3de3 y antidoping, filtros en el gabinete de Murat

Si partimos del hecho que ante la debacle en que se encuentra hundida Oaxaca el gobernador Alejando Murat no tiene derecho a fallar, está doblemente obligado a ser extremadamente escrupuloso en la conformación de su gabinete más que ningún gobernante anterior.

Sin llegar al extremo de contratar Head Hunter e impulsar el programa correspondiente de caza de talentos al mejor estilo de Vicente Fox, el nuevo mandatario estatal sabe que hay muchos oaxaqueños valiosos, no necesariamente viejos ni jóvenes, que le serían de gran ayuda.
Con visión de estadista debe pensar en las nuevas generaciones, no sólo en coadyuvar a ganar las próximas elecciones de 2017 en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, y sobre todo la presidencial de 2018, al PRI, y a sus amigos, los Enriques Peña Nieto y Ochoa Reza.
La medida del éxito o fracaso de los programas y acciones del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa será el mayor o peor activo en materia de rentabilidad político-electoral en la madre de todas las batallas en Oaxaca y México todo, durante las elecciones presidenciales de 2018.
Asimismo, con inteligencia y humildad, jamás debe olvidar que lo que mal empieza mal termina; de ahí la importancia fundamental de no equivocarse en la selección y elección de los hombres y mujeres, no necesariamente solo oaxaqueños, a los que invite a trabajar a su lado.
El ejemplo más claro y concreto del alto costo político que tiene para los gobernadores equivocarse en la elección y selección de sus colaboradores, es el desastroso más que fallido gobierno de Gabino Cué, el nuevo gobernante oaxaqueño debe verse en ese espejo.
La primera aduana para seguir creciendo políticamente y ganarse un espacio en las grandes ligas nacionales es no equivocarse en su primera gran decisión, eligiendo quizás no a los mejores hombres y mujeres, salvo honrosas excepciones, sino de manera realista, a los menos peores.
Gracias a Dios, todos los problemas en el mundo y en la vida de los seres humanos tienen solución incluyendo la muerte. Es el nacimiento a la vida eterna porque la energía no perece solo se transforma, aunque equivocadamente se crea que con la muerte termina todo.
A nuestro juicio, el criterio a seguir en la selección de los integrantes del gabinete legal y ampliado, como primer filtro, debe ser obligadamente dar congruencia al combate a la corrupción y exigir la declaración 3de3, patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
Independientemente de ello, indispensable es, también, prevenir que los hombres y mujeres invitados a trabajar al lado del gobernador Alejandro Murat, no sean adictos al consumo de drogas, por lo que es necesario que presenten los resultados de un examen antidoping.
La razón fundamental de este último requisito es evitar a tiempo, no a toro pasado, que los futuros servidores públicos seleccionados sean vulnerables a las presiones y chantajes político-económicos, mediáticos y, especialmente del crimen organizado y del narcotráfico.
La exigencia de los requisitos de la declaración 3de3 y el examen antidoping impedirá dar la razón a las descalificaciones de las listas de posibles integrantes del gabinete legal y ampliado, dadas a conocer interesadamente, mediante diversas filtraciones en las redes sociales.

Murat-Estefan, alteza
de miras por Oaxaca

A la visión incluyente de Alejandro Murat Hinojosa por trabajar con los actores políticos de todas las filiaciones partidistas, con gran alteza de miras José Antonio Estefan Garfias aceptó sumar esfuerzos por Oaxaca desde su alta responsabilidad de representante popular federal.
Ambos dieron una cátedra de madurez y civilidad, lección de sensibilidad que mucho les enaltece y que tanta falta hace a los políticos oaxaqueños. Dignamente inteligentes, entienden que las críticas de la campaña electoral quedaron atrás y que es tiempo de trabajar por Oaxaca.
Pepe Toño es un político con amplia experiencia y trayectoria a nivel local y federal que mucho puede aportar a Oaxaca como legislador federal, como lo ha hecho al apoyar la gestión de recursos del gobernador electo Alejandro Murat Hinojosa en la Cámara de Diputados federal.

El análisis y gestión del presupuesto 2017 para Oaxaca en la Cámara de Diputados federal, sentó a los dos ex candidatos a la gobernación del estado, quienes durante el proceso electoral compitieron por las coaliciones Juntos Hacemos Más y Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca.
“Oaxaca requiere unidad, por eso me reuní con diputados federales de diferentes partidos, para juntos, trabajar un presupuesto que nos permita avanzar en los grandes retos de Oaxaca”, afirmó el gobernador electo en su cuenta de Twitter.
En este sentido, el hoy diputado federal y próximo dirigente estatal del PRD, Pepe Toño Estefan Garfias, escribió en su cuenta de Twitter “la exigencia por un mejor Oaxaca es más grande que cualquier diferencia. Junto con diputados del PRD nos reunimos con @alejandromurat”.
El ex abanderado del PAN-PRD sostuvo que la reunión con el gobernador electo es con el objetivo de ver por un mejor Oaxaca. “Desde la trinchera de la exigencia institucional y el respeto de la democracia mantendremos nuestra lucha por un Oaxaca que vea al futuro”.
Muy satisfactorio resulta que el trascendente encuentro se diera cuatro días después que el lunes 24 de octubre escribiéramos que sería altamente positivo que pronto se reunieran a dialogar Alejandro y Pepetoño, después que, el 22 de octubre, éste último aceptó el triunfo del primero.
No menos saludable por el bien de Oaxaca será que los ex candidatos a gobernador del estado por el PAN-PRD, José Antonio Estefan Garfias, y del PRI-PVEM-Panal y gobernador electo, Alejandro Murat, limaran sus diferencias, luego de las elecciones del pasado 05 de junio.

