Presenta Diputado Rafael Arellanes iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Comunicado
Con el objetivo de que sea un factor de combate a la corrupción que prevalece en el sector público, el diputado por el Partido del Trabajo (PT) en la LXII Legislatura del Estado, Rafael Armando Arellanes Caballero, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca.
Esta iniciativa, dijo, busca combatir la corrupción al interior de las instituciones pero sustancialmente que cualquier ciudadano cuente con herramientas legales que les permitan conocer los procesos o pasos a seguir para garantizar el ejercicio a la información y que los sujetos obligados tengan certeza jurídica de los procedimientos sancionadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP)
La propuesta del diputado del PT establece mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que corresponden a los sujetos obligados de la Ley; ampliar el directorio de servidores públicos como sujetos obligados; mejorar los procedimientos y criterios de selección de todos los integrantes del IAIP y ajustan los años de desempeño.
Además se adiciona un capítulo en el cual se dispone que las determinaciones y plazos del Instituto son obligatorias para los sujetos obligados y, en caso de no atender las recomendaciones, requerimientos u observaciones, serán sancionados; se puntualizan acciones de vigilancia y que cualquier sujeto obligado que incumpla con esta obligación pueda ser denunciado ante los organismos garantes.
“El Instituto deberá darle a las denuncias presentadas y el plazo para resolver el mismo, el cual se contempla en un plazo de 20 días contados a partir de que se declare cerrada la presentación y desahogo de las pruebas”.
El legislador local Rafael Arellanes agregó que también se establece la facultad al IAIP de imponer amonestaciones públicas o multas de hasta 100 mil pesos al servidor público encargado de cumplir con la resolución o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos, persona física o moral responsable.
En caso de que el incumplimiento de sus determinaciones del Instituto que implique la presunta comisión de un delito, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Esta iniciativa involucra a los sujetos obligados del Gobierno del Estado, del Poder Judicial, al Congreso del Estado y a órganos autónomos.
