Reforma Electoral evitara la intromisión del crimen organizado en la democracia mexicana
Nahúm Villavicencio
Con la fiscalización bancaria de los recursos a los partidos políticos y candidatos durante las campañas se evitara sean utilizados recursos de origen poco claro, sostuvo el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez.
Durante su visita a la entidad el funcionario del órgano electoral destacó que lo sucedido en el municipio de Iguala, Guerrero pondrá a prueba la nueva legislación electoral durante la jornada electoral del 7 de junio próximo.
Para evitar que se repita la intromisión del crimen organizado en la democracia mexicana, la Reforma Electoral se pondrá a prueba, pues está ha otorgado al órgano electoral la facultad de fiscalizar todo el gasto bancarizado de los partidos políticos y candidatos durante las campañas.
“…así no habrá manera de hacer trampa o recibir dinero de origen poco claro”. Pues el INE está facultado para pedir a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores toda la información precisa de los movimientos bancarios de los partidos, de los aspirantes y hasta de sus familiares.
Aunque observó que el órgano electoral e incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) requiere de “más dientes” para vigilar las aportaciones de dinero en efectivo a partidos políticos y candidatos.
Aunque –dijo- se requiere un control específico para evitar “casos tan lamentables como el de Iguala donde se tiene la sospecha fundada de vínculos con el crimen organizado”.
“De lo que se trata es evitar que estas personas acceder al poder porque los servidores públicos están para cuidar al pueblo no para generar acciones que lo pongan en peligro”, remarcó.
“El INE y el TEPJF, así como la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Electorales, necesitan actuar con celeridad y atender los indicios y pruebas para la toma inmediata de decisiones”, expresó.
No obstante, subrayó que los partidos políticos deben ser los primeros en cuidar el origen y las vinculaciones de los candidatos para no dejar únicamente esa responsabilidad a las autoridades electorales.