Aquelarre de corrupción
en CMIC por las obras

El agandalle de los contratos de obras públicas, particularmente en el Centro SCT, por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Orlando Emilio Hernández Montes, ha provocado un verdadero aquelarre en ese organismo empresarial.
La gota que derramó el vaso es la desmedida soberbia del dirigente de los constructores al presumir a todos los que le quieran oír que tiene ya amarrada con el gobernador Alejandro Murat la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA).
Hace 6 años, justo antes del inicio de la administración de Gabino Cué, las esperanzas para el sector de la construcción eran muchas. Netzahualcóyotl Salvatierra López, se perfilaba como responsable de obras públicas del estado, un profesional que hasta ese momento había tenido una conducta intachable, un oaxaqueño que había destacado a nivel nacional en el área de la construcción, un empresario exitoso; sin embargo al llegar el poder, todos estos buenos augurios se vinieron abajo, ninguno de los proyectos en el Plan Estatal de Desarrollo se concretó totalmente, hoy podemos ver obras inconclusas, fraudes en las licitaciones, el desdén y olvido oficial a los constructores locales.
Pero nuevamente estamos a punto de repetir la historia, a unos días del inicio de la administración de Alejandro Murat, Orlando Emilio Hernández Montes, presidente del Comité Directivo Estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Oaxaca, presume que será el nuevo titular de SINFRA, ante lo cual diversos sectores de la construcción rechazan dicho posible nombramiento para evitar repetir la historia.
La historia de este personaje ha sido revelada por el presidente del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños (CADCO) Luis Ramírez Colmenares, quien ha señalado que las licitaciones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fueron manejadas directamente por el presidente de la CMIC Oaxaca, beneficiando solamente a su empresa Ochosi Construcciones S.A. de C.V. y a las de sus más cercanos colaboradores.
De acuerdo con información del CADCO y que se publica en este espacio hay varias obras irregulares operadas con la participación de la empresa de Orlando Emilio Hernández Montes, como la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Andrés Huayapam, con un monto de $1,323,990.05, la cual fue iniciada por una empresa que había realizado el proyecto y la validación de la misma, adjudicándose a una empresa diferente, propiedad de Hernández Montes.
Otra de las obras que se apoderó el presidente de la CMIC, Orlando Emilio Hernández Montes, fue la del contrato No. 12R100-APASZU-11-137/2015 de la licitación por invitación LO-009000967-N37-2015 para ejecutar la obra de modernización a nivel pavimento del camino Tlaxiaco-Chalcatongo-Yosoyua, fechada el ocho de abril de 2015.
La empresa ganadora, de acuerdo al dictamen emitido el 15 de abril de 2015, fue Ochosi Construcciones S.A. de C.V. por un monto de siete millones 599 mil 435 pesos;
A esto se suma también la convocatoria LO-009000967-N44-2015, relativa a la modernización a nivel pavimento del camino Santa Cruz de Bravo-Santa Bárbara-El Zapote, cuya licitación fue ganada por la empresa Persea S.A. de C.V por un monto de dos millones 799 mil 813.58 pesos, la cual pertenece a uno de los integrantes del grupo directivo de la CMIC.
Con estas acciones se vio reflejada la voracidad, tráfico de influencias y falta de capacidad profesional del mencionado dirigente de los constructores, quien solo ve por el beneficio propio.
Hay que recordar que el actual presidente de la CMIC, fue Presidente Municipal de Ocotlán de Morelos y funcionario público, quienes lo conocen saben de su deslealtad y malos manejos administrativos.
Lo más lamentable, es tratar de engañar a otros constructores ofreciendo puestos en el gabinete de Alejandro Murat, porque según dice él es el ‘bueno’ para la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable en la siguiente administración.
La CMIC ha sido una institución que siempre ha apoyado al gremio, se ha caracterizado al paso de los años por su unidad y compañerismo entre los diferentes sectores de la construcción, sin embargo, hoy se encuentra dividida, bajo sospecha de sus miembros y bajo un liderazgo hostil y cerrado.
En una reciente reunión diferentes sectores de la construcción mostraron su indignación ante los engaños de Orlando Hernández Montes, en la que acordaron solicitar una audiencia con el próximo gobernador para alertarlo sobre las acciones que realiza Orlando Hernández Montes.
Así lo mencionó por escrito Adrián Calvo Palacios, presidente del Frente Único de Contratistas Oaxaqueños (FUCO), ya que hasta el momento no se ven avances ni resuelven los problemas a los constructores del estado , solo beneficiándose él, su empresa y la de sus amigos.
Comentó que el FUCO está integrado por 23 empresas constructoras, algunas afiladas a la CMIC, a las que hasta el momento no se ha apoyado, ya que les quieren engañar con obras del IOCIFED e INIFED en los catálogos tienen precios muy bajos y no hay utilidad en las mismas, ya que todas las obras están muy lejos de la ciudad y hay lugares donde, incluso, con mulas hay que llevar los materiales de construcción.
Por su parte, el presidente de la Coalición Obrera, Arturo Sánchez, comentó que es lamentable que este tipo de personas sean elegidas para dirigir gremios tan importantes, ya que solo buscan su beneficio propio y no el de la base trabajadora, si de por si nos fue de lo peor en esta administración, todavía tengamos lideres ineficaces en la casa de los constructores.
Señaló que es primordial que el nuevo gobierno tenga la sensibilidad de escoger bien a su próximo gabinete, ya que si incorpora a su gabinete a personas como Orlando Hernández Montes, no saldremos del hueco en el que estamos metidos todos los constructores del estado.
Al mismo tiempo, invitó al presidente de la CMIC a que realice sus acciones con transparencia y objetividad, ya que de lo contrario seguirá habiendo malos acuerdos como los de SCT, CONAGUA, SINFRA, entre otras dependencias, donde solo se conforman con las migajas que les dan y no defienden el trabajo de los oaxaqueños.

alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
Ordeñan partidos al INE
octubre 24, 2016

El INE también ha gastado, en promedio, 50 mil pesos al mes para pagar vuelos de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros del Poder Legislativo.
Cd. de México.-
El INE afirmó que dichos pagos se consideran “apoyos subsidiarios”, con cargo a una partida presupuestal destinada a financiar los gastos de las representaciones partidistas.
“Los apoyos subsidiarios no constituyen un sueldo sino, como su nombre lo dice, un subsidio, lo que significa que su otorgamiento no implica la existencia de una relación laboral entre el representante partidista, o a quien éste autorice para recibirlos, y el Instituto.
“(Por) tales condiciones tampoco existen situaciones de liquidación por concepto de renuncia o despido”, argumenta el organismo.
En el documento, el Instituto omite calcular el cobro de Impuesto Sobre la Renta (ISR) o las cuotas de seguridad social, por lo que reportó únicamente ingresos brutos.
Sin embargo, precisó que para el ejercicio presupuestal de este año la Junta General Ejecutiva aprobó 52 millones 682 mil 959 pesos de apoyos al personal que trabaja en las representaciones de los partidos.
Esa suma sí contempla la retención de ISR del 35 por ciento y un incremento del 4 por ciento de la inflación. La erogación mensual de esos recursos equivale a 4 millones 390 mil 246 pesos.
…Y sacan hasta pasajes
El INE ha gastado, en promedio, 50 mil pesos al mes para pagar vuelos de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros del Poder Legislativo.
De julio de 2015 a mayo de este año, el organismo pagó 595 mil 413 pesos a Viajes Kokai, S. A. de C. V., por vuelos nacionales realizados por Francisco Gárate, del PAN; Pablo Gómez, entonces representante del PRD; Pedro Vázquez, del PT, y Horacio Duarte, de Morena, entre otros.
El INE omitió especificar el objetivo de cada viaje, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó emitir una nueva respuesta donde justifique plenamente que las comisiones de los representantes estuvieron relacionadas con las funciones del Instituto.
Reforma / Zedryk Raziel
Al estilo de la S-22, Sección 35 del SNTSSA cierra cruceros en Oaxaca

