Periodistas de Oaxaca exigen justicia
Por Horacio Corro Espinosa
Foto: Patricia Castellanos
No es un problema de Veracruz ni de Chihuahua ni de Oaxaca ni de Morelos, etc., etc., es un asunto nacional.
Ayer, un grupo de periodistas de los diferentes medios de comunicación de la entidad oaxaqueña, marcharon por las calles de la ciudad y demandaron justicia por el asesinato de la colega veracruzana, Regina Martínez.
En la opinión de legisladores, académicos y defensores de derechos humanos, advierten que las garantías para la actividad periodística en México son casi nulas.
Los homicidios no son el único agravio contra los comunicadores y medios informativos, nos hemos enterado de desapariciones forzadas, amenazas, intimidaciones, daño en propiedad ajena, detenciones arbitrarias, demandas por daño moral… esto es apenas el principio de la lista.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señala que “el tipo de agresiones que están sufriendo los periodistas ubican a este país entre los peores del continente y del mundo, en materia no sólo de censura o de amenaza sino de pérdida de la vida”.
El Centro de Periodismo y Ética Pública, ha documentado que cuatro de cada 10 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México, provienen del poder público, y que tres de cada 10 se le deben atribuir al crimen organizado.
El peligro que corren los comunicadores, quiere decir que el Estado no está garantizando la libertad plena del ejercicio periodístico ni está cumpliendo las obligaciones internas y del derecho internacional de los derechos humanos.
Es frecuente escuchar de boca de los políticos las palabras de siempre: “que se aplique la ley” o esta otra: “Tenemos confianza en nuestras leyes e instituciones y creemos que se hará justicia”. En realidad no basta tener buenas leyes, sino que éstas se cumplan; pues en todo México impera la impunidad. Se asegura que sólo 98 de cada 100 delitos no se castigan.
Mientras no se castigue ejemplarmente a quien cometa un acto de violencia contra un periodista, difícilmente se va a disminuir el número de agresiones. Los periodistas estamos pasando por este ahogo, porque el sistema de justicia es el que está fallando en México. La impunidad hace que no se detengan estos crímenes.
Cada vez que un reportero es acusado, éste tiene que invertir tiempo en demostrar su inocencia y que sus fuentes son fidedignas. Además, claro, tienen que protegerse y proteger a sus fuentes.
Muchos se han de acordar cuando Marta Sahagún, demandó a la periodista argentina Olga Wornat y al semanario Proceso, por el supuesto delito de daño moral, desafortunadamente hay funcionarios de gobierno que no tienen ni tantita idea de la gran ventaja que es la libertad de expresión para nuestro país. Muchos de estos funcionarios no se dan cuenta que el periodista, con lo que está haciendo, es exigir mejores gobiernos, funcionarios y autoridades.
La obligación del periodista, es hacer investigación y denunciar ante la población lo que ve mal. Esa es una aportación enorme y los políticos deben reconocerla. Si los funcionarios públicos no quieren ser criticados por los medios de comunicación, pues simplemente no las hagan.
Del ejercicio periodístico no están conscientes ni la sociedad ni las autoridades, aunque estas últimas pueden estarlo, pero lo niegan por conveniencia. En Oaxaca, nuestras mismas autoridades nos arrastran hacia la desinformación con declaraciones mentirosas, tratando de sorprendernos como a simples babosos. Afortunadamente tenemos memoria, pero a mediano plazo, si la prensa no se somete a los caprichos de la autoridad, estamos cerca de vivir en el terror. Parece que ese es el camino que tenemos por delante.
Solamente dos ejemplos que sucedieron la semana pasada para no ir más lejos: las agresiones que sufrieron los compañeros periodistas (el 25 de este mes) por elementos de la policía estatal, durante la cobertura del accidente aéreo en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Y el día 26, la periodista Martha Izquierdo, premio nacional 2007, titular del noticiario Orientación Matutina en Ixtepec, fue amenazada de muerte junto con los compañeros José Luis López, del Sol del Istmo y Canal 10 de Cable; Rusbell y Pedro Rasgado, ambos hermanos y corresponsales de El Imparcial y Televisa; así como José Nieto, del diario El Sur, quienes también fueron amenazados de muerte, pero sólo a ella la obligaron a borrar su material periodístico.
¿Y la autoridad oaxaqueña?, se preguntarán todos; pues le vale, es la respuesta.
