¿Qué cumplió Peña del primer acuerdo con papás de los 43?

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto firmó el 29 de octubre un acuerdo de 10 puntos con padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en el que se comprometió a fortalecer los esfuerzos para encontrar a los estudiantes, crear una comisión mixta con familiares de las víctimas y dar apoyo a las escuelas normales rurales del país.

Hoy, a 11 meses de que se firmó ese acuerdo, los familiares y el Presidente tendrán una segunda reunión en el Museo Tecnológico (Mutec), en la que los papás de los normalistas pedirán se realice una nueva investigación considerando las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH.

Estos son los diez puntos del acuerdo que firmó el Presidente y los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el 29 de octubre, los pendientes y las acciones que se realizaron.

Primero. El gobierno federal intensificaría las búsquedas para localizar a los normalistas. (Intermitente)

La PGR tiene en calidad de desaparecidos a los normalistas de Ayotzinapa, a pesar de que dio a conocer que fueron asesinados, incinerados y los restos arrojados a un río. En varias ocasiones se planteó que se continuara la búsqueda de los estudiantes.

El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, informó el 20 de enero que la búsqueda alcanzó los 600 puntos en un diámetro de 100 kilómetros a la redonda de Iguala sin obtener algún rastro de los estudiantes. En Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH recomendó el 6 de septiembre “mantener los procesos de búsqueda”.

Segundo. Se establecería una Comisión Mixta y el gobierno federal informaría sobre la investigación a dicha comisión antes que a la prensa. (Suspendido)

El 3 de noviembre de 2014, la Secretaría de Gobernación informó que representantes del gobierno y los familiares instalaron la Comisión Mixta de Seguimiento e información en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Sin embargo, los padres dijeron en una conferencia que no había condiciones para instalar la comisión mixta, ya que en la reunión no estuvieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

El 27 de enero Murillo Karam dijo que “la verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa era que los normalistas fueron “privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río”. Ese día, los familiares de los estudiantes repudiaron que el gobierno haya priorizado informar los avances del caso a los medios de comunicación antes que a las víctimas, algo “contrario a los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto”.

Tercero. El gobierno federal continuaría brindando todas las facilidades y apoyos al Equipo Argentino de Antropología Forense.

El 8 de diciembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense informó que no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de la PGR recuperaron del río San Juan una bolsa con restos de huesos incinerados.

El 7 de febrero, los peritos argentinos aseguraron que la investigación de PGR tenía errores y no se habían considerado elementos que a su juicio afectan las evidencias y hacen posible ofrecer todavía una versión concluyente sobre el destino de los normalistas.

Dos días después, la PGR descalificó en un comunicado las “especulaciones” y comentarios “lejanos” a la realidad y “sin sustento” que realizó el equipo argentino. Informó que los argentinos “no son autoridad” en la investigación, por lo que sus pretensiones de que se les entregue la cadena de custodia de las pruebas recabadas “rebasa” las funciones que le fueron asignadas. La PGR indicó que el equipo argentino no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan, porque prefirieron acudir al basurero de Cocula.

Cuarto. El gobierno de la República respetaría todos los derechos humanos, su honra y su reputación de los normalistas de Ayotzinapa.

El grupo de expertos recomendó a la PGR el 6 de septiembre investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos en el caso, como posibles lesiones y amenazas, que sufrieron los normalistas sobrevivientes.

Quinto. La PGR facilitaría la coadyuvancia con representantes de los papás de los normalistas y entregarían copias de los procesos penales. Además, continuaría realizando todas las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda y detención de involucrados.

El 27 de enero los familiares de los normalistas desaparecidos acusaron que las autoridades incumplieron con la entrega de copias de todas las actuaciones de los expedientes.

