Doce de 19 entidades que renovaran su Poder Judicial Estatal reportan cero pesos para organizar la elección

Doce de las 19 entidades que renovarán su Poder Judicial estatal reportan cero pesos para organizar la elección. Además, ni los congresos ni los gobiernos estatales les han dado respuestas a sus peticiones de ampliación presupuestal, por lo que siguen gestionando que las autoridades asuman la responsabilidad de garantizar dinero para este proceso.

Un reporte del INE con corte a este fin de semana, exhibe que a dos semanas de que inicien las campañas de la elección judicial federal, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) enfrentan una crisis financiera para poder operar y organizar la jornada electoral judicial local.

Recursos insuficientes para elección judicial en estados

El viernes por la noche, el Consejo General del INE incorporó a la elección a Yucatán, siguiendo la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determinó que se debe respetar si los Congresos estatales determinan que el proceso electoral se lleve a cabo el 1 de junio próximo, sin importar que lo hagan de manera tardía o que los OPLES no tengan dinero para llevarla a cabo.

Únicamente Estado de México que solicitó 941 millones 388 mil 460.34 pesos y que será la elección más cara del país, y Sonora que pidió una ampliación por 200 millones 224 mil 549.40 pesos, recibieron el 100 por ciento, no solo en la autorización, sino que las autoridades estatales ya les entregaron el dinero para que puedan avanzar sin contratiempos.

En contraste, otras cinco entidades ya recibieron respuesta, pero con una aprobación insuficiente para enfrentar esta elección inédita. Tabasco pidió 209.3 millones de pesos, le prometieron 114 millones de pesos, pero sólo les han dado 9.8 millones, es decir, hoy cuentan con apenas el 4.7 por ciento de lo que necesitan.

Aguascalientes y Colima sólo recibieron la cuarta parte de lo que pidieron: Aguascalientes 55 millones de los 239 que necesita y Colima 11 millones de los 48 que pidió.

San Luis Potosí también tuvo respuesta, pero de los 135.8 millones de pesos que necesita, le prometieron 110 millones y solo le han entregado 42.1 millones, es decir, la tercera parte de lo que originalmente presupuestó para organizar el proceso judicial. Al igual que Baja California logró 100 millones de pesos de los 241.5 millones que solicitó, es decir, el 41.40 por ciento.

Para el resto de las entidades, la crisis varía en cada una. En el caso de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, estas 12 entidades no tienen un solo peso para este proceso electoral y ninguna autoridad les ha dado siquiera una respuesta, por lo que siguen esperando saber con cuánto dinero podrán contar para avanzar en las dimensiones de la organización.

Por ejemplo, de este paquete, Chihuahua y Tamaulipas son críticos porque el Congreso local estableció que sus campañas locales arranquen junto con las federales, es decir, el próximo 30 de marzo y no tienen dinero para hacerlo.

Ni Chihuahua que solicitó 328 millones de pesos ni Tamaulipas que pidió al menos 35 millones de pesos para poder cubrir las necesidades más relevantes del proceso, han siquiera tenido respuesta de las autoridades, por lo que no tienen dinero para todo lo que implica el arranque de las campañas.

Colima es la otra entidad que comienza campañas a la par de las federales al cierre de marzo y es un caso doblemente crítico, pues aunque ya le dieron respuesta y apenas le concedieron el 23.19 por ciento de lo que pidió, no puede operar en estas condiciones porque forma parte del paquete de entidades que iniciaron el año con recortes extremos que ponen en riesgo su operación básica.

Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas son estados en donde las autoridades electorales recibieron menos del 35 por ciento de lo que solicitaron, pues el recorte presupuestal llegó al 65 por ciento, escenario similar al de Tamaulipas que opera con el 47 por ciento de lo que solicitó para el año y no tiene ni un peso recibido.

Por lo que estas entidades tampoco tendrían posibilidad de avanzar en la organización de la elección con ahorros de su presupuesto anual, porque ni siquiera tienen el dinero necesario para su operación base como pago de sueldos o servicios.

Elección judicial, a contrarreloj 

A esta crisis, se suma la orden del Tribunal Electoral de incluir a Nayarit y Yucatán a pesar de que sus congresos aprobaron la reforma a destiempo y será muy complicado organizarla a contrarreloj, pero además, sin dinero.

Nayarit tuvo un recorte en su presupuesto anual del 66.55 por ciento, pidió 115.6 millones de pesos para hacer la elección judicial pero no ha tenido respuesta de las autoridades locales y por lo tanto, no ha recibido ni un peso para este proceso.

Mientras que Yucatán que apenas hace una semana el Congreso estatal aprobó la reforma, tuvo un recorte anual del 23.75 por ciento y debido a la premura con que le impusieron organizar la elección, el Consejo General electoral local ni siquiera ha aprobado una estimación de cuánto les costará la elección.

Veracruz, es otro estado que a pesar de tener, además, elección para renovar sus municipios, no ha determinado cuánto solicitará de ampliación presupuestal para la elección judicial.

De las entidades restantes, la Ciudad de México tuvo un recorte del 29.27 por ciento y pidió 114 millones de pesos de ampliación para la elección judicial local, y a Quintana Roo le recortaron el 23.93 por ciento y pidió 226 millones más, pero no han recibido respuesta.

Mientras que otras entidades que no tuvieron recortes o que, por el contrario, recibieron dinero adicional de lo que presupuestaron ante el Congreso, no tienen respuesta pues las autoridades estatales alegan que con lo poco que les incrementaron podrían organizar la elección, a pesar de que no es comparable a lo que requieren para el proceso.

Como Tlaxcala, que aunque no tuvo recortes, pide 79 millones de pesos más para la elección judicial; Coahuila que recibió el 0.3 por ciento adicional de lo que pidió para operar anualmente, aproximadamente 500 mil pesos, y pidió 120 millones más para el proceso judicial; Durango recibió 9.1 por ciento más de lo que pidió para este año, poco más de 20 millones de pesos y todavía necesita 125 millones extras; o Michoacán que tuvo un aumento del dos por ciento, equivalente a unos cuatro millones de pesos y pidió 293 millones para la elección.

En estas condiciones, con incertidumbre financiera, a contrarreloj y sin el dinero suficiente para enfrentar una elección inédita, las autoridades electorales deberán cumplir la obligación constitucional de renovar los Poderes Judiciales locales sin importar las condiciones en que se haga.