Las entrañas del poder: Transparencia… un deporte extremo
Plumas Selectas
Por Olegario Roldan
“La transparencia es para quienes tienen obligaciones públicas y ejercen el poder público. La privacidad es para todos los demás.”
Glenn Greenwald (1967)
La transparencia gubernamental en Puebla se ha convertido en una pieza de teatro admirable: costosa, aparatosa y completamente desconectada de la realidad.
Cada administración inaugura portales “abiertos”, presume conferencias con iluminación cinematográfica y recita discursos sobre rendición de cuentas como si estuviera nominada a un premio Oscar.
Luego uno intenta revisar un contrato público y descubre que el documento parece sobreviviente de un operativo militar: páginas enteras tachadas, cifras ocultas y explicaciones redactadas con el entusiasmo burocrático de quien llena una multa de tránsito.
La opacidad ya ni siquiera intenta disimularse. Se volvió una política de Estado con la elegancia de un cajón cerrado con llave.
Todo puede clasificarse como “seguridad de estado”: una obra pública, un convenio dudoso o, si les dan tiempo, probablemente hasta la factura del café de oficina. El concepto sirve menos para proteger al Estado que para blindar funcionarios de preguntas que podrían arruinarles la conferencia matutina.
Y claro, donde no existe información clara, florecen milagros administrativos: sobrecostos que aparecen por generación espontánea, licitaciones ganadas por amigos entrañables y decisiones tomadas en oficinas donde la rendición de cuentas es vista como una excentricidad extranjera, algo entre el sushi y respetar los semáforos.
Lo único verdaderamente transparente es la continuidad: cambian los logotipos, los colores y los discursos, pero las cortinas para ocultar información siguen exactamente en el mismo lugar.
En Puebla, pedir información oficial sigue siendo un deporte extremo
Un ciudadano solicitó al Congreso confirmar si la Fiscalía notificó los nombramientos de 11 fiscalías especializadas. La respuesta institucional fue magistral: silencio absoluto.
El descuido de Julio Leopoldo de Lara Varela terminó en un amparo federal y, para variar, el Congreso volvió a quedar en ridículo. Un juez les recordó algo incómodo: la Constitución obliga a responder.
Pero el verdadero problema apenas asoma. Si la Fiscalía de Idamis Pastor nunca notificó legalmente esos nombramientos, varios fiscales especializados podrían estar operando en terreno irregular. Y entonces no sólo se tambalean los cargos, sino también todas las investigaciones y procedimientos realizados por ellos.
La justicia ya exhibió la incompetencia administrativa. Falta saber si también destapa un fraude institucional.
