Más de 125 mil hijos de mexicanos que nacen al año en EU están en riesgo ante la reforma de Trump

La reforma que impulsa la administración del presidente Donald Trump para acabar con el derecho a la ciudadanía estadunidense que tienen las personas que nazcan en ese país afectaría, en mayor proporción, a los hijos de padres mexicanos quienes, incluso, quedarían sin un estatus migratorio claro.

​Estimaciones de organismos especializados y de centros de investigación a partir de datos oficiales calculan que, al año, nacen en Estados Unidos aproximadamente 500 mil personas de padres extranjeros. Entre el 23 y 25 por ciento de todos ellos, unos 125 mil, son de padres de origen mexicano.

El Centro de investigaciones Pew Research Center, el Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en ingles), y el Centro nacional de Investigaciones de Niños y Familias Hispanas, advierten que es un cálculo aproximado ya que, hasta ahora, cualquier persona que nace en Estados Unidos es reconocida como estadunidense con independencia del origen y estatus migratorios de sus padres y, por tanto, los censos oficiales no hacen esa discriminación estadística.

La Decimocuarta enmienda a la Constitución Estados Unidos, ratificada desde 1868, reconoce como estadunidenses a todos aquellos que hayan nacido en su territorio. En 1898 la Corte Suprema de ese país determinó que esto operaba con independencia del origen o estatus migratorio de los padres.

Esto es lo que, ahora, la administración del presidente Trump pretende reinterpretar y cancelar.

La población de origen mexicano y la de otras nacionalidades en los Estados Unidos ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 50 años. De acuerdo con el Buró de Censos del Departamento de Economía, la cifra se quintuplicó al pasar de 9.6 millones en 1970 a 46.2 millones en 2022.

Actualmente las personas no nacidas en territorio estadunidense representan el 14 por ciento de la población total de este país.

De todos los extranjeros que viven en Estados Unidos (con independencia de su cuentan con documentos o no), al menos 10 millones 680 mil son de origen mexicano, que equivalen a casi la cuarta parte del total.

En ese contexto los investigadores proyectan que de los 3.6 millones de nacimientos que hubo en este país en 2023 unos 500 mil provendrían de padres extranjeros y 125 mil de mexicanos.

Ello convierte a nuestro país en el grupo que resentiría la mayor afectación en cuanto a proporción de personas afectadas si la reforma de Trump se materializa. Le siguen en menor proporción los que nazcan de padres originario de India, China, Filipinas y El Salvador.

Los bebes que nazcan en ese nuevo contexto no obtendrían, al menos en automático, la ciudadanía estadounidense y, al no estar presentes en el país de origen de sus padres, algunos tampoco obtendrían la de ellos, dejando a decenas de miles de niños en un área gris hasta ahora inédita.

“Tengo miedo de que a mi hijo por nacer se le nieguen los derechos básicos que disfrutan mis otros hijos, incluido el acceso a la atención médica y a una educación de calidad”, dijo la señora Maribel en el escrito de demanda que, junto con otras madres centroamericanas y mexicanas, presentaron en contra de la orden ejecutiva presentada por Trump.

Limbo legal, dudas e incertidumbre

En diciembre, Patricia y Ernesto, ambos mexicanos y con permisos de residencia en Estados Unidos, tuvieron a su hija en el hospital Mount Sinai en Manhattan. Tan pronto como la niña nació el centro médico se encargó de la elaboración del registro de nacimiento el cual es canalizado al Departamento de Salud del estado.

“El hospital es el que se encarga y ya después te mandan a tu casa el acta de nacimiento por correo. Tarda entre dos y cuatro semanas como máximo. Y ya con el acta es que pudimos sacar su pasaporte americano. La verdad todo es muy sencillo”, recuerda Patricia.

Se trata del mismo procedimiento que se sigue con cualquier bebe que nace en el país, con independencia de si sus padres son personas blancas o si son migrantes incluso indocumentados, o si se trata incluso de turistas.

“Varias de mis amigas han tenido a sus bebes del otro lado (EU) con visa de turista justo porque buscan la ciudadanía” dice Yadira González, quien vive en Tijuana.

La orden ejecutiva presentada por el presidente Donald Trump, denominada “Protección del Significado y el Valor de la Ciudadanía Americana”, busca cambiar dicho paradigma al no reconocer como ciudadanos estadunidenses no solo a aquellos cuya madre sea indocumentada, sino también a aquellos cuyos padres estén legalmente en Estados Unidos pero con visa de trabajo temporal, turista, estudiante y similares.

