Aprueba Congreso local acceso a pruebas de VIH para personas menores de edad sin consentimiento parental
La reforma actualiza el marco normativo estatal conforme a la NOM-010-SSA-2023 y fortalece las acciones de prevención y atención del VIH
San Raymundo Jalpan, Oax., a 09 de septiembre de 2026.- El Congreso del Estado aprobó que las personas menores de edad que hayan iniciado su vida sexual activa puedan acceder de manera voluntaria, gratuita y confidencial a pruebas rápidas de detección de VIH, sin necesidad de contar con el consentimiento firmado de sus padres o tutores, lo anterior mediante una reforma a la Ley de Prevención y Atención del VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual para el Estado.
El dictamen, elaborado por la Comisión Permanente de Salud a partir de la iniciativa de la diputada Tania López López, establece cambios en los artículos 3, 11, 14 y 15 de dicho ordenamiento estatal. Con esta adecuación, el marco normativo de Oaxaca se actualiza conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA-2023, al eliminar trabas administrativas que obstaculizaban el diagnóstico oportuno y el ejercicio del derecho humano a la salud de las juventudes.
De acuerdo con datos del Consejo Estatal para la Prevención y el Control del Sida (Coesida) citados en el dictamen, en Oaxaca el 77.7 por ciento de los casos de VIH se concentra en el grupo de 15 a 39 años de edad. Asimismo, se identificó que hasta un 95 por ciento de las y los adolescentes informados sobre los riesgos del virus no se realizaban pruebas de detección de VIH debido a la exigencia legal de contar con el permiso de sus padres o representantes legales.
Adicionalmente, el decreto establece la obligación de que los servicios de salud apliquen pruebas de detección de VIH a personas gestantes o embarazadas durante el primer y tercer trimestre de gestación. Lo anterior permitirá detectar seroconversiones de manera temprana y brindar tratamiento oportuno para prevenir la transmisión perinatal o vertical del virus.
El proyecto aprobado también reorganiza y amplía el catálogo de poblaciones clave y prioritarias en la entidad, y adecua la terminología legal para evitar estigmas y asegurar una atención libre de discriminación, con pleno respeto a la intimidad y confidencialidad de las y los usuarios.