Lluvia Olvera

Al estilo Sección 22 de la CNTE, trabajadores del sector salud del Estado bloquean cruceros que dan acceso a la capital y mantiene el paro de labores en más de 500 clínicas ante los oídos sordos que aplica el gobierno del estado a Washington demandas.

El 30% de los 12 mil médicos, enfermeras y administrativos adheridos a la Sección 35 del SNTSSA intensificaron desde Está semana sus acciones debido a que Hasta ahora no hay respuestas a sus peticiones.
Caos total reina en los cruceros de Hacienda Blanca, aeropuerto y Monumento a Juafez debido al bloqueo que desde las 8 de la mamaña y Hasta las 17:00 horas llevarán a cabo este miércoles.
Además del acordonamiento al SAT y la Secretaría de Finanzas.
La diligencia sindical de la Sección 35 que encabeza Mario Félix Pacheco advirtió que las protestas continuarán en tanto no haya respuestas satisfactorias.
Dijo que únicamente los servicios de consulta externa no funcionan en hospitales el resto como urgencias, hospitalización, cocina y laboratorios sí.
La demandas que mantienen movilizados al sector salud es el pago en efectivo de 100 millones de pesos para uniformes del 2916 y el pago a terceros.

EPR-narco sentenció a
muerte a Jorge Franco

Grupo Mouriño, dueño
de gasolineras en Oaxaca

Corrompió la corrupción a
políticos de todos los partidos

Con gran sentido común, el menos común de los sentidos, la sabiduría del viejo sistema político mexicano, representado por el PRI hegemónico, contaba con un sólido código de honor en las llamadas reglas del juego no escritas, que establecían claros límites al ejercicio del poder.
Así, por ejemplo, la corrupción, columna vertebral del viejo y nuevo PRI, estaba limitada, totalmente acotada, con la tácita obligación de no sacar los capitales robados a los paraísos fiscales extranjeros, a fin de invertirlos en el desarrollo y crecimiento del propio país.
A diferencia del nuevo sistema político mexicano, surgido a partir del arribo de la tenocracia al poder presidencial, corrompido sin límite ni llenadera alguna, el viejo PRI-gobierno tenía claramente delimitado, sobre todo, el quehacer de los políticos y de los empresarios.
Aplicaba la sabiduría del refrán popular ‘zapatero a tus zapatos’, a través del escalafón, práctico y pragmático, de la meritocracia en una especie de servicio profesional de carrera. Es de lamentar que la imposición presidencial de Luis Echeverría corrompió a los corruptos.
Además del terrible efecto devastador de la demagogia mucho daño ha hecho a México la mezcolanza del doble papel en la simulación de los políticos-empresarios y de los empresarios-políticos, así como la hipocresía de la mayoría de los panistas y los farsantes izquierdosos.
El cinismo de los viejos políticos priistas llegó al extremo mayúsculo de sintetizar la corrupción en el paradigma acuñado por el Profesor Carlos Hank González, uno de los iconos del mexiquense Grupo Atlacomulco, “un político pobre, es un pobre político”. ¡Imagínese!
El mayor caso emblemático de éstos últimos es Manuel Andrés López Obrador, presidente del concejo nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de los primeros los presidentes del PAN, Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Prueba de ello, la investigación de la escandalosa corrupción del gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha revelado que la familia del ejecutado en un avionazo Juan Camilo Mouriño Terrazo, ex secretario de Gobernación de Calderón, está involucrada.
Según información de la agencia de noticias apro Carlos Mouriño Antanes, padre de Juan Camilo Mouriño, destaca en la investigación que se sigue contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, buscado por la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con información publicada inicialmente por el diario Reforma, Duarte de Ochoa usó una empresa para adquirir terrenos ejidales y ahí edificó el conjunto inmobiliario Campeche Country Club, propiedad de Mouriño Antanes.
La PGR investiga la triangulación de 110 millones de pesos a la Inmobiliaria Cartujano que administra Moisés Mansur Cysneiros, amigo del exmandatario, quien elaboró un testamento para heredarle a Duarte todos sus bienes. Supuestamente los testaferros de Duarte adquirieron parcelas por 10 millones de pesos en el ejido donde se construyó el Campeche Country Club.
Al igual que ha ocurrido en Oaxaca, Alfonso Ortega, abogado fiscalista que operaba para el exgobernador, confesó a la PGR haber sido partícipe de esta y otras operaciones donde Duarte adquirió diversos bienes y propiedades y fondeó con capitales ilícitos a diversas empresas.
La información destaca que en 2011 el fiscalista Ortega igual que lo han hecho en Oaxaca Sergio Castro López y Eligio Hernández Carrillo, planteó al entonces gobernador un negocio que consideraba lucrativo: invertir 10 millones de pesos en la compra de tierras en el ejido Lerma, donde se construiría uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de Campeche.
El gobernador priista de Veracruz aprobó la idea y habría instruido a José Juan Janeiro, presunto responsable de la ingeniería financiera, transferir ese dinero a la empresa Terra Urbanizaciones Desarrollos Inmobiliarios, radicada en aquella entidad.
Esta compañía está registrada a nombre de Miguel Velázquez Nieva, comisariado ejidal prófugo de la justicia, quien organizó una asamblea para aprobar la venta de terrenos ejidales.
Apoderarse de tierras sociales de ejidos y comunidades, es una de las modalidades de corrupción más socorridas por los gobernantes en México, con la complicidad de los representantes y funcionarios agrarios. Oaxaca no ha sido la excepción en este sentido.
En 2011, campesinos que perdieron sus tierras presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Campeche por falsificación de firmas para nombrar como integrantes del Comisariado Ejidal a Alfonso Ortega López y Moisés Mansur Cysneiros.
En la demanda se señala a Ortega y Mansur de ser prestanombres de Carlos Mouriño, y hoy esos dos personajes son los principales involucrados en el lavado de dinero de Duarte.
Según Ortega, en febrero pasado la empresa Terra recibió 110 millones de pesos por instrucciones de Duarte y el dinero fue transferido a su cuenta personal; éste, a su vez, lo depositó a Inmobiliaria Cartujano, propiedad de Moisés Mansur.
Terra era fondeada por otras empresas de testaferros del exmandatario priista, pero también devolvía el dinero a las mismas compañías en operaciones simuladas de compra-venta de terrenos, de acuerdo con el mismo Ortega.
El gasto inicial fueron 500 mil pesos que Ortega dice haber entregado a Velázquez Nieva para que diera una parte al comisario ejidal y reuniera a los ejidatarios en las asambleas.
Cuando Terra recibió los 10 millones de pesos, adquirieron las parcelas 724Z4P1 y 753Z4P1, y poco después, el 28 de noviembre de 2011, las parcelas 650Z4P1 y 649Z4P1. Todas las pagaron en efectivo.
Ortega dijo que en los terrenos adquiridos por los intermediarios de Duarte no se construyó el exclusivo desarrollo habitacional y hoy tienen pasivos de entre 200 y 300 millones de pesos.
El testimonio de Ortega es clave en el expediente que derivó en una orden de aprehensión contra Duarte, Mansur y otras siete personas por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, informaron fuentes federales al diario Reforma.
Mansur Cisneyros, presunto prestanombres de Duarte, es accionista de Inmobiliaria Cartujano, firma que administra el inmueble ubicado en Prado Norte número 135, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
En el testamento de Mansur Cisneyros aparece la propiedad de Las Lomas como la herencia que dejaría a Javier Duarte, aunque después el empresario dijo que cambiaría su legado.

