México pide extradición de los Jensen por huachicol fiscal
James, el padre, está en libertad bajo fianza y Maxwell en prisión preventiva en Nuevo México; afrontan además lavado, contrabando y apoyo a grupos terroristas.
MILENIO
México solicitó a Estados Unidos la extradición de los empresarios James y Maxwell Jensen, padre e hijo, “y otros”, por su presunta relación con una red de huachicol fiscal internacional que, según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), colabora con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades de ese país señalan a ambos estadunidenses de vínculos con Iván Cazarín Molina, El Tanque, operador de robo de combustible para el CJNG en Veracruz, y con César Morfín Morfín, El Primito, líder de célula en Tamaulipas e implicado en el tráfico de drogas e hidrocarburos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitó a Estados Unidos la extradición de algunos empresarios ligados a una red de tráfico de combustible, entre ellos integrantes de la familia Jensen.
“Se dedicaban a introducir combustible sin pagar impuestos a México… Hay solicitudes de extradición para algunos empresarios; la Fiscalía General de la República tiene que dar la información en el marco de la investigación de los nombres de esos empresarios”, sostuvo.
—¿Son los Jensen?
—Entre otros.
En abril de 2025, la cloaca se destapó cuando un operativo del Servicio de Marshals de Estados Unidos inició en la mansión de la familia Jensen, en Salt Lake, Utah. James Leal, el padre, fue arrestado junto a su esposa, Kelly Anne. Por separado, también detuvieron a los hijos de ambos, Maxwell y Zachary.
Contrabando de petróleo
La familia fue presentada ante la Corte Federal de Brownsville, Texas, para responder por acusaciones por tráfico y transporte de combustible robado.
De acuerdo con investigaciones del FBI, al menos entre mayo de 2022 y marzo de 2025, los señalados permitieron el contrabando de 2 mil 811 cargamentos de crudo a través de las firmas Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran, en contubernio con empresas mexicanas que estaban coludidas con el cártel Jalisco.
Los Jensen, asegura Washington, lograron traficar el combustible a territorio estadunidense falseando las facturas de los cargamentos, con lo que, se presume, lavaron unos 47 millones de dólares al evitar el pago de impuestos aduanales.
Los vínculos con el CJNG
A finales de mayo de 2025, tras presentarse una segunda acusación ampliada contra James y Maxwell, la fiscalía de ese país reveló que la red de los Jensen estaba vinculada en México al CJNG, particularmente con dos operadores en Veracruz y Tamaulipas.
El Tanque es un operador cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, dedicado principalmente al robo y venta de combustible en Jalisco y Veracruz. En septiembre de 2024, fue sancionado por el Departamento del Tesoro por sus actividades criminales que incluyen el tráfico de drogas y homicidio.
En tanto, El Primito, era un líder de célula del cártel del Golfo que ahora trabaja con el Cártel Jalisco en Tamaulipas para operar el trasiego de narcóticos y huachicol. El también cercano al Mencho y sancionado por la autoridad de EU en mayo de 2025, es responsable de conseguir precursores químicos en Asia para la elaboración de drogas sintéticas.
Toda la información de inteligencia se desprende de una serie de reportes elaborados por la Administración para el Control de Drogas (DEA), gracias a un informante que formó parte del esquema de corrupción y huachicoleo del CJNG y de los Jensen.
Tras los arrestos, la fiscalía de Estados Unidos desestimó los cargos contra Kelly Anne y Zachary, mientras que James permanece en libertad bajo fianza y Maxwell en detención preventiva en una prisión de Nuevo México.
Padre e hijo decidieron ir a juicio, que se prevé inicie a finales de octubre luego de la selección del jurado, fijada para el 19 de ese mes, aunque en dos ocasiones se han pospuesto los procedimientos judiciales.
Se les acusa de 10 cargos relacionados con lavado de dinero, contrabando de bienes, falsedad de declaraciones, apoyo a una organización terrorista y transporte de bienes robados. En caso de ser encontrados culpables, enfrentarán hasta 20 años de cárcel.
ROA
