Exigen habitantes de San Mateo Cajonos intervención del gobierno para poder retornar a su comunidad

Nahum Villavicencio

El ex presidente y el  ex tesorero municipal de San Mateo Cajonos, Manuel Gutiérrez Arreola y José Rodrigo exigieron al gobernador su intervención para poder retornar a su comunidad de la que fueron sacados por un grupo caciquil que se ha apropiado de sus pertenencias.

En conferencia de prensa frente al palacio de gobierno indicaron que el 11 de abril de 2010 la comunidad realizó una asamblea que determino que los funcionarios en ese entonces habían cometido irregularidades en el manejo de los recursos económicos que les fueron asignados, desfalcando a ese ayuntamiento la cantidad de 700 mil pesos.

Por ese motivo fueron detenidos por la autoridad municipal, siendo internados en la cárcel de esa población, y liberados el quince de abril del mismo año, después de suscribir un acuerdo en el que se comprometieron a aceptar el dictamen que emitiera la Auditoría Superior del Estado respecto de la administración de los recursos económicos que les fueron asignados al fungir en los cargos asignados.

Meses después la ASE comprobó que existía documentación que avalaba el gasto de los recursos públicos por lo que las ex autoridades fueron exoneradas, sin embargo ante la inconformidad de la población azuzada por Jacobo Baltazar Montes, quien era respaldado por Hugo Aguilar –hoy subsecretario de SAI- estos fueron expulsados de la comunidad incautándoles de manera irregular todos sus bienes.

Aunque denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado los hechos, la instancia no ha hecho justicia, y tampoco ha respondido la Defensoría de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca quien el 20 de mayo de 2010 mediante el expediente CDDH/410/(27)/OAX/2010 emitió la recomendación 13/2010, que hasta el momento no ha sido respetada.

El funcionario de la SAI continua respaldando a Baltazar Montes quien se ostenta como amigo de otros empleados de gobierno, y es que, en junio del 2012 acudieron ante la Secretaría General de Gobierno y hablaron con Jorge Alberto Rizo, quien les dijo que Baltazar Montes era su amigo, “por lo tanto que dejáramos de tocar el tema”.

Durante este periodo en que han permanecido fuera de su comunidad les fueron confiscadas sus casas-habitación y camionetas a cada uno de ellos, así como sus herramientas de trabajo, además de que siguen hostigando a sus familiares que todavía habitan en la población.

Por ello hizo un llamado a las autoridades encargadas de impartir justicia, para que les sean devueltas sus pertenencias y les sea permitido retornar a su pueblo; mientras que al gobernador lo exhortaron a llevar a cabo una revisión exhaustiva acerca de los funcionarios con los que cuenta su administración.

Advirtieron al respecto que la paz y el progreso prometido por el “gobierno del cambio” no puede presentarse mientras existan “flamantes funcionarios de gobierno, cuyo objetivo es el de llenarse los bolsillos de dinero a costa de sangre inocente y de la división de los pueblos de Oaxaca”.