Comuna y FPR enfrentan a comunidades para lucrar
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Alfredo Martínez de Aguilar
Los diversos sectores productivos de Oaxaca atraviesan una situación económica muy difícil como resultado de la revuelta magisterial que reeditó el conflicto de 2006 con consecuencias mucho más graves porque, ahora, se hizo extensivo a todo el Estado.
Los dirigentes de las diferentes cámaras y organismos empresariales estiman que las cuantiosas pérdidas ascienden a un monto alrededor de los 10 mil millones de pesos. ¡Imagínese, querido lector, un mundo de dinero que, lamentablemente, no se recuperará jamás!
La única actividad altamente redituable económica y políticamente y que continúa próspera y con viento en popa, es la industria del chantaje que realizan los más de 500 grupos de presión surgidos como hongos en tiempos de lluvia en las diversas regiones.
Es una cultura a la que los oaxaqueños ya no podemos seguir respondiendo. Ya no podemos seguir con estas presiones y chantajes, reconoció con justa razón el ingeniero Carlos Santiago Carrasco, secretario general de Gobierno, responsable de la política interior del Estado.
Entre estos grupos de presión y chantaje destacan, preponderantemente, las organizaciones radicales Comuna, creada y manipulada por Flavio y su hermano Erick Sosa Villavicencio y el Frente Popular Revolucionario (FPR), dirigido por Macario Atalo Padilla.
Su mano negra que mece la cuna de la violencia aparece siniestramente en los conflictos que provocan para lucrar en numerosas comunidades y municipios al dividirles y enfrentarles con un saldo sangriento de muertos y heridos, como en el enfrentamiento de Nochixtlán.
Pero igual ha ocurrido en municipios de la zona chatina en la Sierra Sur como el conflicto entre San Mateo Yucutindoo, San Juan Quiahije y San José Ixtapan, así como el conflicto de Santiago Amoltepec con los municipios colindantes de Yucutindoo y Santiago Textitlán.
El conflicto mas reciente del que se responsabiliza al dirigente de Comuna, Flavio Sosa Villavicencio, es el de las comunidades de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en la región Mixteca, con el saldo de un muerto y tres heridos.
Este conflicto agrario ha sido atendido, incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está resuelto jurídicamente, pero no socialmente. La Secretaría General de Gobierno, las dependencias agrarias y la Secretaría de Gobernación buscan alcanzar acuerdos con éstos.
El titular de la SEGEGO, Carlos Santiago Carrasco, recordó que han realizado mesas de diálogo. El gobernador Gabino Cué firmó con ellos un convenio de no agresión y respeto, pero lamentablemente las personas de San Sebastián Nopalera fueron quienes agredieron.
Considera que en los municipios involucrados en ambos conflictos agrarios, manipulados por el FPR y Comuna, podría suspenderse mañana la ceremonia de El Grito de Independencia, para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de las personas.
Aseguró que fuera de dos o tres municipios como los mencionados, a los que se sugiere que se tomen precauciones para que no se generen conflictos innecesarios, por supuesto, que habrá celebración de las Fiestas Patrias en el resto de los 570 municipios del Estado.
Hay riesgo en Amoltepec, donde recientemente se revocó el mandato de algunos regidores y eso puede generar situaciones que pongan en riesgo la celebración del acto o la integridad de algunas personas, pero de ahí en fuera, hay condiciones para que se realice la celebración.
Igual en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en la Mixteca, donde por un conflicto agrario recientemente hubo un incidente y podría darse la cancelación. Se toman las previsiones para evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad de las personas.
Para evitar que la delincuencia organizada ponga en riesgo la celebración de las Fiestas Patrias, se desplegarán en el Estado más de 5 mil elementos, en la capital vigilarán mil 500 y esperan que se integren los elementos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.
Subrayó que todos los cuerpos de seguridad estarán atentos, para evitar al máximo acciones violentas. Se ha montado un operativo policíaco en la capital del estado para resguardar la seguridad de los visitantes y de quienes acudan al zócalo a presenciar El Grito.
Respecto de los focos rojos por la delincuencia organizada en el Istmo, recordó que se ha montado un operativo con la Policía Federal, la Estatal y la Fiscalía General del Estado. En los últimos días ya no se han dado los asesinatos que se venían registrando.
Confirmó que debido al efecto ‘cucaracha’ los delincuentes pasan al Istmo y la Cuenca donde se trabaja con la base de instalaciones mixtas. Hay un esfuerzo de coordinación y a partir de que se tomaron estas medidas la delincuencia ha disminuido.
Son 32 conflictos álgidos que merecen atención inmediata y 6, que están siendo atendidos por la mesa de atención agraria, la cual que incluye a todas las dependencias estatales y federales, que tienen que ver con los temas agrarios. Es una mesa de atención especial.
Estos conflictos jurídicamente ya están resueltos, pero algunas comunidades no reconocen las resoluciones presidenciales que benefician a sus vecinos, por ejemplo, San Juan Quiahije tiene una resolución a su favor, sin embargo, San José Ixtapan no lo acepta. Ello genera el conflicto social.
Actores políticos intervienen en estos conflictos. Dirigentes del FPR asesoran a San José Ixtapan. Creemos que si hay voluntad por parte de estas organizaciones ayudaría a alcanzar la gobernabilidad en el estado. Otro caso es el de Comuna, que asesora a San Sebastián Nopalera y Maurilio Santiago, a Zimatlán de Lázaro Cárdenas. Dialogamos con ellos para que nos ayuden a dar una respuesta de paz.
“Trabajamos en coordinación con las distintas dependencias para dar respuesta a las peticiones de éstas. Se manifestaron la CODEDI, OPIO, UNTA que forma parte del COOA , que fueron atendidas por el Fiscal del Estado, debido a que sus planteamientos son de carácter jurídico”, afirmó Santiago Carrasco.
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