Gobierno recibe indulgencia del SAT en 2015
Septiembre 25, 2016 – 08:16
Sin Embargo

Las buenas cuentas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no serán la huella de Gabino Cué Monteagudo cuando deje el Gobierno de Oaxaca. Tomó posesión en 2010 y encarnó la esperanza de que en esa entidad averiada por la miseria y el añejo conflicto magisterial, el destino cambiara un poco. Era el primero en 70 años que no fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sus cartas académicas eran fuertes. Se licenció en Economía con maestría en Dirección Económica y Financiera en el Instituto Directivo de Empresas en Madrid, España, y se doctoró en Hacienda y Economía del Sector Público en la Universidad Complutense de ese país. Un perfil de economista que podía encarar esa herencia de deuda pública de 4 mil 615 millones de pesos en 2010.

Pero el resultado fue inverso. Para 2015, ese endeudamiento se había elevado a 13 mil 175 millones de pesos, un incremento de 185 por ciento, según datos de la misma Secretaría de Hacienda que debe llevar un registro histórico de las obligaciones fiscales de los estados de la República. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en su fiscalización presentada ese mismo año que más de 10 millones 602 mil pesos podrían haberse ejercido de manera irregular, lo que constituiría un daño al patrimonio del estado debido a irregularidades en la operación de transferencias del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).

El Gobierno –según la ASF– habría tomado dinero de ese fondo para pagar adeudos que tenía con Hacienda desde 2013 por actualizaciones y recargos del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores. El desajuste costó 5 millones 458 mil 747 pesos que al final, no fueron reportados.

También lo hizo para pagar sueldos a dos trabajadores que no cumplían con el perfil laboral, lo que ocasionó un boquete de 3 millones 996 mil 963 pesos en el Fassa.

Además, hubo un posible daño a la Hacienda pública por 842 mil 472 pesos porque la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado no transfirió en su totalidad los rendimientos financieros generados de el fondo.

Cada transferencia que el Gobierno de Cué Monteagudo hizo de Fassa ocurrió sin transparencia. En su informe, la ASF expuso: “Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del primer trimestre de nivel fondo; tampoco reportó de manera pormenorizada la información relativa al avance de las acciones realizadas, y no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora”.

Pese a este relato, la Secretaría de Hacienda benefició al Gobierno de Gabino Cué en 2015 con la condonación de 9 mil millones 540 mil 48 pesos, una cifra parecida a la que el órgano fiscalizador señala por daño patrimonial a la entidad.

OAXACA, UN SEXENIO DESPUÉS

Gabino Cué Monteagudo entregará la administración estatal de Oaxaca a Alejandro Murat el próximo 1 de diciembre. Le llegó el momento de hacer corte. Y recibir el juicio social una vez que deje el poder. No se trata sólo de los informes financieros; sino de los resultados en pobreza, la protección de los derechos humanos, el conflicto magisterial a partir del cual explotó la tragedia de Nochixtlán y algunos episodios de corrupción.

Uno de sus ex colaboradores y hoy Senador de la República por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, se convirtió en uno de sus más puntuales detractores. “Deja una deuda impresionante. No puede ocultarse. Eso contrasta con las obras públicas. Contrasta con el hecho de que hay más pobres. Es sorprendente que Hacienda le condone impuestos a un Gobierno con este tipo de administración”.

Cuando en 2010 tomó posesión, una de las frases de Cué Monteagudo fue “no más represión”. Se refería al añejo y encajado problema magisterial. Cientos de maestros rodeaban el Congreso de la Unión y lo escucharon con atención. Él tenía seis años de futuro y aquellas palabras fueron interpretadas por observadores, periodistas y los mismos maestros como un signo de que los tiempos traerían la negociación con la disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La CNTE surgió en 1989 para oponerse a la designación de Elba Esther Gordillo Morales en el Sinicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En Oaxaca siempre fue y aún es, muy poderosa. Por ejemplo, bajo su dominio tuvo al Instituto Estatal de Educación Pública (IEEEPO), conformado en 1992. Con el plan de federalización de la educación de ese año, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, la CNTE y el Gobierno del estado firmaron un convenio que le otorgó el derecho a la sección 22 del SNTE, adscrita a la CNTE, de nombrar a los funcionarios, jefes de departamento y directivos.

