Las denuncias públicas del asedio judicial y la prisión preventiva como subterfugios contra las libertades de prensa y expresión de las y los gobernadores de la “Cuarta Transformación”, los hemos denunciado en nuestros comunicados conjuntos, en notas informativas y en columnas, también en forma directa y amplia, tanto en el Congreso Internacional de Medios que llevó a cabo la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, AMPEP, celebrado el pasado agosto, en la Sesión Conjunta de Consejos que llevamos a cabo en Mazatlán, Sinaloa y en Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE de noviembre pasado.

 

No obstante que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el cúmulo de las denuncias al respecto en medios y en las redes sociales, ha exhortado a sus pares políticos morenistas, gobernadoras: Rocío Nahle García de Veracruz, Layda Sansores de Campeche y gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta Mier y de Oaxaca, Salomón Jara Cruz a que cesen dichas hostilidades contra los informadores han hecho gala desvergonzada de oídos sordos. La nula atención a la petición gubernamental, desde luego que va en desdoro del liderazgo presidencial.

Además, esta exigencia del gremio periodístico organizado es parte de la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista, misma que de aprobarse íntegra se convertiría ipso facto en el blindaje máximo para los comunicadores y un muro de contención a los enemigos de las libertades de prensa expresión y el derecho de la sociedad a estar oportuna y verazmente informado.

 

Vamos directo a los cuatro casos que se han presentado en los últimos meses en México, para ser precisos en cuatro estados gobernados por dos mujeres y dos hombres de filiación morenista, mismos que con sus abusivas e intolerables acciones quebrantan las libertades primarias, traicionan a todos los mexicanos y a su mismo partido, Movimiento de Regeneración Nacional

 

que se presenta como una opción progresista, como lo ha calificado la propia jefa del Ejecutivo Federal:

1.- CASO DEL PERIODISTA RAFAEL LEÓN SEGOVIA. (VERACRUZ).

El abuso del asedio judicial ha llegado a la aberración de imputarle al colega veracruzano, Rafael León Segovia, conocido en el medio como “Lafita León”, el delito de “terrorismo”, como consecuencia de un altercado de tránsito, lo cual representa un peligroso precedente contra la libertad de expresión, sólo aplicado en los gobiernos teocráticos, en las dictaduras y en los aprendices de estas.

El hecho ocurrió el 24 de diciembre en el Coatzacoalcos, Veracruz, tras su detención que se llevó a cabo ese mismo día, se le notificó la imputación de delitos graves: terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, según informó en un comunicado, sin pudor alguno, la fiscalía estatal. De con acuerdo con fuentes cercanas, la investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura periodística de nota roja que Rafael desarrolla desde hace años en un contexto de violencia estructural y presencia de macro criminalidad en el sur de Veracruz, informaciones que pudo haber afectado intereses tanto de grupos criminales como de las propias autoridades estatales, al visibilizar la situación de inseguridad que prevalece en la región.

 

Tiene mucha razón Garddiel León Oropeza, hijo del victimado periodista Rafael León Segovia, al denunciar que en el operativo de detención de su progenitor se registraron diversas irregularidades y agregó textual: “Mi padre no es terrorista. Si un coche bomba en Michoacán no lo consideran así ¿cómo van a acusar de terrorista a un periodista que solo hace su trabajo? Es una persecución que ya lleva tiempo; ya le habían echado ácido a su carro e investigado nuestras cuentas bancarias, pero como no encontraron nada, ahora inventan esto”.

 

 

2.- CASO DEL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ. (CAMPECHE).

