Exigen la liberación de comuneros detenidos por invasión a Monte Albán

Nahum Villavicencio

Gustavo Sánchez Jacobo, presidente de la organización política nacional Fuerza Autónoma Mexicana exigió la liberación de los 8 comuneros detenidos por el delito de invasión al poligonal de Monte Albán ya que existen diferentes inconsistencias en la denuncia que presento y que involucra directamente a los afectados.

En el mes de mayo del 2009 uno de los grupos de comuneros encabezados por Silvano Reyes Medina invadió lotificando y repartiendo los terrenos de esa área, destinado para panteón municipal con una extensión de 1.5 hectáreas.

Además en complicidad con la procuraduría de Justicia del Estado acuerdan liberar 17 órdenes de aprehensión y otras 30 más que están en vías de ejecución, en contra de comuneros inconformes.

De estos hechos se originó la detención de 8 comuneros de la tercera edad, entre ellos una mujer de 54 años, de los que su estado de salud se muestra precaria, hecho que preocupa a sus familiares.

Se ha demostrado a través del diario oficial que son legítimos propietarios de las tierras, mientras que Antropología e Historia no ha mostrado ningún documento con el que demuestren ser los posesionarios para la delimitación de zonas arqueológicas.

La estancia federal se basa únicamente en la resolución presidencial sin embargo esta muestra en el polígono de Monte Albán menciona que es “declaratoria no expropiatoria”.

Se ha adquirido la prueba documental en donde se demuestra que los comuneros detenidos aparecen en el padrón de comuneros certificados, aunque el juez ha omitido esas pruebas.

Por ello se solicita la intervención del Gobierno Federal, pues el caso es de su competencia, para investigar de fondo el caso y demostrar la inocencia de los detenidos de manera arbitraria.

El conflicto proviene de la lucha del poder por el poder, que mantienen los comuneros, lo que ha provocado que fueran detenidos los 8 comuneros que en su mayoría son personas de la tercera edad.

Ya se recurrió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca quien en realidad no han hecho mucho por defender a los comuneros, por lo que se tendrá que recurrir Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque sabemos perfectamente que es un delito federal el que se está imputando, lo que se pretende es que las fianzas sean mucho menor a como las están colocando. Y es que de un millón 200 mil pesos la han bajado a 160 mil pesos que continúan siendo altas para las familias de escasos recursos de los comuneros.

Se ha recurrido a la Comisión de Pueblos Indígenas (CDI) y otras instancias gubernamentales para que los apoyen y puedan salir estas personas en libertad, ya que no se busca evadir el delito en caso de ser cometido.