Milicia y Justicia / ‘Earl’, los damnificados y las omisiones federales

La Jornada.

Algo está fallando en materia de protección civil. La muerte de 51 personas en los estados de Puebla (37), Veracruz (13), Veracruz (1) e Hidalgo (1) como consecuencia de la tormenta tropical Earl reveló que la decisión gubernamental de relegar la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) a un segundo plano en la prevención de desastres naturales y la atención a víctimas, no ha dado los resultados deseados.

En sexenios anteriores las fuerzas armadas jugaban un papel prioritario cuando las tormentas o huracanes -responsables de fuertes precipitaciones de lluvia que ocasionan inundaciones, deslaves de tierra, destrucción de caminos y carreteras, etc.- se acercaban a territorio nacional.

Los mandos de cada zona militar o naval tenían la orden de prepararse para auxiliar a la población en caso necesario, además, militares y marinos eran los que llevaban la voz cantante en las reuniones de Protección Civil que eran convocadas por las autoridades locales.

Gustara o no la preponderancia de las fuerzas armadas, lo cierto es que ese modelo funcionó la mayoría de las veces.

En este contexto, se fortalecieron los programas de auxilio a la población Plan DN-III y Marina, las fuerzas armadas adquirieron equipo (como helicópteros y maquinaria pesada), capacitó a su personal en rescate y auxilio a la población, científicos militares construyeron innovadores puentes, crearon incluso un “puente militar colgante peatonal desmontable” para una distancia de hasta 100 metros (que es transportado en un tractocamión, puede ser montado y desmontado totalmente a mano, sin la necesidad de maquinaria o equipo especializado en un tiempo de 48 a 72 horas).

Militares y marinos perfeccionaron también enormes cocinas para alimentar a la población afectada, perfeccionaron la logística de los servicios médicos y sanitarios en los albergues, etc.

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, la Secretaría de Gobernación impulsó una estrategia que redujo paulatinamente la preponderancia de las fuerzas armadas en labores de protección civil.

Mientras que a nivel estatal, los gobernadores asumieron el rol de encabezar las reuniones de los Çomités de Protección Civil para llevar a cabo las acciones de prevención y, posteriormente, la labor de ayuda a los damnificados, con el apoyo del gobierno federal en caso de ser necesario.

Por cierto, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle no ha explicado por qué no se activaron los protocolos de protección civil para avisarle a la población de los municipios de Huauchinango y Tlaola en donde ocurrió la mayor cantidad de víctimas.

Tampoco ha dicho si convocó al Comité Estatal de Protección Civil y en caso de haberlo hecho, cuáles fueron la decisiones adoptadas y si hubo errores, falta de previsión u omisiones en el actuar de las actividades.

No fue casual que militares y marinos fueran enviados a las zonas de desastre una vez que pasó el meteoro y que, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, el propio presidente Enrique Peña Nieto visitara el lugar dos días después, por cierto, acompañado de Moreno Valle.

Caso Nochixtlán, otro fracaso anunciado (y prácticamente consumado) de la PGR

En reunión con senadores, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal hizo una revelación que sepultó la esperanza (si es que alguna vez la hubo) de que la indagatoria oficial sobre el operativo policíaco que concluyó con la muerte de ocho personas en Nochixtlán, Oax., el pasado 19 de junio, fuera creíble.

Reconoció que casi dos meses después del infortunado operativo de las Policías Federal y de Oaxaca para desalojar la carretera que cruza el poblado referido, la dependencia que encabeza Arely Gómez aún no ha logrado entrar al lugar de los hechos a recabar las pruebas; además, la PGR no ha recibido ninguna denuncia de los civiles afectados, como tampoco ha tomado la declaración ha ningún poblador del lugar.

Sólo ha podido recabar la información de los policías que participaron en el operativo y aún no termina el peritaje de las 89 armas que éstos utilizaron.

Este asunto apunta a ser igual de complicado que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Aunque la PGR no ha dicho aún, cuál es su “verdad histórica” sobre lo ocurrido. Lo cierto es que con los antecedentes que reveló el subprocurador Higuera, nadie va creer en los resultados de una investigación que no arroje la responsabilidad de los policías federales y locales, así como de sus más altos mandos.

La versión de que había un grupo de civiles armados que disparó primero y desató el tiroteo, sólo será creíble si la PGR demuestra quién o quiénes fueron los autores intelectuales.

A nadie convencerá una versión semejante, si no responsabilizara a la autoridad estatal o federal que habría permitido o solapado algo tan grave.