En manos de la Corte, el destino de Rousseff

La Corte Suprema debía tomar una decisión antes de las 9:00 horas de hoy (12:00 GMT), cuando estaba previsto el inicio de la sesión en la que el Senado votará si enjuicia o no a la presidenta.

Para que el juicio quede abierto y Rousseff sea alejada del cargo por un plazo máximo de 180 días se necesita que una mayoría simple de los 81 senadores, 41 como mínimo, apoyen la acción.

Rousseff es acusada de cometer “crimen de responsabilidad” por ocultar déficits del presupuesto con préstamos de bancos estatales en su campaña a la reelección y en los primeros meses de su segundo mandato. Ella afirma que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales y que es víctima de un “golpe parlamentario”. Una postura que es compartida por el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ayer solicitó a la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) del organismo pronunciarse sobre lo que para la OEA es una “ilegalidad”. El recurso ante la Corte fue presentado por el abogado general de la República, José Cardozo en razón de que existió “abuso de poder” por parte del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien fue suspendido el viernes de sus funciones por la Suprema Corte por “corrupto”.

La acción del gobierno se basa precisamente en esa decisión de la máxima instancia judicial del país, que alejó del cargo al legislador por entender que lo usó para interferir en las investigaciones que lo ligan con la trama de corrupción que operó en la estatal Petrobras en tiempos del presidente Lula da Silva, antecesor de Rousseff y ambos del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda).

Según la defensa de Rousseff, todo el proceso de inhabilitación (impeachment) está “viciado” desde que Cunha acogió el pedido presentado en diciembre por tres juristas y avalado por la oposición, en especial el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el ex candadito presidencial Aécio Neves, vencido por Dilma Rousseff en 2014.

En una conferencia sobre políticas para las mujeres, Rousseff, economista y ex guerrillera de 68 años, aseguró ayer frente a miles de simpatizantes que “voy a luchar [contra la destitución] con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha”. Rousseff asumió su primer mandato en 2011 como la primera presidenta mujer de Brasil y su actual gestión vence el 31 de diciembre de 2018.

La batalla por el impeachment ha paralizado al país a menos de tres meses de los Juegos Olímpicos que comienzan el 5 de agosto en Río de Janeiro, unido a una recesión económica orevista como la peor en un siglo y una enorme investigación por corrupción en Petrobras, que tiene a decenas de políticos y empresarios en la mira, entre ellos al ex presidente Lula da Silva, mentor de Rousseff.

OEA consultará legalidad

La Organización de Estados Americanos (OEA) consultará sobre la legalidad del impeachment a la presidenta brasileña Dilma Rousseff a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ya que el proceso “genera dudas e incertidumbres jurídicas”, declaró ayer el presidente del ente continental, Luis Almagro.

“Los planteamientos que hemos formulado en nuestra anterior visita no han sido respondidos, las respuestas no han sido satisfactorias”, afirmó Almagro. “Esa gradualidad no existe en derecho. Esos son agravantes o atenuantes, pero no la tipificación de un delito”.

Para el jefe de la OEA no es suficiente la explicación de que Rousseff haya utilizado recursos de bancos públicos para maquillar las cuentas fiscales en 2014 y 2015, pues esta es una práctica también realizada por gobernadores u otros presidentes, antes de ella.

La OEA ya había respaldado al gobierno brasileño días antes de la votación del 17 de abril, cuando el plenario de la Cámara de Diputados aprobó el impeachment de Rousseff por sólida mayoría y lo derivó al Senado.