Según el Tercer Informe de Labores de la Procuraduría General de la República se han detenido 111 personas vinculadas con la desaparición de los normalistas, de los cuales 52 eran policías de Iguala, 19 de Cocula y 40 presuntos criminales de Guerreros Unidos, entre ellos el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

Sexto. Investigar a personas relacionadas con el ataque en Iguala e integrar un grupo de trabajo con la PGR para investigar los hechos del 12 de diciembre de 2011. (No)

El ataque contra normalistas registrado la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 tienen un antecedente sangriento: el 12 de diciembre del año 2011 durante un bloqueo a la carretera del Sol en Chilpancingo, policías estatales atacaron a balazos a un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El saldo fue de 2 muertos, al menos 5 heridos y 18 detenidos tras la trifulca. La averiguación previa fue abierta con el código BRA/SC/06/2743/2011.

La promesa de Peña Nieto fue reabrir la indagatoria para esclarecer los hechos. A partir de esa fecha no han sido consignados o reportados avances del caso. En julio de este año fue ejecutado en Chilpancingo el mando ministerial David Jesús Urquizo Molina, señalado como el responsable de todo el operativo policial del 12 de diciembre de 2011.

Séptimo. El gobierno federal se compromete a la reparación integral del daño de las víctimas u ofendidos de las personas fallecidas en los hechos. (En proceso)

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas anunció en julio que indemnizará y brindará atención médica a cerca de 300 familiares de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada.

Según el titular de la Comisión, Jaime Rochín, la atención se le dará tanto a madres, padres, hermanos, parejas e hijos de los jóvenes de forma “integral” pues además de una compensación económica se les ofreció una “satisfacción” que incluye acciones realizadas por el estado a petición expresa de los familiares para que ellos se sientan atendidos: desde una disculpa pública hasta acciones específicas para evitar un ataque como el de Iguala hace casi un año.

Octavo. El Gobierno de la República se comprometió a continuar con la prestación de toda la atención médica necesaria hasta el total restablecimiento de las personas que resultaron lesionadas tras el ataque en Iguala. (Sí)

No solo los normalistas resultaron afectados ese 26 de septiembre: choferes de camión, taxistas, transeúntes y ciudadanos que no tenían relación con el movimiento magisterial resultaron heridos y fueron hospitalizados en diversos nosocomios. En total 25 personas fueron atendidas por diversas heridas: los más afectados fueron los normalistas Aldo Gutiérrez Solano, quien cumplirá un año en coma debido al disparo en la cabeza que recibió en el ataque de Iguala, así como Édgar Andrés Vargas, quien también recibió disparos en su rostro.

Ellos y sus familias han recibido ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Noveno. El Gobierno de la República se comprometió a realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las Escuelas Normales Rurales del país. (Sí)

En el presupuesto de egresos para la Secretaría de Educación Pública se aprobó una partida de 400 millones de pesos para atender a las escuelas Normales Rurales que hay en el país. A cada una, según el documento que estipula el procedimiento, se le asignarán recursos para capacitaciones o adquisición de infraestructura y mobiliario para la mejora de instalaciones de las escuelas para el periodo 2015-2016. Según las reglas de operación del programa, el 30 de septiembre es la fecha límite para que la SEP asigne los recursos a las normales que concursaron en el programa.

Décimo. Agilizar el acuerdo para la asistencia técnica de Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa. (Sí)

El 12 de noviembre, representantes del gobierno federal y de los papás de los normalistas desaparecidos firmaron un acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindara asistencia técnica en las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes.

Los cinco expertos de la CIDH investigaron el caso del 2 de marzo al 2 de septiembre. El 6 de septiembre presentaron su informe en el que rechazaron que los 43 normalistas hayan sido quemados en un basurero de Cocula como lo informó la PGR.

Plantearon la hipótesis de que un quinto camión que tomaron los normalistas, sin saberlo, pudo haber estado cargado de droga y ello habría desatado la violencia con la que fueron atacados por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes trafican heroína de Iguala a Chicago. El gobierno federal ha informado que solicitará la ampliación del mandato de los expertos para continuar con la investigación.