A sólo nueve meses de cambiar en su estructura e integrantes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendientes las resoluciones en torno a 54 impugnaciones presentadas contra los decretos aprobados por el Congreso de la Unión dominado por Morena, incluidos los del llamado viernes negro del 26 de abril del 2023, que concentraron diversas violaciones al debido proceso legislativo.

Pero con la salida del ministro Luis María Aguilar, el pleno de la Corte carece de los votos suficientes para invalidar los instrumentos jurídicos que se impugnaron, porque violan la Constitución y porque pasaron por encima de todos los procedimientos legislativos.

Con base en información pública del propio Senado, entre los años 2016 y 2024 la SCJN admitió 66 acciones de inconstitucionalidad y 24 controversias constitucionales en contra de 70 decretos aprobados por el Congreso de la Unión.

Hay, hasta el momento, 31 acciones de inconstitucionalidad y 23 controversias constitucionales pendientes de resolver; es decir, 54 impugnaciones contra el trabajo legislativo de la mayoría oficialista; de las 24 controversias constitucionales presentadas, se resolvió sólo una, referente a derecho y uso del agua.

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En materia de acciones de inconstitucionalidad, que es la información más detallada que tiene el Senado, se observa el crecimiento exponencial en el uso de esta figura jurídica para detener los llamados agandalles de la aplanadora legislativa, pues mientras entre 2016 y agosto del 2018 se presentó un total de cinco acciones de inconstitucionalidad, entre septiembre del 2018 y el 16 de diciembre de este 2024 llegaron a 61 impugnaciones.

Por años, se tiene que se impugnaron en el 2018 se impugnaron dos decretos; en el 2019, nueve decretos; en el 2020, otros tres decretos; en el 2021 nueve decretos; en el 2022 fueron seis decretos.

En el 2023 se registró el mayor número con 26 decretos impugnados vía la acción de inconstitucionalidad, pues se incluyeron los 12 decretos impugnados en el llamado viernes negro, de los 20 que se aprobaron en total.

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN 2024

Y en el año 2024 se presentaron acciones de inconstitucionalidad contra seis decretos del Congreso de la Unión; cinco de ellos producto del llamado plan C que lleva a cabo la mayoría morenista; una de ellas ya se resolvió con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, para dejar en claro que no proceden las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas constitucionales.

Las cuatro relacionadas con el llamado plan C que están pendientes son el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de este año.

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2024; el decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107, y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal, por considerar que resultan contrarias al espíritu constitucional y, a los procedimientos de reforma de nuestra de Ley Fundamental y por consiguiente inválidas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre pasado.

También, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación y Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.

Y en este 2024 también se presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Civil Federal, Código Penal Federal, en materia de violencia a través de interpósita persona, publicados mediante Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero de este año y que fue presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con la propia CNDH, esta reforma “genera diferentes efectos problemáticos que pueden redundar en transgresiones al derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad y taxatividad en materia penal, y tampoco garantiza la efectiva protección de la familia”.

Hasta el momento, de las 61 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron entre septiembre del 2018 y el 16 de diciembre del 2024, en contra de las leyes y reformas que se aprobaron por el Congreso de la Unión, la SCJN resolvió 30; es decir, poco menos de la mitad de las presentadas.

Se trata de los decretos de la Ley de Remuneraciones, de atribuciones que el Ejecutivo le había dado a la Guardia Nacional en la administración pública que comenzó en 2018; de funciones no civiles a la Guardia Nacional; leyes de registro de detenciones, sobre el uso de la fuerza, del sistema nacional de seguridad pública, de extinción de dominio; general de educación; una reforma al Poder Judicial; de austeridad republicana; federal de derechos de autor y Código Penal Federal; ley de adquisiciones y arrendamientos del sector público.

También paquete económico 2021; Ley de la Industria Eléctrica; Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de registro de usuarios de telefonía móvil; Ley de Hidrocarburos; Orgánica del Poder Judicial y de la carrera judicial, que incluyó la polémica prórroga del mandato de Arturo Zaldívar, que se echó abajo.

Además, ley de la Fiscalía General de la República (FGR); revocación de mandato; paquete económico 2022; instituciones y procedimientos electorales; presupuesto y responsabilidad hacendaria; medios de impugnación; militarización de Guardia Nacional; general de comunicación social; reforma para impedir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial revoque acuerdos de los órganos de gobierno del Congreso de la Unión; minería; federal de derechos y turismo; el nuevo código nacional de procedimientos civiles y la referente a la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación.

Y tiene pendientes por resolver 31 acciones de inconstitucionalidad contra los decretos del Congreso de la Unión referentes a: carrera de maestras y maestros; marina mercante; armada de México; patrimonio cultural; instituciones de crédito; vías generales de comunicación; aeropuertos militarizados; contra precursores químicos; ley de la administración pública federal en dos reformas distintas; bienes nacionales y aeropuertos en cuatro reformas diferentes; ley del ISSSTE; de minería.

De igual manera, Ley General de Salud; creación del Sistema de Salud para el Bienestar; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley Federal de Derechos; paquete económico 2024; reforma a ley que protege a mujeres contra la violencia; inimpugnabilidad de las reformas constitucionales y elección de juzgadores.