¿Por qué no investiga SAT y PGR los 655 mdp a ONG’s?
El fanatismo mesiánico fundamentalista de los marxistas-leninistas que manipulan a la Sección XXII de la CNTE-EPR nuevamente les lleva a tener una pésima lectura de su nueva realidad.
Alentados por la falsa promesa de Manuel Andrés López Obrador (MALO) que les regresará el IEEPO insisten en abrogar la Reforma Educativa y radicalizan, otra vez, sus acciones terroristas.
Chantajean con su estrategia presión-negociación-presión: bloqueos carreteros, retención y quema de vehículos, y saqueo de comercios, para obligar a instalar una mesa de negociación.
Cuán equivocados están, nuevamente, porque la alianza propuesta por MALO, no tiene otro propósito que utilizarles en la campaña presidencial anticipada del Mesías Tropical por Morena.
Si pegarle en la bolsa y congelar sus cuentas bancarias a la mafia CNTE-EPR, fue un golpe demoledor, llama la atención que no den el siguiente paso contra las organizaciones sociales.
Obligado es preguntar por qué la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda no investiga a las ONG’s.
Ello legitimaría la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para integrar legajos de investigación y la aprehensión de los dirigentes de las organizaciones sociales.
Milenio ha documentado que nueve organizaciones sociales que mantienen los 30 bloqueos carreteros en Oaxaca recibían recursos de parte del gobierno de Gabino Cué. Éstas forman parte de las 49 ONG’s que obtenían anualmente 655 millones 410 mil pesos de recursos públicos.
De acuerdo con el Padrón de Apoyo a las Principales Organizaciones Civiles con Acuerdo Financiero 2012, perteneciente a la Secretaría de Finanzas, al cual MILENIO tuvo acceso, cerca de 50 asociaciones recibieron recursos desde esa fecha, mismos que fueron suspendidos hace apenas dos meses, por lo que salieron a las calles en apoyo del Cártel de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El listado muestra cómo el Movimiento Unificador de la Lucha Triqui (MULT), que mantiene bloqueado el acceso al distrito de San Pedro y San Pablo Teposcolula, recibía cada año, a través de su dirigente, Uriel Díaz Caballero, la cantidad de 109 millones 733 mil 729 pesos.
Al Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), que con profesores de la Sección XXII de la CNTE tiene retenidas las carreteras hacia los municipios de Asunción Nochixtlán y la autopista Oaxaca-Ciudad de México, entregaban desde el gobierno del estado 46 millones 20 mil 800 pesos vía su líder, Carlos Aguilar Castellanos.
Otro movimiento auspiciado con recursos públicos es el encabezado por Germán Mendoza Nube, del Frente Popular Revolucionario (FPR), con 33 millones de pesos cada año.
El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), de Omar Alfredo Esparza, que también realiza los cierres de la autopista Oaxaca-Ciudad de México, percibía 3 millones 665 mil 144 pesos.
Otro grupo que se encuentra en la misma zona que el anterior, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), de Bernardo Ramírez Bautista, desde 2012 obtenía recursos públicos por 14 millones 13 mil 741 pesos.
El Comité para la Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), liderado por Samuel Hernández Morales, y que tiene cerrada la carretera federal 125 en los puntos de Puente Cuchara y San Juan Lagunas, era apoyado con 50 millones de pesos.
Mientras que el Comité de Defensa Ciudadana, de Pedro Castillo, que junto con mototaxistas ligados al PRD e integrantes del partido Morena tienen bloqueada la carretera federal 175 en el tramo de Buenavista-Tuxtepec-Oaxaca, recibía 6 millones 590 mil 320 pesos del gobierno estatal.
En tanto que la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI), de Alfredo Reyna Figueroa, que con integrantes de la Sección XXII de la CNTE y comités de padres de familia tienen tomada la carretera federal 185 en el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz, recibían 5 millones de pesos.
La Comuna Oaxaca, de Flavio y Erick Sosa Villavicencio, César Mateos Benítez y Armando Contreras Castillo vinculados a Manuel Andrés López Obrador (MALO) percibía recursos por 30 millones de pesos hasta hace dos meses, y ahora, tiene cerrada la carretera de Teotitlán con activistas del PRD y Morena.
Otras de las organizaciones que eran auspiciadas por el gobierno estatal son Antorcha Campesina, con recursos por 131 millones 486 mil 394 pesos, el Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y de Transporte (FOSCUP), con 89 millones 286 mil 497 pesos.
La Organización Indígena de Derechos Humanos de Oaxaca (OIDHO), de Alejandro Cruz obtenía 12 millones 581 mil 175 pesos y el Comité de Defensa de Derechos de los Indios, que dirige Abraham Ramírez Vázquez, 6 millones de pesos.
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que lidera Joel Venegas García, obtenía recursos por cuatro millones de pesos, misma cantidad que el Frente Indígena Zapoteca.
Además de las detenciones por diversos delitos del fuero común y federales, ninguna acción gubernamental había sido tan eficaz como pegar en la bolsa a los capos y sicarios magisteriales.
Congelar las cuentas a los dirigentes de la Sección XXII de la CNTE fue un gran acierto del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para profundizar el descabezamiento y desmantelamiento total de la mafia CNTE-EPR, la PGR debe imputar, además del lavado de dinero, el financia miento al terrorismo de la guerrilla.
El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo está más que documentado a lo largo de 35 años del conflicto magisterial y 23 de la entrega total del poder y del dinero del viejo IEEPO.
Para derrotar por completo a los capos y comandantes guerrilleros, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no tiene más que profundizar las investigaciones.
En el audio en el que ‘Chico Pelón’ pide a su pareja abrir su caja fuerte y enviarle 320 mil pesos, es una más de las hebras que permitirán desenmarañar la madeja del lavado de dinero.
El ex secretario de Organización de la Sección XXII de la CNTE debe ser investigado por Hacienda para que explique el origen oscuro de los millones de pesos que guarda en efectivo.
Además de su complicidad en el saqueo del multimillonario presupuesto del viejo IEEPO acaso ese dinero será producto del pago de los servicios de ‘Los Pelones’ magisteriales?
El origen oscuro del dinero sucio de ‘Chico Pelón’, que le permitió comprar en millón y medio su reelección como delegado por el Istmo, debe ser investigado por el SAT y la PGR.
Probar legalmente los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo consolidará el rescate de la rectoría de la educación por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