Gabino Cué heredó ese pasado. Las escenas de los maestros en Oaxaca jamás han carecido de tintes violentos. Ya sea urnas quemadas o ayuntamientos apedreados, la sección 22 ha aparecido como la protagonista de varias historias de daño. En 2006, en la capital oaxaqueña, en la entraña de la sección, se gestó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que permaneció varios meses en plantón en contra del Gobierno de Ulises Ruiz que antecedió al de Gabino Cué.

En la APPO, participaron 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos. Colocaban barricadas y efectuaban incendios hasta que un día, la Policía Federal logró desalojarlos.

Experto en movimientos sociales en México, José Fernández Santillán, investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM) encuentra que la CNTE significa en Oaxaca un movimiento de oposición que va más allá de los gobiernos en turno, al que jamás se quiso contener en el pasado.

Y a Gabino Cué ese desencuentro le explotó en las manos.

En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una reforma a la estructura de la Educación que implicaba –implica aún– una evaluación general de los docentes. Las manifestaciones en contra se azuzaron. Ya no sólo fue Oaxaca. 40 mil maestros se apostaron el Zócalo de la Ciudad de México durante poco más de un mes en uno de los campamentos más grandes en la historia de la capital del país.

Gabino Cué Monteagudo se convirtió en el Gobernador que puso freno a ese movimiento desde el ámbito legal y a través de una negociación con el Gobierno federal. El 21 de julio de 2015 anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) para conseguir la modernización del sistema educativo del estado. En la foto alusiva quedaron el Secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y él el Gobernador que cinco años antes encarnó la esperanza de la negociación. Juntos dieron a conocer que se crearía un nuevo instituto de educación descentralizado, con personalidad jurídica y autonomía de gestión. El decreto que ordena la transformación amaneció publicado en el periódico oficial de la entidad.

Y las cosas iban bien en apariencia. Pero el domingo 19 de junio Oaxaca, otra vez, se vio obligada a enlutarse. Ocurrió otra de las tragedias que marcarían el sexenio de Enrique Peña Nieto (Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato eran las otras). Elementos de la Policía Federal y del estado intentaron destrabar un bloqueo de maestros en una carretera de Nochixtlán. Se enfrentaron. Hubo piedras, palos, bombas molotov y balas. Ocho personas murieron y 40 resultaron heridas. ¿Quién mató a los de Nochixtlán? ¿Quién disparó? Los meses han transcurrido y es la hora en que no hay un reporte oficial sobre esta responsabilidad.

Lo cierto es que ese día, Gabino Cué Monteagudo se encontraba en una fiesta. Se casaba el Secretario de Obra Pública de Guerrero, Rafael Navarrete. Él, quien el día uno de su Gobierno pronunció la frase “no más represión” debió abandonar el brindis, ubicarse en su despacho y enfrentar la barricada cultural que organizó el escultor Francisco Toledo en el atrio de Santo Domingo de Guzmán para que Nochixtlán no volviera a repetirse.
Enrique Ochoa, suicida defensa de una casta

La Feria
SALVADOR CAMARENA
27 septiembre 2016 13:5

Desde la primera hora de su joven gestión al frente del tricolor, Enrique Ochoa Reza basó en el combate a la corrupción el eje de su discurso.
El líder nacional del PRI alzó la voz para fustigar reprobables conductas de diversos mandatarios estatales, a quienes se culpaba del fin del histórico dominio de los priistas en estados como Tamaulipas, Quintana Roo o Veracruz, y de ser la raíz de dolorosos reveses en entidades que ya habían recuperado, como Chihuahua.
Imposible contradecir a Ochoa en ese renglón.
Ochoa llegó al PRI luego de la derrota de junio con la idea manifiesta de emprender una limpia de corruptos. Esa batalla es en dos frentes: al interior del partido y hacia la sociedad en general. 

El fin de semana Ochoa recibió un bazucazo, presumiblemente de fuego amigo que, sin embargo, lo desgasta, sobre todo en el segundo frente, en su imagen ante electores que al PRI le urge recuperar. 

Diversos medios publicaron que Ochoa Reza cobró una liquidación de 1.2 millones de pesos por su paso de poco más de dos años al frente de la Comisión Federal de Electricidad. 

La defensa del eléctrico colaborador de Enrique Peña Nieto no puede ser más reveladora. Y más que preocupante para la pregonada batalla contra la corrupción. 

“No recibí trato preferencial alguno”, dijo en un video Ochoa. Esa línea resume toda una filosofía, una manera muy particular de vivir en la confusión, de no entender lo que la sociedad demanda.

No está mal lo que ustedes creen que está mal porque no soy el único que al haber pasado por la CFE ha recibido una liquidación tan abultada. Ese el mensaje de Ochoa Reza. 

Dueño de una retórica vehemente, de estudios en México y en el extranjero, en cinco palabras Ochoa reprueba en una materia elemental: no entiende que cuando se dice corrupción, la gente también piensa en esas condiciones, así sean legales o tradicionales, a las que sólo tienen derecho aquellos que pertenecen a esa casta dorada que es la alta burocracia. 

Ochoa pierde el foco de manera lamentable. Él tuvo el privilegio de que se le encargaran los destinos de una empresa fundamental en el país. Ese privilegio pudo haberlo usado para muchas cosas, entre ellas para mandar el mensaje de que a diferencia de otros directores de la CFE, él podría ajustar un mecanismo de retribuciones que a todas luces, desde cualquier café o escritorio, es visto como desproporcionado, abusivo, injustificado e insultante en un país que año con año batalla para que no tantos mexicanos caigan en pobreza. 

En entrevista con Animal Político, uno de los medios que publicó la noticia de su millonaria liquidación, es palmaria la incomprensión de Ochoa sobre lo falaz del argumento que usa como defensa. Cito a ese portal: “criticó que la normatividad vigente sólo considerara la antigüedad y no “el desempeño”, porque –según su versión– tuvo logros durante su administración que no consiguieron sus predecesores” (http://bit.ly/2d9fX44)

Bola de malagradecidos, ni critiquen el monto porque incluso me parece poco, manda decir el presidente del PRI, que ayer movió a su partido para congelar los derechos partidistas de Javier Duarte.

