Despojo de terrenos comunales en San Pedro Mixtepec
Ignacio Martínez Platas
Un grupo de ocho comuneros de la Agencia Municipal de Bajos de Chila, San Pedro Mixtepec, enfrentan el despojo de 32 hectáreas de tierras frente al mar, tráfico de influencias, tres juicios con obstáculos en el Tribunal Unitario Agrario y la indiferencia del gobierno estatal y federal por aplicar la Ley.
El prestanombres Jarry Muler, de origen canadiense, inició con éste proyecto denominado “Viva Resort”, valuado en su conjunto en 500 millones de dólares, en una superficie de 32 hectáreas en las que se construyen seis torres con 16 departamentos cada uno, sala de juegos, piscinas, bungalows, un casino y helipuerto, todos los departamentos están cotizados en dólares.
De acuerdo a uno de los abogados de los ocho comuneros, Rogelio Núñez, el canadiense es el operador financiero de los socios de éste conjunto habitacional, en donde la totalidad de los clientes, son extranjeros.
Todos los departamentos, inclusive algunos que aún no están concluidos, ya fueron vendidos anticipadamente generando millonarias ganancias a los propietarios, cuyas identidades aún se desconocen.
Por la impunidad que da el tráfico de influencias, se presume que entre los socios ó inclusive, detrás de ellos, hay personajes con un inmenso poder político que les ha permitido conseguir los permisos federales, estatales y municipales para construir en zona federal y frente a las playas.
De ello, se desprende el hecho de que la SEMARNAT, la PROFEPA, SCT, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como el Gobierno del Estado y la propia autoridad municipal, hayan expedido sin mayores trámites los permisos para Cambio de Uso de Suelo y permiso para construcción, tomando en cuenta que los terrenos carecen de escrituras por ser de uso comunal y los comuneros solo cuentan con las constancias de posesión.
Otro de los intermediarios en el tráfico de los terrenos comunales, es Marcos Bruceaga, quien incurrió en los mismos delitos en Puerto Vallarta, de donde salió huyendo para incorporarse en el proyecto de Viva Resort.
En el Tribunal Unitario Agrario en donde se ventilan tres procesos de tipo agrario y en la Suprema Corte de Justicia se tramita un juicio de amparo, en los que los comuneros exigen un juicio imparcial para la restitución de sus tierras, resarcir los daños a través de una indemnización justa y castigo penal para los traficantes de las tierras comunales.
