Jueces federales determinan que desaparecer personas en Veracruz no es grave; colectivos temen salida de exfiscal
Redacción.-
Xalapa, Ver. Colectivos de familiares de personas desaparecidas alertaron sobre la posible liberación del exfiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, luego que el Poder Judicial de la Federación, determinara que la desaparición forzada no es grave.
En un posicionamiento conjunto, más de una veintena de colectivos rechazó las determinaciones de jueces federales, quienes establecieron que desaparecer personas es un delito menor.
La misiva, recrimina que en un país con más de 37 mil Personas Desaparecidas según cifras oficiales, en donde una gran parte ha sido cometida por Servidores Públicos del Estado, “resulta insultante y sumamente insensible el hecho de que Jueces Federales minimicen el delito de Desaparición Forzada, ignorando la situación de incertidumbre y zozobra” que viven los familiares.
Indicaron que resoluciones como esas significan un grave retroceso y entorpecen la garantía de los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Afirmaron que como lo ha establecido la firma de tratados internacionales, la desaparición forzada es un
delito extremadamente grave y de lesa humanidad.
Por ello, los colectivos sostienen que las resoluciones recientemente emitidas por el Juez Decimoquinto de Distrito con residencia en Xalapa, Jorge Holder Gómez, así como de los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Alejandro Gómez Sánchez, José Alfonso Montalvo Martínez y Mario Ariel Acevedo Cedillo, en el sentido de que la Desaparición Forzada de Personas no es un delito grave “nos agravian”.
Afirmaron también que estas resoluciones serían con el único propósito de favorecer a Luis Ángel Bravo Contreras y que este siga su proceso en libertad.
Ante ello, hicieron un llamado a las fiscalías y al Poder Judicial de la Federación para que, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, garanticen la seguridad de víctimas y testigos, y prevengan la sustracción de la justicia de las personas
imputadas, mediante la solicitud sustentada y el otorgamiento de la medida cautelar de prisión
preventiva.
Advirtieron que si ese criterio lesivo de los derechos humanos y los derechos de las víctimas permanece, harán un llamado al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Diputados, como a la de Senadores, para que reformen el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se contemplen los delitos relacionados con la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares, como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa.
Finalmente exigieron también un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura Federal para que conforme a los Tratados Internacionales de los que México es parte, se reconozca la extrema gravedad de la Desaparición Forzada, y se exhorte a las autoridades correspondientes a reconocer la misma, pues los criterios de los juzgadores antes mencionados, pueden impactar sobre los procesos penales que se llevan en todo el país en contra de los autores materiales e intelectuales de este crimen fomentando con ello la impunidad, y permitiendo que los responsables obtengan beneficios.