Corrupción, hay que repetirlo, es toda ventaja indebida. 

La liquidación de Ochoa le causará burlas e incomodidad dentro del PRI. Nada grave. Pero afuera, donde raro es el patrón que medianamente cumple con sus obligaciones cuando despide a trabajadores, ahí le robará credibilidad.

Porque Ochoa sí recibió un trato preferencial: el de servir en la función pública, no el de servirse de ella y encima decirse mal pagado.
Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado: Álvarez Icaza

Concluida su gestión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza define su postura sobre asuntos que confrontaron al organismo internacional con el gobierno mexicano. Ahora dice con todas sus letras: el de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, la negación de la crisis de derechos humanos ha llevado a una mayor descomposición del país, y la administración de Peña Nieto ha establecido un sistema de complicidades con el Ejército, así como otras autoridades lo hacen con el crimen organizado. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Más que una crisis de derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto sufre una descomposición peligrosa en esa materia porque nada detiene el cáncer de la violencia, la corrupción, la injusticia y la connivencia entre el crimen y agentes del Estado, afirma el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza. En la primera entrevista a su regreso de Washington, donde está la sede de la CIDH, Álvarez Icaza advierte que el gobierno peñanietista tiene una enorme responsabilidad porque no atendió a fondo la crisis de derechos humanos que ya se registraba hace dos años y porque ha sido evidente la incapacidad de las autoridades y su colusión con el crimen organizado, como en el caso de Ayotzinapa. Además sostiene que esta administración ha sido más opaca que las panistas en su relación con el Ejército porque con Vicente Fox y Felipe Calderón el vínculo era más institucional. Con Peña Nieto, señala, “el entendimiento del PRI y la Secretaría de la Defensa Nacional es más próximo y de cuasi complicidad. El Ejército ha ganado muchísimo espacio en esta administración y más peso en algunos casos de ejecuciones y desapariciones como la de los jóvenes de Ayotzinapa. “Esta negativa de investigar qué pasó con el batallón en Iguala es insostenible. En una regla democrática, el Ejército es una institución de la democracia y no se puede seguir pensando y entendiendo bajo códigos de excepción. La normalidad democrática presupone que, con respeto al principio de la Ley de Seguridad Nacional, los militares también están sometidos al escrutinio y la revisión de cuentas. Sin embargo, el Ejército sigue reproduciendo su estado de excepción que está por encima de la Constitución. En esta administración se protege, solapa y cubre al Ejército”. Para Álvarez Icaza es claro que el gobierno mexicano ha tratado de minimizar a nivel internacional la dimensión del problema, como si pudiera resolverse con una buena imagen oficial: “La cancillería ha actuado en pleno retroceso. No sólo no ha querido reconocer el problema, sino que se ha dedicado a atacar todo cuestionamiento. El subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, es un hooligan con corbata que se ha dedicado a atacar y amenazar como en los peores tiempos del PRI; es un golpeador que intriga y miente pretendiendo construir una narrativa oficial similar a lo que ahora vimos en el informe de gobierno de que las buenas noticias no se cuentan.” Sin embargo, el exfuncionario de la CIDH señala que esta política internacional del gobierno peñanietista ha fracasado, pues representantes diplomáticos en derechos humanos de varios países tienen la información de sus inversionistas, quienes denuncian las dificultades que tienen en México por la extorsión, el pago de derecho de piso, las amenazas, el moche y los secuestros del crimen organizado.

Septiembre 21, 2016 – 08:54
La Silla Rota

Un estado cuya deuda pública creció en más del 400%, con más pobreza extrema e inseguridad que hace seis años, y con diversos conflictos agrarios y sociales, es lo que recibirá el próximo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quien tomará el cargo el 1 de diciembre.
Además, una decena de obras se quedaron en promesas en este sexenio que está por concluir, con el principal argumento de la falta de recursos para ejecutarlas, según ha declarado el actual gobernador Gabino Cué.

1. UNA DEUDA POR 20 AÑOS

La deuda pública actual es de 20 mil 302 millones 657 mil 489 pesos, cantidad que representa cuatro veces más la registrada hace seis años cuando el priísta Ulises Ruiz Ortiz dejó el poder. Entonces eran 4 mil 615 millones de pesos.
Los datos obtenidos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado señalan que 8 mil 773 millones 024 mil 446 pesos es el monto de la deuda pública con la banca comercial; con la banca de desarrollo de 6 mil 397 millones 067 mil 512 pesos y, con emisiones bursátiles es de 5 mil 946 millones 999 mil 915 pesos. Lo anterior implica que el Estado estará endeudado por los próximos 20 años, según especialistas.
Heredará Murat en Oaxaca deuda de 20 mmdp, pobreza extrema
Septiembre 21, 2016 – 08:54
La Silla Rota

Un estado cuya deuda pública creció en más del 400%, con más pobreza extrema e inseguridad que hace seis años, y con diversos conflictos agrarios y sociales, es lo que recibirá el próximo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, quien tomará el cargo el 1 de diciembre.
Además, una decena de obras se quedaron en promesas en este sexenio que está por concluir, con el principal argumento de la falta de recursos para ejecutarlas, según ha declarado el actual gobernador Gabino Cué.

1. UNA DEUDA POR 20 AÑOS

La deuda pública actual es de 20 mil 302 millones 657 mil 489 pesos, cantidad que representa cuatro veces más la registrada hace seis años cuando el priísta Ulises Ruiz Ortiz dejó el poder. Entonces eran 4 mil 615 millones de pesos.
Los datos obtenidos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado señalan que 8 mil 773 millones 024 mil 446 pesos es el monto de la deuda pública con la banca comercial; con la banca de desarrollo de 6 mil 397 millones 067 mil 512 pesos y, con emisiones bursátiles es de 5 mil 946 millones 999 mil 915 pesos. Lo anterior implica que el Estado estará endeudado por los próximos 20 años, según especialistas.

