Pudo evitarse la masacre en Hidalgo

Entre los últimos meses de 2024 y primeras semanas de 2025, en Hidalgo, se vio un notable aumento en el número de fichas de búsqueda de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres adultos, sin que la “Fiscalía” esclarezca los casos y mucho menos trabaje en favor de las mujeres víctimas de violencia.

El 5 de febrero de 2025, se dio un acto sangriento, difícil de asimilar. Fue en la comunidad de Azoyatla, donde encontraron los cuerpos sin vida de Rosaura N, de 26 años, su madre, la señora Rosa N, además de su padre y hermano. El culpable, un ex policía de Mineral de la Reforma, de nombre Marco Antonio Morales González, de 41 años.

Según diversos informes, el victimario acudió a cumplir sus amenazas en contra de Rosaura y su madre, sin embargo, ella, su padre y hermano intervinieron para defenderla. Fue cuando Marco Antonio decidió apuñalarla para luego infringir heridas mortales contra ella y sus familiares, quienes perdieron la vida; tres de ellos en el lugar del homicidio, uno más en el hospital al que fue traslado.

Por diversas fallas y burocracias dentro del Sistema Judicial, se dejó en libertad al hoy asesino y feminicida, por no haber consignado su expediente adecuadamente.

Rosaura es una víctima más de la inoperancia de las autoridades de Hidalgo, donde estarían involucrados el Centro de Justicia para Mujeres, la Fiscalía especializada en delitos de género, la Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma.

Todas estas dependencias tuvieron conocimiento desde el 13 de abril de 2023 que una de las víctimas, Rosaura N, de 26 años, era violentada física, mental y psicológicamente por el entonces policía municipal de Mineral de Reforma, Marco Antonio Morales González.

Y es que, ¿cómo es posible que después de que la víctima haya demostrado que su vida y la de su hija corrían peligro, ninguno de los involucrados en la protección y procuración de justicia pudieran hacer bien su trabajo?

Latitud Megalópolis tuvo acceso a información clave para poder demostrar que varios servidores públicos incurrieron en omisiones graves, y pudieron haber evitado esta tragedia familiar.

Para esto es necesario remontar la historia al 13 de abril de 2023, cuando Rosaura inició una carpeta de investigación por violencia familiar, con NÚMERO ÚNICO DE CASO 12-2023-05907, ya que el hoy detenido Marco Antonio Morales González, la hostigaba, acosaba, espiaba en su trabajo, llegando incluso a amenazarla con arma de fuego para después secuestrarla y golpearla, poniendo en peligro su vida.

PRIMERA OMISIÓN, la carpeta no procedió y las autoridades no dieron el seguimiento ni protección a la víctima.

En mayo 2023, a consecuencia de graves amenazas de muerte hacia ella y su madre, Rosaura tiene que contraer matrimonio a la fuerza con su victimario; el 7 de marzo de 2024 Marco Antonio registra a la hija de Rosaura como suya, sin ser el padre biológico. Esto, suponemos, con el fin de seguir manipulando a la víctima.

Es agosto 16 de 2024, la víctima es forzada a renunciar a su trabajo, luego de ser brutalmente golpeada por un episodio de celos. Después de esto, y cansada de vivir con miedo, Rosaura logra salir del hogar en común con Marco Antonio y refugiarse en casa de sus padres, junto con su hija.

Septiembre 3 de 2024, Rosaura es interceptada por Marco Antonio, subida a la fuerza a un vehículo, del que intenta escapar; nuevamente es amenazada de muerte.

Ese mismo mes, Rosaura decide empezar con una demanda por pensión alimenticia y así llamar la atención de las autoridades, ¿qué pasa después? El 16 de octubre de 2024 es privada nuevamente de la libertad, sustraída de su trabajo a punta de pistola y desaparecida durante 3 días, los cuales sus padres y familiares buscaron desesperadamente apoyo de la PGJH, pero nuevamente, demeritaron el caso.

Una vez que Rosaura logra volver a casa, inicia la denuncia por SECUESTRO y TENTATIVA DE FEMINICIDIO…

SEGUNDA OMISIÓN, los involucrados en la impartición de justicia deciden calificar el delito como “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”, haciendo de éste un delito menor, por lo que el imputado solo pasa 1 mes dentro del CERESO, siendo puesto en libertad el 21 de noviembre pasado.

Rosaura, junto con su madre, la señora Rosa, acudieron en diversas ocasiones al Centro de Justicia para Mujeres en busca de apoyo y asesoramiento. ¿La encargada, Isabel Sepúlveda Montaño, estará consiente que pudo haber salvado 4 vidas?

La Juez, Janett Mendoza Montiel, ¿sabe lo que provocó al mandar solo 1 mes a la cárcel a un agresor?

Licenciado Francisco Ángel Fernández Hasbun, jefe del despacho de la PGJHG, ¿sabe si su personal de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de personas e impacto social, así como de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, está debidamente capacitado y concientizado sobre la enorme labor que debe desarrollar?

¿Qué clase de exámenes psicométricos y de control de confianza para ingresar a los cuerpos policiacos del estado realiza Francisco Jiménez Venegas, encargado de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza? Porque no creemos que Marco Antonio haya demostrado la capacidad de portar un arma en ninguna de las pruebas, ni tampoco tener una calidad moral requerida para el cargo, entonces, ¿cómo es que ingresó a Seguridad Pública de Mineral de la Reforma? El ayuntamiento de Eduardo Medécigo Rubio, se lava las manos.

¿Será que a Julio Menchaca le importe más la visita de la presidente Claudia, que por lo que hacen las y los servidores públicos en su nombre?

No nos cabe en la cabeza que existan funcionarios así en una administración que se autonombra “de transformación”, cuando al parecer lo único que están transformando es la economía de los altos mandos. Señor Menchaca, el pintar palacio de gobierno no es hacer buena labor para la gente, debería echarle el ojo debajo de su cuarto piso, a ver si las y los trabajadores del Estado, sobre todo los que tienen contacto con la ciudadanía, son merecedores del puesto que ostentan. No todo es posar para la foto, también hay que trabajar, y esto va para todos.