Alerta ante el nuevo desastre por venir del río San Felipe

El imparcial
La preocupación, como la lucha del Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe, es constante ante el inmenso desfile de gobernantes que niegan la magnitud de un problema que ya ha cobrado vidas humanas.

Fotos: Luis Alberto Cruz

El recorrido es por un territorio amenazado a perpetuidad. Es el río San Felipe a la altura de la colonia La Cascada. En sus alrededores viven centenares de vecinos y hay tres escuelas públicas con una cantidad de estudiantes que alcanza el medio millar. Los pobladores se mantienen a salvo mientras el agua esté ausente, mientras el camino sea un sendero y no un río.

Cuando las lluvias aparezcan, si las precipitaciones resultan atípicas, como en 2010 y 2013, el desastre será inevitable. El río se desbordará, el agua alcanzará hasta los dos metros, la zona resultará intransitable, los accesos a los hogares serán bloqueados por completo. Las familias tendrán un techo para cubrirse sólo si construyeron dos plantas, quienes poseen una casa de un solo piso tendrán que resguardarse en el techo.

La advertencia está hecha y la preocupación, como la lucha del Comité de la Zona Conurbada del Río San Felipe, AC, es constante. El grupo, cuyos integrantes dirigen el recorrido por el cauce del río, ha solicitado insistentemente a las autoridades -federales, estatales y municipales-, realizar acciones que eviten una nueva inundación. Su llamado no ha sido escuchado ni si quiera por mandato judicial.

En la última venida del río, uno de los integrantes del comité que vive sobre la calle José López Alavez, vio cómo las bardas de su casa fueron derribadas por el río. Al lugar llegó el gobernador “a tomarse la foto”. Días después, Protección Civil le envió una cubeta y dos escobas.

Los vecinos han visto pasar una extenuante pasarela de gobernantes: Gabino Cué, Nezahualcóyotl Salvatierra y Luis Ugartechea Begué; Gabino Cué, Sergio Pimentel y Javier Villacaña; Alejandro Murat y un nuevo séquito de funcionarios. El gobernador les ha negado una audiencia directa y los ha canalizado con un funcionario sin experiencia comprobada en protección civil.

El director del Consejo Estatal de Protección Civil (CEPCO), es el profesor Amando Demetrio Bohórquez Reyes -docente jubilado, expresidente municipal de Miahuatlán que siendo diputado local en la LXII Legislatura mostró a medios de comunicación que mientras estuvo en la nómina educativa cobraba hasta cinco cheques de cinco plazas docentes a su nombre-. El representante del Gobierno del Estado ha sido responsable de evidenciar una situación innegable: el gobierno estatal está en quiebra, sin recursos para afrontar una tarea prioritaria como el desazolve del río.

“El problema es de dinero, no hay dinero, no hay voluntad, hay burocratismo, Protección Civil trabaja con 26 millones de pesos anuales y debe más de 80, esa dependencia está paralizada”. Ese burocratismo que acusa el Comité ha llegado al grado de que la Secretaría General de Gobierno se ha negado a actuar porque los sindicatos constructores se disputan el cobro por el retiro de material.

Hablar el lenguaje del gobierno

“Ya hablamos con el gobernador que se fue. Sacamos una cita para ver al actual gobernador, nos dijeron que no, que él no va a atender este asunto porque compete a Protección Civil.

“Protección Civil nos llama, nos convoca, de ahí no pasa. Si el lenguaje que entienden es bloqueando, irles a gritar que son unos ineptos y corruptos se lo vamos a tener que decir, no queda de otra”, expresa uno de los integrantes del comité.

“Esta autoridad empieza, como la anterior, es una autoridad omisa que espera que los problemas le salgan a la calle para empezar a atenderlos. Este problema se le va a desbordar, no precisamente por agua, sino porque se le va a salir a la calle. Estoy seguro que si bloqueamos esta callecita, que es fundamental para desahogar el tráfico, inmediatamente va a llegar un operador”, agrega.

Corrupción

Leticia García Maldonado falleció el 24 de abril de 2013, cuando durante una tromba intentó cruzar, a bordo de su camioneta, una de las zonas del ejido Guadalupe Victoria donde el río se había desbordado. Ese día el desbordamiento del río causó además daños en 45 viviendas. En julio siguiente, el gobierno estatal a través del secretario de Obras, Nezahualcóyotl Salvatierra, anunció una mezcla de recursos a invertir por el orden de los 45 millones de pesos en las obras de rescate y regeneración del río San Felipe. Se prometieron incluso espacios deportivos y una ciclovía. Se anunciaron millones provenientes del Banco Mundial. Un grupo de expertos holandeses participó en el proyecto. Nada se concretó.

El “dueño” de un río

Julio César Espinosa Adame es el nombre que se hizo famoso en 2016 por haber presentado escrituras de propiedad que afectaban el cauce del río en donde se encontraba la presa Rompepicos. El hombre, al que se señaló como presunto prestanombres del senador priista Eviel Pérez Magaña -que no se ha pronunciado sobre este tema-, aseguró haber comprado una extensión de 12 mil 837.50 metros cuadrados, donde se asienta el vaso de la presa, en 15 mil pesos. Su acta notarial está certificada por Eduardo García Corpus, vinculado con otro personaje priista oaxaqueño. Espinosa Adame interpuso un recurso de amparo para reclamar la propiedad del terreno que pertenece a la Comisión Nacional del Agua.

Tal recurso lleva más de tres meses en la elaboración de la ponencia de la juez María de Fátima Sámano Hernández, del Tribunal Colegiado en materias civil y administrativa del décimo tercer circuito. “Los recursos ahí no tardan más de tres meses en resolverse y ese amparo lleva desde el mes de septiembre, seis meses, es algo inédito, no lo han resuelto”, asegura el representante legal del comité.