Adeuda 17 millones 302 mil pesos gobierno del estado por pago de arrendamiento
Nahum Villavicencio
La familia Ruiz Solana no descarta que la falta de pago de la renta del establecimiento por parte de la administración estatal, pueda tener “tintes políticos”, debido a que no se ha acatado la resolución del tribunal.
El gobierno del Estado adeuda 17 millones 302 mil pesos a la familia Ruiz Solana por concepto de renta de un bien inmueble ubicado frente a las instalaciones de Ciudad Administrativa que es utilizado por los trabajadores como estacionamiento, y por el que enfrenta Gabino Cué y su administración un proceso por incumplimiento de contrato.
María Amparo Ruiz Solana, integrante y representante de una de las familias más importantes económicamente hablando de la entidad, indicó que el predio ubicado en Camino al Rancho 805 en Tlalixtac de Cabrera debió haber sido entregado por la administración el pasado 15 de enero de 2011, ya que el contrato venció el 31 de diciembre de 2010.
Sin embargo esta situación no se presentó, ya que, lejos de entregarlo siguió utilizándolo como estacionamiento, suspendiendo el pago de la mensualidad acordada por la ocupación del bien inmueble de 14 mil metros cuadrados, que fue de 400 mil pesos mensuales más el impuesto al valor agregado (IVA).
La suspensión del pago violenta los derechos constitucionales de los propietarios, por ello decidieron denunciar al ejecutivo a través de Víctor Alejo Torres, consejero jurídico quien es su representante en material legal, así también a Alberto Vargas Varela, secretario de Administración.
Ambos personajes violan el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, al no cumplir con los pagos y los mandatos judiciales que han salido a su favor y han dictaminado que la administración debe liquidar la deuda del arrendamiento del inmueble también utilizado para otros eventos organizados por el poder ejecutivo.
La familia Ruiz Solana promovió el 2 de diciembre del año pasado una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del gobierno del estado y el Estado Mexicano por violar las disposiciones del pacto internacional y civil, caso que podría provocar recomendaciones al ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, sostuvo.
“La intención de la familia es que el gobierno de Oaxaca pague el adeudo y entregue el inmueble”, sostuvo tras lamentar que exista un total desinterés por parte del gobierno de liquidar la deuda, pese a que existe un amparo emitido por la primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia para que se pague a los interesados.
El amparo de la justicia federal detalla que concedió la razón a la familia que condena a la administración a pagar el adeudo de noviembre de 2010 a mayo de 2013; sin embargo a la fecha continúan utilizando el espacio, por el que se pide sea liquidado en la totalidad los meses restantes.
Indicó que hasta el momento el gobierno solo se ha defendido presentando recursos para retardar el pago de la renta cuando sabe que el caso lo tiene perdido, por lo que tendrá que pagar, sin embargo ante la falta de interés decidieron hacer pública su exigencia de que se haga valer la ley y se respeten los derechos universales.
