Terrorismo en SSO; Jenoé, Mario, Alberto y la ejecución de Rafael
DETRAS DE LA NOTICIA
Alfredo Martínez de Aguilar
El rescate administrativo y financiero de la Secretaría de Salud destapó la Caja de Pandora. Y salió toda la podredumbre de la corrupción a su máxima expresión. El mayor Saqueo del Siglo del que se tenga memoria
Cesaron a mil ‘aviadores’ entre familiares, amigos, compadres, amantes mujeres y hombres, socios y cómplices todos. Sobresale como figura paradigmática Carlos Alberto Robles Montoya, hermano del senador Benjamín.
A ellos se suman 2200 trabajadores eventuales, cuyo pago de nómina desvió 2400 millones de pesos que provocaron un déficit presupuestal de 6 mil millones de pesos más mil 700 millones que se acumulan anualmente.
El Saqueo del Siglo tipifica delitos federales y del fuero común, dada la diversidad de la corrupción en la que se incurrió, desde defraudación fiscal y peculado hasta delincuencia organizada y probable lavado de dinero.
A estos delitos federales y del fuero común habría que agregar el de terrorismo al atentar contra la prestación de los servicios de salud, así como el de homicidio calificado, por la ejecución de Rafael Pérez Gavilán Escalante.
No debe descartarse los probables nexos del ex dirigente sindical Jenoé Ruiz López y los dirigentes sindicales Constantino Mario Félix Pacheco y Alberto Vazquéz San Germán, en el asesinato de Rafael Pérez Gavilán.
Los tres mantenían serias diferencias y severas discusiones con el ex Subdirector de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, por el asunto de los bonos que cobraban ellos y sus mumerosos familiares ‘aviadores’.
Ésta es la hebra que debe seguir la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para desenredar la madeja del Saqueo del Siglo en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud.
Obligada es la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuncia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Nadie mejor que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades y conocimiento de los movimientos de dinero de las abultadas cuentas bancarias de los titulares y funcionarios de la Secretaría de Salud, así como de los ex y dirigentes sindicalesJenoé Ruiz López, Constantino Mario Félix Pacheco y Alberto Vazquéz San Germán.
Ahora bien, el delito de terrorismo se encuentra previsto y sancionado en el artículo 139 del Código Penal Federal, sancionándose la utilización de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, incendios, inundaciones o cualquier otro medio violento, en contra de las personas, las cosas o servicios al público.
La salud es un servicio al público, no solo indispensable, sino vital, es decir, asunto de vida o muerte.
El objetivo es “que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
Los paros, bloqueos de carreteras y toma de casetas de peaje por espacio de 13 días producen alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación, en este caso destituir al Secretario de Salud, Juan Díaz Pimentel.
De dicha descripción se desprende que el bien jurídico tutelado es la seguridad pública y de la Nación, lo que de ninguna manera es asunto menor. La inclusión de los delitos contra la salud pública, en el Código Penal Federal se fundamenta principalmente en la previsión hecha en el artículo 43 de la Constitución, en cuanto reconoce «el derecho a la protección de la salud», añadiendo que «compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública».
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental detectó un presunto desvió al patrimonio estatal por 2 mil 400 millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca, de 2013 a 2016, por retenciones de impuestos a los trabajadores que no fueron enteradas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó el subsecretario de Auditorías y Supervisión en Obras de la dependencia, Eduardo Cruz Sánchez.
Señaló que un despacho contable externo que lleva a cabo una auditoría a la Secretaría de Salud, encontró también un crecimiento atípico en la contratación de personal, “porque las personas contratadas no tenían el perfil adecuado y no contaban con la documentación pertinente, lo que generaba mayor retención de impuestos, sobre todo el Impuesto Sobre la Renta, que se tenía pagar pero no se pagaba”.
“No pagaban porque como tenían esos crecimientos atípicos o en gran volumen los recursos se ocupaban para pagar esa nómina y eso se llama desvío de recursos, lo cual implica un peculado hacia adentro como lo ha establecido ya la misma Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; por otro lado ocupar los recursos de los impuestos, pues obviamente es una clara defraudación fiscal, así lo establece el Código Fiscal de la Federación”.
El despacho externo está por concluir la auditoría en su totalidad y una vez que termine se establecerá el número específico de los probables responsables, pero sí puedo señalar que el titular, el de Finanzas y el Tesorero son los probables responsables por el monto de recursos, porque aun sabedores de las irregularidades autorizaron los pagos de la nómina.
Cruz Sánchez comentó que en 2013 se determinó que hubo un no pago de impuestos por 700 millones de pesos, lo mismo que en el 2014, en el 2015 fue de 600 millones de pesos y en el 2016 de 300 millones, lo que suma aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos.
Añadió que, incluso, el 29 de noviembre de 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT), determinó a los Servicios de Salud de Oaxaca un crédito fiscal por incumplimiento del pago de contribuciones retenidas por la cantidad de 1 mil 301 millones 119 mil 535 pesos, tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre del 2014.
Subrayó que desde que tomaron posesión de la Secretaría recibieron la recomendación de analizar la situación de todas las dependencias, por eso tienen el seguimiento de lo que sucede en los servicios de salud.
Hay un crecimiento atípico que si se ve en recursos representan más de 500 millones de pesos, cuando el tope que tenían era de 100 mil pesos porque se había aplicado ya una regularización de trabajadores. Hubo un proceso de regularización, pero obviamente siguieron contratando sin ningún límite.
Dijo que como órgano normativo únicamente determinan si hay omisión o no y será la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la que determinará, en su momento, si se configura el delito de peculado.
La Secretaría de la Contraloría ya tiene una lista de sanciones administrativas que van aparejadas. Todas las determinaciones de las que se da vista a la Fiscalía, también se da vista a la Subsecretaría de Responsabilidad para determinar la sanción a que se han hecho merecedores los responsables, que pueden ser inhabilitación y/o multas.
@efektoaguila
