Historia negra del oro negro

Por Roberto López Rosado*

Mi entrega anterior la titulé  “Futbol y petróleo; #QueNonosmetanotrogol”. Allí destaqué la importancia que para el grueso de los mexicanos significa el futbol pero también me referí a la importancia de que el mundial no nos distraiga de un asunto de vital y trascendente importancia para el país y para todos los y las mexicanas.

El gobierno priísta logró que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto gracias a la alianza que tuvo con el Partido Acción Nacional (PAN) y sus satélites, es decir, el Partido Verde y Nueva Alianza. En el Senado ya inició la discusión en comisiones en torno a las leyes secundarias de la reforma energética.

El gobierno peñista asegura que la Reforma Energética no significa la privatización del petróleo que está en el subsuelo del país. Una y otra vez jura y perjura que el oro negro seguirá siendo propiedad de la nación. Utiliza eufemismos para negar lo que la reforma representa la entrega de la renta petrolera, es decir, lo que entra al país en divisas por la venta de este energético que ahora ya no irá, particularmente, a diversas obras para construcción de hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales. Ahora esos recursos irán de manera destacada a las arcas de las grandes empresas petroleras trasnacionales.

El pasado martes 10 los grupos parlamentarios del PRD y la dirigencia del  partido, encabezados de Cuauhtémoc Cárdenas, expusieron de manera pública nuestro punto de vista sobre este tema que sin lugar a dudas es, de las reformas que Enrique Peña Nieto envió al Congreso, la más dañina para la nación, porque no sólo tira la nacionalización del petróleo sino porque entrega de nueva cuenta nuestras riquezas en perjuicio de la población.

A continuación resumiré algunos aspectos destacados del posicionamiento referido:

El documento destaca que no se garantiza la Seguridad Energética Nacional para los próximos 30 años, ya que se privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada extranjera; no asegura un suministro oportuno y suficiente de energéticos; ni la disminución de precios de la electricidad y las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener los “gasolinazos”, hasta el año 2019, además de que se eliminará los subsidios al consumo eléctrico por lo que subirán las tarifas en los próximos años. (La propaganda del gobierno calla esto)

Un aspecto destacado que se subraya es que el  modelo energético que propone el gobierno federal, tiene como objetivo central una mayor captura de recursos fiscales, manteniendo la petrolización de las finanzas públicas. Se reducen a su mínima expresión Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para facilitar el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras.

No hay alivio fiscal para Pemex y tampoco se le otorga autonomía presupuestal. La autonomía de gestión se reduce a una mera simplificación administrativa. Con lo anterior, su concepto de “Empresa Productiva del Estado” es una simulación, donde a Pemex se le manda a competir atada de brazos. Se prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán apropiarse de la mayor parte la renta petrolera.

Se tendrá que enfrentar juicios que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los que las naciones como Ecuador, Kazajstán y Venezuela han tenido muy malas experiencias.

Se protege a las compañías petroleras más que las comunidades y ejidos, argumentando que es por el bien común o el interés nacional. Se pasará de un régimen de propiedad nacional a otro privado, que implicará un despojo de la tierra en los procesos de concentración, lo que puede traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías internacionales y cacicazgos locales, injusticia y exacerbación del resentimiento social.

Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo, cuya principal función es ser una caja de pagos para las empresas trasnacionales y no un instrumento de ahorro a largo plazo para el desarrollo económico del país.

No se plantean mecanismos para fondear el pasivo laboral de Pemex que asciende a más de 1.1 billones de pesos (2013), dejando en total vulnerabilidad financiera la petrolera. Este pasivo, producto de la sangría fiscal de Pemex, representa casi una tercera parte del presupuesto federal y de no atenderse, podría generar un problema financiero de proporciones incalculables.

Se margina la investigación y el desarrollo tecnológico ya que se acota presupuestalmente y se desdeña como factor de cambio futuro para el sector energético nacional. En ninguna parte del mundo se ponen límites a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico. La propuesta del ejecutivo así lo pretende.

El Instituto Mexicano del Petróleo sólo se encuentra citado (en forma errónea, además) en un artículo transitorio. El Instituto de Investigaciones Eléctricas y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares no merecen siquiera una mención en las iniciativas de ley.

La transición energética no es una preocupación del gobierno federal. Además, se impulsan procesos de extracción cuestionables por sus potenciales daños al medio ambiente como el denominado “fracturamiento” hidráulico o fracking. Este tipo de tecnologías están prohibidas en varios países de Europa y algunas entidades de los Estados Unidos de América.

La transparencia es un tema abordado tibiamente y en el caso de  la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción están completamente ausente de la propuesta.

Esta es la visión que como PRD tenemos sobre lo que significará la privatización de nuestros energéticos. Por ello, consideramos como lo plantea el artículo 35 de la Constitución que seamos todos y todas las mexicanas quienes decidan sobre aspectos trascendentes. El futuro energético del país se debe decidir mediante una consulta popular en 2015 e impulsaremos acciones encaminadas a defender las empresas energéticas nacionales como operadores dominantes y garantes de la seguridad energética nacional y aligerar la carga fiscal que pesa sobre Pemex.

En el marco de esta reforma estamos decididos por la defensa de comunidades, ejidos y tierras a partir de la propia Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales, así como también en favor de la transparencia y rendición de cuentas que acabe con la corrupción, mal endémico que el gobierno de Peña Nieto no quiere atacar de fondo. El dirigente sindical del Pemex sigue teniendo los mismos privilegios y no se le toca a pesar del cúmulo de acusaciones en su contra como también el de Oceanografía, lo que muestra que la reforma peñista será para enriquecer a las nuevas generaciones políticas y las que ya lo habían hecho.

Por eso llamamos a una verdadera discusión de fondo, sin engaños, ni mentiras, de manera transparente, sin controlar a los medios de comunicación a fin de que la población no se entere de lo que dice la letra chiquita de la reforma y las leyes secundarias. Seguramente en el congreso, volverán a ganar la votación. Todos aquellos que voten a favor de esta reforma ya se ganaron un lugar en la historia negra del país, y más temprano que tarde se arrepentirán de haber entregado nuestro oro negro. El costo político, económico y social será, será muy caro.

*Diputado Federal del PRD por Oaxaca