Aceptan trasladar a 2 de la CNTE a cárcel de Oaxaca

Oaxaca

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca aceptó el traslado de dos de los cinco profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recluidos en el penal del Altiplano a cárceles locales.

Othón Nazariega, Efraín Piccaso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus, Roberto Abel Jiménez y Rubén López —todos profesores agremiados a la CNTE— fueron detenidos en octubre pasado por las fuerzas federales acusados de terrorismo, secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y robo de libros de texto gratuitos, por lo que pueden alcanzar penas de entre 3 y 40 años de prisión.

Lilia Ortiz, integrante de la Comisión Política de la sección 22, explicó que un juez de distrito ordenó el traslado de los profesores a penales de Oaxaca; sin embargo, al principio hubo una negativa de autoridades penitenciarias locales para permitirlo, argumentando que no existían las condiciones de seguridad y espacio en los diferentes reclusorios.

Ortiz aseguró que los detenidos pueden enfrentar sus procesos en penales regionales de la entidad.

“No pueden ser tratados como narcotraficantes ni reos peligrosos cuando su único delito es de conciencia”, defendió.

También precisó que las autoridades de Oaxaca pueden ser llevadas a juicio por incurrir en desacato judicial.

En tanto, el subsecretario de Readaptación y Reinserción Social (que depende de la Secretaría de Seguridad Pública local), Víctor Alonso Altamirano, explicó que cuando fueron notificados por un juez del amparo para reubicar a los cinco profesores recluidos en cárceles federales a penales locales se respondió que no había espacio.

“Era imposible cumplirla (la resolución) cuando lo que no había era espacio en las cárceles de Oaxaca para los reclusos.

“Pero revisando la situación, logramos dar cauce para que dos de los cinco docentes puedan ser reubicados en penales locales para que cumplan su condena”, afirmó.

De acuerdo con información de la PGR, los cinco profesores tienen auto de formal prisión.

Abel Jiménez está acusado de delitos del fuero común como robo y asaltos y otros delitos federales por los que puede alcanzar sentencias hasta de 40 años de prisión y sin derecho a fianza.

Othón Nazariega es señalado por robo agravado, delitos contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena por la toma de las instalaciones estratégicas, robo de libros de texto gratuitos y daños a instalaciones de la octava región militar en la ciudad.

Juan Carlos Orozco Matus, dirigente sectorial de Salina Cruz, presenta cargos por motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional en la toma de las instalaciones de la junta distrital electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz.

Rubén López es acusado de terrorismo, secuestro, ataques a las vías generales de comunicación y robo de libros de texto gratuitos.

Efraín Picaso Pérez, representante del sector estatal de Valles Centrales, también fue aprehendido por su probable participación en el robo de libros de texto gratuitos.