El periodista Jorge González, de 72 años, es otro caso del asedio judicial contra los periodistas y de una mayúscula aberración jurídica, ya que sujeto a proceso penal se le ha obligado a abandonar su carrera y cerrar el medio que dirigía como medidas cautelares; es decir la “autoridad de administración de

 

justicia”, así entre comillas, ya que es obvio atiende las instrucciones de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

El proceso penal iniciado por la mencionada gobernante contra el informador fue de abuzo e intolerancia, primero, exacto el día que le citó el juez de control para la imputación, informan los medios que el colega, Jorge González “solo podía pensar en lo mucho que le dolía el cuerpo, a sus 72 años, puesto que fue sometido a nueve horas de sesión y luego recibió el golpe devastador, algo que jamás pensó escuchar en su medio siglo como periodista. Le informaron de que la gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores, le había denunciado por delito de odio y que, como medida cautelar, debía dejar de ejercer el periodismo por dos años, cerrar su medio “Tribuna” en lo que se estima que duraría el proceso. Esta decisión del juez, vasallo de la gobernante, le corta su medio y su trabajo, entonces, es de preguntarse de que va a vivir él y su familia, si le quitan de tajo el sustento diario.

 

Pobrecita gobernadora Sansores -la mal hablada-, ahora resulta que acusa a Jorge González de insultarla y causarle daño psicológico por las publicaciones en una columna anónima del diario Tribuna. Sin embargo, el periodista lleva jubilado desde 2017 y desde entonces asegura que solo ha tenido un pequeño programa de televisión en Telemar, donde ha cuestionado las políticas de la Administración de Morena en Campeche, especialmente en materia de seguridad.

 

“Nunca he alimentado odios con ningún gobierno, pero la señora Sansores ha emprendido una agresión fuera de sí al acusarme de cosas que no he cometido, como incitación al odio. Menciona la columna ‘Las tripas del jaguar`, pero yo no la escribo”, se defiende el periodista en llamada telefónica.

 

 

3.- CASO RODOLFO RUIZ RODRÍGUEZ. (PUEBLA).

El periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital “e-consulta”, fue vinculado a proceso penal por un juez de control en el estado de Puebla, en el marco de una causa iniciada por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Con esta determinación judicial, el proceso penal en su contra se mantiene abierto y sujeto a una etapa de investigación complementaria (45 días), además de que se le imponen medidas cautelares que limitan su movilidad y lo obligan a comparecer periódicamente ante la autoridad.

 

Esta decisión representa otra escalada en el acoso judicial, documentado por ONG ARTICULO 19, que desde el inicio del procedimiento alertó sobre el uso indebido del derecho penal en contra del periodista. La vinculación a proceso se produce pese a que la defensa ha sostenido la licitud de los ingresos de Ruiz y ha señalado diversas irregularidades procesales, entre ellas obstáculos para acceder de manera plena y oportuna a la carpeta de investigación, lo que compromete el derecho a una defensa adecuada.

El proceso penal contra Rodolfo Ruiz no puede analizarse de manera aislada. Su origen se encuentra en un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del estado de Puebla, incluidas instancias de procuración de justicia. La reactivación y judicialización del caso ocurre en un escenario donde el periodista ha investigado directamente a la institución que hoy lo acusa, lo que genera preocupaciones legítimas sobre represalias, conflicto de interés y uso indebido del poder.

 

En una conferencia de prensa del 7 de abril de 2025, el gobernador Alejandro Armenta Mier utilizó un discurso estigmatizante al acusar al periodista de dirigir “una red de delincuencia cibernética”, ARTICULO 19 advirtió que ello representa una práctica contraria a los estándares de libertad de expresión y con un efecto claramente intimidatorio sobre el ejercicio periodístico.

4.- CASO FRACISCO ALEJANDRO LEYVA AGUILAR. (OAXACA).

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz ha iniciado desde hace meses un constante hostigamiento en contra del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, autor de la columna : “El Zumbido del Moscardón”, mediante una investigación a destiempo, utilizando a funcionarios a su servicio.

 

Esto, ante la desesperación del gobernador, por no poder dar respuestas convincentes a los señalamientos de: corrupción, nepotismo e incapacidad administrativa. Todo es del dominio público. La desesperación de Salomón Jara es que él solicitó un proceso de revocación de mandato para fortalecerse, y ahora se le está revirtiendo.

