En un acto de justicia humanitaria, entrega Gobierno de Oaxaca  boletas de liberación a personas privadas de su libertad

El Gobernador del Estado, Salomón Jara, destacó que con esta acción se reafirma la convicción de su administración en dignificar y respetar los Derechos Humanos de los sectores vulnerables.

COMUNICADO

  • A fin de evitar la discriminación de quienes recibieron su libertad, el mandatario estatal abrió la posibilidad de incorporarlos en la administración pública estatal.

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de diciembre de 2022. Como un acto de justicia humanitaria, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregó de manera simbólica siete de un total de 23 boletas de liberación a personas privadas de su libertad, de bajos recursos económicos e indígenas que tenían condenas por delitos menores, como robos y lesiones simples y que no cuentan con recursos para pagar su fianza.

En una ceremonia realizada en el Salón Juárez de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal puntualizó que esta acción forma parte de los ejes estratégicos que impulsa este gobierno, constituido en el Nuevo Pacto Social para la Convivencia Pacífica y Segura y la Reparación Histórica de los Pueblos a través de las Políticas de Bienestar Transformador, privilegiando la democracia y los Derechos Humanos de los sectores más vulnerables.

“Con este acto, cumplimos con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos exige garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de quienes están privados de su libertad. Agradezco a los Poderes del Estado y la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para lograr este esfuerzo conjunto”, dijo.

Jara Cruz abundó que, con la liberación de este día, en lo que va del año 2022 se ha logrado dar libertad a un total de 345 personas, de las cuales 317 han sido hombres y 28 mujeres, en los 10 Centros de Reinserción Social de la entidad. En este sentido, invitó a las y los beneficiados a conducirse con apego a la legalidad.

Asimismo, para evitar la discriminación de la que son objeto, abrió la posibilidad de incorporarlos en la administración estatal en caso de ejercer un oficio.

“Somos hermanos y tenemos que ayudarnos. Que este acto sirva para que reflexionemos y cambiemos nuestra forma de ver las cosas, necesitamos una oportunidad para salir adelante, yo les quiero expresar que este gobierno tiene las puertas abiertas para tener una oportunidad con ustedes. Este gobierno es del pueblo y para el pueblo”, expresó ante la presencia de Irma Bolaños Quijano, presidenta honoraria del sistema DIF estatal.

A esta ceremonia acudió el Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, quien reconoció la voluntad política del Gobernador para apoyar a sectores de la población históricamente vulnerables. “En este caso de manera especial con las personas privadas de la libertad de escasos recursos, quienes están sujetas a discriminación”, indicó.

Añadió que, el Poder Judicial coadyuvó en estos beneficios, luego de que los jueces de ejecución penal dieran trámite inmediato y resolvieran los procedimientos de los hoy beneficiados, lo anterior, en coordinación con las dependencias gubernamentales para garantizar un trabajo “armónico y colaborativo”.

Mientras que, Marcelo Merino García, director de la Defensoría del Estado, dijo que por instrucciones del Gobernador Salomón Jara, esta instancia tendrá como prioridad el acercar de manera real y efectiva, todos los servicios de manera gratuita a toda la sociedad oaxaqueña.

“Ha llegado la hora de combatir la injusticia, la impunidad, discriminación y racismo, nuestra labor es y será defender los derechos de toda la sociedad oaxaqueña”, refirió.

A nombre de las 23 personas liberadas, el señor José Guadalupe Méndez Ríos agradeció a las autoridades e instancias como la Defensoría Pública del Estado, por hacer posible este beneficio a favor de ellos. “Nos comprometemos a guiar nuestros actos de una manera responsable ante la sociedad y para bien del estado”.

Asistieron, Geovany Vásquez Sagrero, consejero Jurídico del Gobierno del Estado y Jesús Romero López, secretario de Gobierno; entre otros funcionarios y funcionarias.

 

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