Capacitan a servidores públicos en materia de procuración de justicia

Comunicado

Con la finalidad de que servidores públicos de instancias responsables en materia de procuración y aplicación de la justicia instrumenten de la manera correcta los protocolos establecidos para evitar violaciones a los derechos humanos, el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE), llevó a cabo el Taller ¿Cómo investigar el delito de Desaparición Forzada”.

En el encuentro organizado por el Gobierno del Estado -a través de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo- la Maestra Ivette Estrada Gasga, expuso que un protocolo que no viene acompañado de la capacitación, está destinado al fracaso.

Ante servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, Agencia Estatal de Investigación, Ministerios Públicos y del Poder Judicial, la capacitadora del INSYDE agregó que la actuación correcta de los protocolos es una exigencia hoy en día.

Abundó que el protocolo es garantía de imparcialidad y una protección para los agentes, así como una corresponsabilidad entre quien lo elabora y quien lo aplica.

Estrada Gasga insistió en la necesidad de que conozcan sus obligaciones, pero sobre todo que tengan claro la forma en que pueden cumplir de manera correcta con éstas, al considerar que todo se ha quedado en un mero conocimiento y no en una instrumentación o aplicación.

Esta situación -dijo la instructora- conlleva a la violación de los derechos humanos y puede derivar en el delito grave como el de la desaparición forzada.

Agregó que en el tema de la violación a los derechos humanos, existen tres niveles de responsabilidad. El primero que corresponde de manera directa a quien comete la conducta y que son los policías, agentes o ministerios públicos.

Seguido por el nivel de mando o control de supervisión que recae en los jefes de policía, toda vez que no supervisan al personal, revisan los procedimientos o no emiten los procesos que deben seguir los elementos y finalmente la responsabilidad política que le toca a los secretarios, procuradores e incluso el Gobernador, por no brindar la capacitación adecuada.

“En el tema de la actuación policial, todos tienen un nivel de responsabilidad, así como la obligación de conocer el papel o rol que ocupa cada uno dentro del sistema y cadena de la justicia”, enfatizó.

Finalmente, señaló la necesidad de contar con una sociedad civil informada sobre lo que pueden y no pueden hacer los servidores públicos responsables de la procuración de justicia, ya que en esa medida será difícil que se cometan más actos de violaciones a los derechos humanos.