 

Derivado de las publicaciones en su columna “El Zumbido del Moscardón”, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue objeto de una persecución judicial por parte del gobierno de Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca.

 

La acusación que le hace la Auditoría Superior de Fiscalización, ASFE, data de 2019 cuando el fungía como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), un asunto administrativo en el que el Director de Administración y Finanzas hizo cambios entre cuentas de la dependencia para coberturas a pagos a trabajadores.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar se presentó ante la ASFE, para dar la cara ante las injurias del gobierno de Salomón Jara el pasado 9 de diciembre, pero el proceso sigue abierto.

Antes de que esta investigación se abriera el periodista ya había acudido a la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a interponer una queja porque el gobernador lo exhibió en una “mañanera” y desde entonces ha recibido incluso amenazas de muerte.

 

NUESTRA EXIGENCIA.

El gremio periodístico organizado de México, que conforman FAPERMEX, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE y la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, alza la voz ante esta práctica censora del asedio judicial en contra de periodistas por parte de gobiernos estatales.

Debemos sumar también las persecuciones judiciales de que son víctimas periodistas en varios estados como consecuencia de denuncias por la vía electoral bajo el pretexto de la violencia política de género; por supuesto que reconocemos el avance en la defensa de las mujeres que dedican su vida al ejercicio público, pero por ningún motivo la instancia judicial puede ser ocupada para intentar controlar la práctica y la crítica periodística en ese desempeño.

 

A los asesinatos y despariciones en contra del gremio periodístico ahora se suma el ASEDIO JUDICIAL. Nuestro concentrado es terrible y lamentable

 

por todos conceptos, puesto que la imperante impunidad es la que permite que los criminales, enemigos de las libertades de prensa y expresión, burlen a la justicia. Como se puede comprobar, como ya dijimos, la lista lúgubre aumenta exponencialmente y tenemos además que lamentar 29 desapariciones forzadas. De 1983 a la fecha, de acuerdo con el Monitoreo Permanente de los Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Periodistas, suman 402 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 341periodistas; 9 locutores; 16 trabajadores de prensa; 19 familiares y 12 amigos de comunicadores; 2 civiles, y 3 escoltas.

 

El Gremio Organizado: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, en sus comunicados correspondientes firmados por sus dirigentes, reitera en forma constante su demanda a las más altas autoridades del país para que terminen con esta vergonzosa impunidad en cuanto a los atentados a los informadores, y cumplan con las medidas cautelares para protegerlos, como lo ordenan las leyes correspondientes.

 

Redobla su reclamo de justicia y de que se implementen los mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y amigos que también han sido victimados en hechos, inclusive directos, para amedrentar a los comunicadores. ¡YA BASTA! Es nuestro grito permanente.

Hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la Unión, a los gobernadores de las entidades federativas, y a los congresos locales, para que atiendan a la brevedad la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista, que consideramos es el mayor blindaje para los comunicadores y por su contenido es un instrumento integral para asegurar las libertades de prensa y expresión en nuestro México.

UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE. Por FAPERMEX:

Periodista Luis Javier Hernández Cordova, presidente del Consejo Directivo

 

Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Presidente CONALIPE, presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX y secretario de Desarrollo Social de FELAP.

Presidentes Honorarios Vitalicios:

 

Lic. Roberto Piñón Olivas; Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, Juan Ramón Negrete Jiménez, Mtra. Eva Joaquina Guerrero Rios

 

Periodista Óscar Alvizo Olmeda, presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX.

Isabella Zozoaga Muñoz; secretaria General de FAPERMEX.

Lic. Gilberto Herrera Navarro, secretario de Finanzas de FAPERMEX. Ciudad de México y Oaxaca, Oaxaca, 29 de diciembre de 2025. www.conalipe.org

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