Suspensiones impiden a Nafin devolver fideicomisos de Corte y Consejo de la Judicatura Federal

Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) está impedida para reintegrar los fondos de fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la Tesorería de la Federación (Tesofe), en cumplimiento a diversas suspensiones otorgadas por autoridades judiciales.

Los órganos autónomos que integran el Poder Judicial de la Federación (PJF), a través de una tarjeta informativa, indicaron que, desde antes del periodo vacacional de fin de año, se instruyó a Nafin a restituir esos fondos, para dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto de la Reforma Judicial.

“Adicionalmente, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de La Corte, instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) la entrega de la totalidad de los recursos del Fondo Jurica, único fideicomiso constituido por La Corte con dicha Sociedad Nacional de Crédito.

“Por lo que el pasado 10 de diciembre, Banobras enteró a la Tesofe la cantidad de $853’913,710.00 (ochocientos cincuenta y tres millones novecientos trece mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.)”, se detalló en la tarjeta informativa.

En relación con los recursos de los fideicomisos administrados por Nafin, la institución notificó que están vigentes diversas suspensiones definitivas, otorgadas por órganos jurisdiccionales en contra del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, así como los artículos transitorios segundo, tercero, cuarto y quinto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023.

“Además, Nafin precisó que de no cumplir con las suspensiones otorgadas podría incurrir en las conductas delictivas sancionadas por los artículos 209 y 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo vigente”, se explicó en la tarjeta.

El primer artículo establece que, en caso de que una autoridad responsable incumpla con una medida de suspensión, se le debe requerir que la cumpla en una nueva oportunidad, pero si persiste, se le debe denunciar ante el Ministerio Público Federal.

El artículo 262 indica que si un servidor público incumple con sus obligaciones, en un juicio de amparo o en un incidente de suspensión, se le puede imponer una pena de tres a nueve años de prisión, multa, destitución e inhabilitación.

“El CJF hizo del conocimiento lo anterior a las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como a la Tesorería de la Federación, previo al periodo vacacional”, se indicó.

En su tarjeta, se detalló que la Corte tiene seis fideicomisos con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos; mientras que el CJF cuenta con cuatro fideicomisos y al 6 de enero de 2025 se tiene un saldo en conjunto aproximado de 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos.