Reconoce política de avanzada de Gabino Cué en defensa de los Derechos Humanos

El director del INS y DE destaca la política gubernamental que coloca a Oaxaca como referencia nacional en la protección de las garantías individuales.

Este Gobierno asume con responsabilidad y seriedad el compromiso de garantizar los derechos universales del pueblo, afirma Gabino Cué

La política que el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo realiza en materia de reformas constitucionales y el respeto a los derechos humanos, son la prueba de que el estado de Oaxaca representa hoy una avanzada en el rubro de derechos humanos a través de una política de Estado, donde los actores en la defensoría de las garantías individuales son líderes institucionales, políticos y sociales que también emprenden acciones para respetar y hacer valer los derechos universales.

Así lo afirmó, en presencia del Gobernador Gabino Cué, el Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE), Ernesto López Portillo Vargas, durante la firma del Convenio General de Colaboración entre el Gobierno del Estado y este organismo, el cual busca implementar acciones y políticas públicas para prevenir y erradicar las prácticas de tortura.

En el acto realizado en el Salón Escudos del Palacio de Gobierno, el jefe del Poder Ejecutivo indicó que con la firma de este convenio se da un paso más en el proceso de transición democrática que vive Oaxaca, el cual permitirá realizar acciones de difusión y estrategias para diseñar propuestas legislativas en la materia, así como analizar figuras que tengan incidencia en los casos de tortura.

Indicó que su administración atiende temas que antes no podían ser abordados, porque a diferencia del pasado, su gobierno enfrenta con responsabilidad y seriedad los diversos retos que se presentan en la agenda estatal, privilegiando en todo momento el diálogo, la comunicación y la tolerancia, a fin de generar condiciones de paz y armonía entre los habitantes de las ocho regiones del estado.

“Este gobierno de alternancia ve en el tema de derechos humanos una de las grandes oportunidades y retos que estamos asumiendo con responsabilidad, encauzando las medidas cautelares y dando la cara como Estado Mexicano a los temas que en anteriores ocasiones no fuimos los protagonistas, pero como responsables institucionales del Estado hemos estado prestando atención en todos estos casos”, puntualizó.

El Gobernador consideró que es importante e inaplazable que un gobierno democrático “y la sociedad en su conjunto podamos prevenir y sancionar las aberrantes prácticas de tortura, porque sin duda es una de las máximas expresiones de la intolerancia, de la ausencia del Estado de Derecho”.

Para Gabino Cué, la tortura es una práctica que durante mucho tiempo ocurrió al margen de la justicia, además de ser un acto aberrante del ser humano y que ha estado presente en episodios muy oscuros de la humanidad; ha dejado por consiguiente una huella sin duda imborrable en la conciencia histórica de los pueblos”.

Acompañado de la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, del Procurador General de Justicia, Manuel de Jesús López López y del Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, el titular del Poder Ejecutivo Estatal afirmó que para el gobierno democrático que encabeza es fundamental que la sociedad en general sea más participativa para poder prevenir y sancionar estas conductas reprobables.

Por ello, con la firma de este convenio, el Gobierno de Oaxaca ratifica su compromiso de garantizar los derechos humanos del pueblo oaxaqueño, cambiando formas y prácticas que  por mucho tiempo lastimaron y rompieron el tejido social en la entidad oaxaqueña.

Comentó que en dos años y cuatro meses de su administración han sido aprobadas reformas a 33 artículos de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, logrando que la entidad tenga mejor corresponsabilidad entre los tres poderes.

A su vez, el director Ejecutivo del INSYDE, Ernesto López Portillo Vargas reconoció que “lo que está haciendo el Gobierno de Gabino Cué y la Legislatura Local ha colocado al estado de Oaxaca como una referencia de avanzada en materia de derechos humanos”.

Abundó que la institución que representa cumplirá diez años de venir operando en México, y se alinea con los gobiernos para la atención de uno de los temas más complejos y delicados que está asociado a la seguridad de la justicia penal, que es la tortura.

En este marco, la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, destacó que la firma de este convenio se enmarca dentro de la Campaña Nacional contra la Tortura que impulsa el INSYDE, la cual es una de las organizaciones civiles reconocidas a nivel internacional por su labor de defensa y promoción de los derechos humanos en México.

En tanto, el titular de la PGJE, destacó que este gobierno se ha caracterizado por impulsar el respeto a los derechos humanos a través del fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la implementación de los juicios orales en la Costa, el Istmo y la Mixteca. Anunció Manuel de Jesús López López que antes del año 2016 el sistema acusatorio adversarial estará operando en todo el estado.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla puntualizó que con la firma de este convenio Oaxaca se coloca en la ruta correcta en la protección de las garantías individuales de los ciudadanos. En este marco anunció que se presentará una propuesta de iniciativa legal para crear la Auditoria Ciudadana que revise el uso de fuerza por los policías, a fin de que sea enriquecido y se siga avanzando en la materia.

Atestiguaron el acto el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Pavel Renato López Gómez, el representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos y la representante de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos, Gabriela Ocampo, así como representantes de organismos defensores de derechos humanos.