audiencias, se fortalece el mecanismo de protección y vigilancia, y se incorporan medidas para asegurar, sin discriminación, el acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones de las personas con discapacidad.

Cabe mencionar que el dictamen fue resultado de un ejercicio de diálogo que incluyó cinco conversatorios en los que participaron más de 80 especialistas en diversos rubros relacionados con las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Además, en este nuevo dictamen se eliminó lo relativo a cualquier bloqueo temporal de plataformas, así como lo referente al esquema de propaganda de gobiernos extranjeros, permitiendo la difusión de contenidos de índole cultural, deportiva y turística.