Desapariciones, muy difíciles de resolver: Campa

Milenio

A dos años de la tragedia en Guerrero, destaca que el Estado tiene la obligación de agotar todos los indicios y solo hasta entonces dará por concluida la indagatoria.

México.-Los casos de desaparición, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, son de difícil solución y requieren “mucho tiempo”; no obstante, el Estado tiene la obligación de agotar todos los indicios y solo hasta entonces concluir la indagatoria, señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.

En la conversación con Carlos Marín en El asalto a la razón, puntualizó que no siempre se recuperan los restos de las víctimas como ocurrió con los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz.

Asimismo, expresó que la garantía de la no repetición de los hechos puede cumplirse si se logran romper las cadenas de la impunidad, que es la principal apuesta de la delincuencia organizada.

A dos años de la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero, el funcionario aseguró que hay avances importantes, como 130 personas sujetas a proceso y órdenes de aprehensión importantes.

A continuación, parte de la conversación:

Carlos Marín (CM): ¿Qué pensará el gobierno de que le digan que no ha hecho nada, o el equivalente a que es cómplice, sino es que se trató de un crimen de Estado?

Roberto Campa (RC): Los temas del orden criminal son a lo largo de la historia, asuntos donde hay muchas veces diferencias, donde hay suspicacias, despiertan sospechas los resultados de las investigaciones.

“Un asunto de esta magnitud, me parece por su propia naturaleza, es propicio para estas expresiones, pero además porque se trata de un caso de desaparición y estos casos, tenemos que reconocer, son asuntos que no se cierran, que no se resuelven fácilmente, que requieren mucho tiempo.

subsecretario-derechos-humanos-asalto-razon_milima20160928_0029_30“Muchas de las desapariciones no concluyen, porque no se da nunca con los restos identificables de una persona, y me parece también que es complicado al final, porque yo tengo la impresión de que pretendemos resolver y explicar la noche de Iguala a partir de una racionalidad que me parece la violencia no tiene.

“La violencia que se vive en algunas regiones en nuestro país, que hemos vivido en los últimos años”.

CM: Sí, delirante, demencial.

RC: Que es absolutamente irracional entonces pretender encontrar una explicación a un fenómeno de violencia como éste o como algunos otros que se han vivido, pues resultan de una enorme complejidad.

“Por ello el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno para que, primero, todos aquellos que puedan tener responsabilidad sean llevados ante los jueces… Hoy se disponen de capacidades tecnológicas que no se tenían hasta muy poco tiempo, capacidades que permiten revisar grandes extensiones de terreno para identificar cavidades, movimiento de tierra, tecnología que se usa en otros lugares para la minería o para la arqueología y que hoy se está utilizando en México para la búsqueda de estas personas desaparecidas”.

CM: Entonces, cuando finalmente se llegue a la salida de que no hay salida, no hay manera de dar con cada uno de los 43, qué debe hacer la autoridad… Eso quiere decir que en algún momento dirá agotamos ya todo

RC: El Estado tiene la obligación de agotar todos los indicios, absolutamente todos. Dirían los defensores de derechos humanos que eso puede suceder cuando se encuentren los restos, pero hay un escenario también en el que los restos no se encuentran.

Campa mencionó que una buena práctica que ha dado buenos resultados para ganar confianza es trabajar y tener la mayor apertura posible con los familiares de las víctimas.

CLAVES

NUEVOS CONTACTOS

Los familiares de los 43 quieren extender su movimiento a todo el país, por lo que contactarán a colectivos que también buscan a sus desaparecidos.

Ayer, junto con organizaciones y normalistas, marcharon en Iguala y colocaron ofrendas florales donde algunos jóvenes fueron asesinados.

El PRD en la Cámara de Diputados presentó solicitud de juicio político contra Tomás Zerón por el presunto cambio de evidencias en la investigación.

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