2. HAY MÁS DE 228 MIL NUEVOS POBRES

En Oaxaca el aumento en la pobreza es evidente, lo muestran las estadísticas que señalan que de posicionarse en el tercer lugar en cuanto a pobreza después de Chiapas y Guerrero, pasó al segundo lugar, además, de ser el séptimo estado del país con mayor crecimiento en la pobreza y el cuarto con el aumento más significativo en pobreza extrema.
En los últimos dos años, la cifra de pobres en la entidad creció en un 4.9% al pasar de dos millones 434 mil personas en 2012, 61.9%, a dos millones 662 mil 7 personas en 2014, 66.8%, lo que significa 228 mil nuevos pobres en este periodo, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval), lo que contrasta con declaraciones de la administración estatal saliente.
En incremento en la pobreza extrema, los datos son más alarmantes, al pasar en 2012 de 23.3% a 28.3% en 2014, es decir de 916 mil oaxaqueños que vivían en esta condición a un millón 130 mil, lo que representa 214 mil habitantes que viven en una situación de grave rezago.
En promedio más de un millón y medio de oaxaqueños enfrentan rezago educativo, acceso a los servicios de salud, a una vivienda digna, seguridad social, servicios básicos y a alimentación.

3. CRECE NÚMERO DE HOMICIDIOS

Pese a que el gobierno saliente reportó que Oaxaca se ubica dentro de los 10 estados más seguros del país, la cifras reportadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado muestran una alza considerable de más del 11%, sobre todo el homicidios dolosos de 2011 a la fecha.
De acuerdo a gráficas que muestra la FGJEO en su portal de Internet, detallan que del 2011 al 2015 se registraron 3 mil 049 homicidios; sólo en los últimos dos años, los asesinatos se han elevado considerablemente al registrar en 2015 un total 759.
Los municipios que concentraron el mayor número de asesinatos son: Juchitán de Zaragoza, San Pedro Mixtepec, Salina Cruz, Huajuapan de León, Tuxtepec, Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán.

Mientras que en seis meses de este 2016 se han presentado más de 353 homicidios dolosos; de enero a marzo 182 y en de mayo a julio 171, mientras que los municipios más violentos son: Juchitán, Pinotepa Nacional, Tuxtepec, y San Pedro Mixtepec.
En el mismo reporte, muestra que a partir del 15 de mayo a la fecha, periodo del conflicto magisterial en Oaxaca, se reportaron 171 homicidios, de los cuales 34 ocurrieron en mayo, 72 en junio y 65 asesinatos en julio.
En declaraciones del gobernador Gabino Cué Monteagudo señaló que parte del incremento en la inseguridad se debe al “halo de impunidad” propiciado por el magisterio durante sus movilizaciones.
Al delito de homicidios se suman otros como vehículos robados, extorsión, secuestro, robo calificado y robo con violencia.

4. OBRAS ESTRATÉGICAS SIN CONCLUIR

Anticipando la falta de conclusión de obras estratégicas para el estado, Alejandro Murat Hinojosa se comprometió a terminar, en su primer año de gobierno, la carretera a la Costa e Istmo de Tehuantepec.
Gabino Cué Monteagudo reconoció que serán obras que se heredarán a la próxima administración debido a que la falta de recursos evitó se concluyeran como se tenían planeado. La carretera a la Costa que se recibió con 2 % de avance se dejará con 56 % de su construcción y la que va al Istmo de un 25% recibida se deja con 54%.
En tanto que el Centro de Convenciones, que fue una obra polémica por el lugar donde inicialmente se pretendía llevar a cabo (Cerro del Fortín), se quedará con un avance del 80% y se culminará en febrero del 2017; mientras que el proyecto Sistema de Transporte Integrado (SIT), mejor conocido como CityBus, cuyo costo será de 646 millones 573 mil 512.81 pesos, otra obra que ha causado molestia entre la ciudadanía por los retrasos, solo se inaugurará en su primera de cuatro etapas contemplada.
Sobre el adeudo a diferentes sectores poblacionales y proveedores, el mandatario estatal indicó que solo existe un retraso de pago en las becas bienestar y apoyos a las personas con discapacidad y proveedores “que se finiquitaran en los próximos días”.
A ellos se suman las obras hospitalarias inconclusas por falta de dinero y por irregularidades en los terrenos que se han acentuado, tal es el caso del hospital en Reyes Etla, de Tlaxiaco, Ixtlán de Juárez, Salina Cruz, Tuxtepec, Puerto Escondido y Huajuapan de León.

5. LOS CONFLICTOS AGRARIOS, OTRA PROBLEMA PENDIENTE

La Secretaría General de Gobierno reportó hay activos 364 conflictos activos de un total de mil 708 agrarios, políticos y sociales que son atendidos constantemente.
De los conflictos agrarios, 32 de estos son de alta prioridad, 6 están considerados como focos rojos, 28 de mediano riesgo y el resto, 22, de bajo riesgo.
Entre las pugnas que pueden considerarse foco rojos son: Francisco del Mar- San Francisco Ixhuatán, San Sebastián Nopalera-Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Amoltepec con Yucuntidoó, Santo Domingo Yosoñama-Mixtepec y la zona de los Chimalapas, conflictos con antecedentes de violencia con más de 20 muertos a causa de los enfrentamientos armados.
Carlos Santiago Carrasco, titular de la Segego, admitió que el conflicto por invasión de Chiapas en la zona de los Chimalapas será otros de los pendientes, aunque la solución está en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A ello se suma el conflicto magisterial con la CNTE, cuya jornada de protestas que inició en mayo pasado deja como saldo 8 asesinados y más de 200 lesionados por arma de fuego y otros objetos.
A Murat le tocará lidiar con la problemática magisterial y posiblemente con una nueva dirigencia sindical.

Además miles de millones de pérdidas económicas por daños al sector privado, más retraso en el sector educativo y una sociedad polarizada.

Contraloría investiga a 1,200 funcionarios de Gabino Cué
Septiembre 22, 2016 – 09:06
Eco 570

A Germán Tenorio, ex secretario de Salud, le notificaron cuatro resoluciones más de inhabilitación por 20 años
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental investiga a mil 200 funcionarios, entre ellos subsecretarios, directores generales y directores de las 86 dependencias y entidades del gobierno aliancista.
Algunos serán notificados de resoluciones de inhabilitación por 15 y 20 años en la primera semana de octubre.
Caso emblemático ha sido el del exsecretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos, quien la semana pasada fue notificado de cuatro resoluciones más de inhabilitación por 20 años en cada procedimiento, por el supuesto de malversación de 81 millones de pesos en la cuenta pública 2015.
Respecto a Germán Tenorio, tiene el beneficio de interponer un recurso de revocación ante Contraloría y su plazo vence el 28 de septiembre; o puede recurrir al Tribunal quien le otorga 45 días para interponer ese recurso y el plazo vencería en la segunda semana de noviembre, luego procedería al juicio de nulidad o amparo directo.
Tenorio Vasconcelos acumuló seis expedientes de inhabilitación: cuatro de 20 años, uno de 10 años y uno de tres años, estos dos últimos de la cuenta pública 2014.
La Contraloría también está por concluir tres procedimientos en contra del exsecretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Netzahualcóyotl Salvatierra López, los montos investigados están bajo reserva hasta que se emita la resolución.
Asimismo, la Controlaría instruyó un procedimiento para el exdirector de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), José Luis Pinacho Gómez.
De todas estas investigaciones, en la primera semana de octubre estarían siendo emitidas las resoluciones de inhabilitación en los casos que lo ameriten, confirmó el secretario contralor Luis Felipe Cruz López.

Inhabilitación de 80 años a Germán Tenorio
Septiembre 21, 2016 – 10:23
Álvaro Morales/Encuentro RadioTV

Tras ser comprobados nuevos actos de malversación de recursos, el exsecretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, recibió una inhabilitación acumulada de 80 años—cuatro sanciones de 20 años cada una—para ocupar cualquier cargo público por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
De acuerdo con el titular de la dependencia, Luis Felipe Cruz López, la autoridad confirmó malos manejos por el orden de los 81 millones de pesos durante la gestión del exservidor público, quien, en 2014, un año antes de su renuncia, se hizo de un avión para uso privado, valuado en 3.5 millones de pesos, y cuya propiedad ocultó en sus declaraciones patrimoniales.

Que siempre sí estaba inhabilitado

En entrevista, Cruz López indicó que la semana pasada, Tenorio Vasconcelos fue notificado de cuatro inhabilitaciones, cada una por un periodo de 20 años, que se suman a otras dos suspensiones—una por tres y otra por 10 años–, que fueron resueltas a comienzos de año y que, según el gobierno, ya han sido ratificadas tanto por la Contraloria como por tribunales en materia administrativa.
Una vez enterado de las últimas cuatro resoluciones, dijo el contralor, Tenorio tiene un plazo de 15 días—que vence el próximo 27 de septiembre–, para solicitar un recurso de revocación de la sanción, pero también goza de 45 días para promover un juicio de nulidad ante el Poder Judicial.
Cuestionado sobre la poca trascendencia de las resoluciones emitidas por la secretaría a su cargo, luego de que los ex servidores públicos no reciben castigo de cárcel después de ser inhabilitados, Luis Felipe Cruz indicó que si las instancias jurisdiccionales ratifican las sanciones, las autoridades podrían proceder judicialmente en contra de Tenorio Vasconcelos.

Concluyen investigaciones vs Tenorio, afirman

Asimismo, indicó que con los últimos dictámenes la dependencia a su cargo concluyó los seis expedientes abiertos en contra de la gestión del exsecretario de Salud, entre diciembre de 2010 y julio de 2015.
Después de su dimisión, se llegó a especular que el funcionario había incurrido en un desvío de 2 mil millones de pesos, que a la postre no se confirmó legalmente.

Impunidad

Uno de los mayores escándalos en torno a la figura del político priista estalló cuando fue revelado que el entonces titular de Salud poseía un avión tipo Cessna Aircraft con matrícula XB-LKO y número de serie 340-0230, adquirido a un precio de 3.5 millones de pesos a la Inmobiliaria Tenorio SA de CV.
Además, los expedientes refieren que Tenorio Vasconcelos contrató de manera irregular a su hija, Daniela Tenorio Bernal, quien cubría una plaza y estaba comisionada para trabajar en un centro de salud con un salario de 4 mil pesos mensuales.
Por estos hechos, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, declaró en enero de 2016 que Germán Tenorio había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 13 años.

Polémica por falsa inhabilitación

Sin embargo, cinco meses después, un documento emitido por la propia Secretaría de Contraloría reveló que el ex funcionario no había sido sancionado.
De acuerdo con el escrito, este personaje podía ocupar cualquier cargo público debido a que no se encontraba inhabilitado.
El documento de la dependencia estatal, fechado el cuatro de mayo del año, señala que “luego de una revisión minuciosa de los registros de servidores públicos sancionados del gobierno Federal, así como los contenidos de la base de datos de servidores públicos inhabilitados del Estado y municipios de Oaxaca, a la fecha no se encuentra inhabilitado Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos”.
Esto último, según la nueva versión de la Secretaría, ha quedado sin efecto.
Extorsionaban a Triquis en Estados Unidos; enviaban dinero al MULT
Septiembre 21, 2016 – 09:48
News Chanel

Cuatro hombres de Greenfield se han declarado culpables de extorsionar $77,500 de la comunidad Triqui. Un grupo indígena viviendo en el Condado de Monterey.
Miles de personas de la comunidad Triqui inmigraron a la Costa Central desde el sur de México. La mayoría vive en Greenfield.
Y según autoridades son un grupo de personas quienes trabajan duro, pero su vida se les ha complicado a causa de un grupo llamado ‘El Consejo.’
Los sospechosos Francisco Sánchez, Francisco Santillán, Constantino Espinosa y Andrés Cruz García formaban parte de ese grupo.
“Si se van a casar con alguien, tienen que pagar para hacerlo. Si van a dejar a su pareja, tienen que pagar antes de hacerlo. Si comentan algo que está en contra de las reglas del supuesto consejo tienen que pagar. Y este dinero que han recaudado de víctimas son miles de dólares,” dijo Sulainman Tokhl con la Fiscalía del Condado de Monterrey.
El FBI duro más de un año investigando este caso. Y descubrieron que el dinero se lo están mandando a un grupo político de México llamado MULT o Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
“Miembros de estos consejos llevan a cabo juntas, y obligan a que las victimas asistan. Reciben llamadas de los miembros de ese grupo político desde México quien controla el área en donde los Triquis viven. Y les hablan sobre las consecuencias que recibirán en México involucrando su familia y propiedades,” explicó Tokhl.
Según agentes, eso fue lo que impedía que victimas los reportaran a autoridades. Hasta el 2014, cuando la policía de Greenfield recibió su primer caso. La fiscalía dijo que 19 personas reportaron estos crímenes.
Si tienen información sobre algún caso similar pueden llamar a la línea anónima 831-647-7725 o pueden hablar directamente con un oficial llamando al 831-674-5111.