Reprocha OPIZ a administración de Monteagudo impunidad a demandas de justicia

Nahum Villavicencio

Integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ) reprocharon a la administración de Gabino Cué continuar con un Gobierno Diodorista, que además se ha convertido en impulsor de la impunidad al no dar respuesta a las demandas de justicia que se le han presentado.

Juan Sosa Maldonado,  indicó que desafortunadamente la administración estatal ha optado por hacer oídos sordos a las demandas sociales lo que ha ocasionado que los delitos de lesa humanidad se disparen, afectando como siempre a los que menos tienen.

Indicó también que desafortunadamente para el Gobierno las ejecuciones extrajudiciales se han hecho la mejor solución a sus problemas, “es la mejor opción para eliminar a opositores políticos, porque a pesar del espantoso gasto en seguridad, comparado por ejemplo con lo que se gasta en educación, una ejecución extrajudicial es de lo más silenciosa”.

Claro ejemplo de ello es el asesinato de Félix Martínez Santiago que ocurrió el pasado miércoles alrededor de las seis de la mañana en la comunidad de Tierra Blanca, San Vicente, Loxicha. Y es que, este personaje era uno de los luchadores sociales de la región, que en muchas ocasiones levantó la voz para externar su inconformidad por diversos problemas que se presentan en la zona.

La desaparición forzada de personas puede hacerle ruido al Estado Mexicano por décadas, y si quienes reclaman la presentación con vida de los desaparecidos son verdaderamente consecuentes, eso representará un verdadero dolor de cabeza, podemos citar por ejemplo el caso de Rosendo Radilla Pacheco.

Encarcelar a un líder social o político puede resultar realmente desastroso si hay una sociedad altamente politizada y con conciencia de clase que exija la libertad de quienes son encarcelados, ejemplos se conocen varios, destacó.

Pero las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por grupos paramilitares le hacen el trabajo sucio a policías y a militares pues no se les puede acusar de violadores de derechos humanos: ellos solamente proporcionan las armas, el entrenamiento, la paga y garantizan la impunidad. Pequeña cosa en un gobierno que se dice democrático y defensor de los derechos humanos.

El 25 de mayo de 2007, precisamente el mismo día en que fueron desaparecidos los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, fue detenido ilegalmente durante varias horas por policías estatales, Daniel Santiago Matías, y como este nombre se pueden citar varios que han sufrido este tipo de agresiones, destacó.

“Desde entonces hemos denunciado permanentemente el hostigamiento y riesgo que corre su familia en la comunidad de Tierra Blanca San Vicente Loxicha; en noviembre de 2010 fue desaparecido en esa comunidad Crescenciano Moisés Pérez Enríquez, para el que hoy se sigue exigiendo justicia, sin que haya una respuesta coherente por parte de las autoridades”.

Pérez Enríquez apareció ejecutado el día tres de enero del 2011, caso que no fue el único, ya que le siguieron los casos de Gregorio Ambrosio Antonio y Manuel Nicandro José, aún con estos casos el Gobierno continúa con su discurso de que “en Loxicha no pasa nada”.