Representante del partido Convergencia acusa a diputadas
Nahum Villavicencio.
Antonio Hernández, representante del Partido Convergencia acuso a las diputadas Lilia Mendoza, Carmelita Ricardez Vela y Sonia López, de ser quienes están apoyando al presidente y síndico municipal de Asunción Ocotlán para desestabilizar a su comunidad.
En conferencia de prensa manifesto que Miguel Muñoz Sánchez así como el síndico Felipe Sánchez Antonio, apoyados por las legisladoras son quienes han generado problemas en el ayuntamiento, y prueba de ello es que en abril pasado estos personajes fueron los que mandaron a derribar la obra del palacio municipal misma, que a la fecha continúa sin concluirse.
Además de ello sostuvo que no existen obras realizadas con los recursos que llegan al ayuntamiento, por lo que la población en su totalidad ha mostrado su descontento, y su exigencia de que sea depuesto el edil y se puedan generar las condiciones para elegir a un personaje que trabaje verdaderamente por el pueblo.
“…Lejos de que nos den obras tenemos represión por parte de la gente del presidente que está siendo apoyados por diputados que no saben que en nuestro pueblo no se han hecho obras porque nunca han ido a un recorrido para conocer verdaderamente las necesidades que tenemos y lo que hacen los gobernantes por nosotros”.
Portando pancartas con las que exigieron la desaparición de poderes y atención por parte de las autoridades del Gobierno del Estado, que hasta el momento han hecho caso omiso al conflicto que mantiene y que puede generar mayor desestabilidad en el municipio y enfrentamiento entre los grupos.
Denunciaron que prueba de ello es que en días pasados se enfrentaron físicamente resultando varios de ellos con lesiones de consideración, sin embargo el agente del ministerio público que atiende la zona al compartir ideología política con el edil municipal actuó de manera parcial afectándolos considerablemente.
Detalló que el MP Rodrigo Eloy Martínez, quien se identifica como militante del Partido Nueva Alianza, libero a los agresores e impuso una multa de 100 mil pesos a los que no están con el presidente municipal, aun cuando destacaron ellos fueron los ofendidos.
Ante esta situación también exigieron al procurador, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, tome cartas en el asunto y remueva del cargo al funcionario estatal a quien acusaron de estar vendiendo la justicia al mejor postor