“Yo pensé que era solo para personas indocumentadas. ¿A poco esto se puede hacer? No me parece justo…” dice a MILENIO Georgina, mexicana con cuatro meses de embarazo radicada en Manhattan y con visa temporal por extensión de su esposo que trabaja para una empresa de la ciudad.

“Yo digo que solo lo está haciendo por bully, porque quiere quedar bien con sus seguidores, pero veo imposible que esto suceda… dejarían a nuestros bebes en el limbo porque ¿Cómo es que el país en el que naces no te reconoce?” acusa Rafaela, quien tiene una visa HB1 de trabajo y vive en Queens.

Ante el temor y las amenazas de la nueva administración, hay grupos de migrantes embarazadas que han comenzado a organizarse para proceder legalmente. Es el caso de Marta, Rita, Adelina, Georgina, Trinidad, Maribel y Andrea, todas de origen mexicano, guatemalteco y salvadoreño que viven en los estados de Maryland y Nueva York, y que salieron de sus países huyendo de condiciones de violencia y pobreza extrema.

Con el apoyo de la organización CASA y el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) presentaron demanda formal en contra de la orden ejecutiva de Trump ante la corte Federal del Distrito en Maryland ante el temor de que sus hijos no reciban la ciudadanía americana, y han pedido que se dicten medidas de emergencia para detener el trámite de la orden

“Cuando hui de la persecución en mi país, encontré un nuevo hogar en Estados Unidos y estoy orgullosa de la vida que mi marido y yo hemos construido en este país durante los últimos seis años”.

“Estoy sorprendida de que el gobierno no quiera que mi hijo nacido en Estados Unidos tenga la ciudadanía estadounidense. Tengo miedo por mi hijo y por nuestra familia, especialmente porque no podemos regresar a nuestro país ni conseguir que nuestro hijo obtenga otra ciudadanía; no sé qué haremos” dijo en la presentación de la demanda la señora Mónica.

“Descaro inconstitucional”

El anuncio de la orden ejecutiva para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento desató, como ya se preveía, una fuerte ofensiva legal desde el primer día.

Hasta el día de ayer sumaban cinco las acciones y demandas legales ante tribunales federales promovidas tanto por colectivos de migrantes y asociaciones – como el ya referido de CASA y la ASAP – así como fiscales generales de justicia de al menos 22 estados.

Una de estas demandas tuvo ayer su primer efecto. La acción legal promovida por la coalición de fiscales de los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón provocó que un juez federal de la ciudad de Seattle dictara una suspensión temporal de al menos 14 días para la implementación de la orden ejecutiva.

Esto mientras se analiza el fondo de tema.

“La orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento está detenida por ahora. Hoy, un juez concedió nuestra orden de restricción temporal a nivel nacional, afirmando que no había visto una orden tan descaradamente inconstitucional en 40 años en el tribunal”, informó en conferencia afuera del tribunal el fiscal general de Washington, Nick Brown.

Lo que la administración de Trump defiende en su orden ejecutiva, y en múltiples entrevistas, es que por más de un siglo se ha “malinterpretado” la enmienda 14 de la Constitución que plantea la ciudadanía estadunidense como derecho de nacimiento, al señalar que las personas que ilegalmente migran al país no son residentes temporales y están “fuera de su jurisdicción”.

Trump no es el primero que especula con modificar esta interpretación, aunque sí es el que ha dado un paso más contundente para ejecutarlo.

El Centro de investigaciones Pew Research Center reportó desde 2010 que diversos políticos, sobre todo conservadores, han planteado restringir la ciudadanía por nacimiento, sin que hasta ahora haya prosperado. En aquel año se cifraba en 340 mil el promedio anual de nacimientos de niños con padres residiendo sin documentos en Estados Unidos.

El consenso mayoritario entre múltiples especialistas y organizaciones citados en los últimos días en diversos medios de comunicación de los Estados Unidos es que la decimocuarta enmienda no deja lugar a dudas sobre la adquisición, sin discriminación de por medio, de la ciudadanía para todo aquel que nazca en territorio estadunidense.

“Cuando ratificamos la Decimocuarta Enmienda, rechazamos la idea de que algunas personas nacidas aquí son menos que otras ante los ojos de la ley. Rechazamos esa idea nuevamente hoy. Lo decimos en voz alta — para que todos lo escuchen — porque proteger nuestra Constitución requiere que todos hablemos y actuemos como si todavía tuviéramos una. Sin importar qué tipo de órdenes puedan salir del escritorio de un presidente”, señaló Thomas Wolf, director de las iniciativas para la Democracia del centro “Brennan” para la Justicia.

Incluso si el caso llega hasta la última instancia, que es la Corte Suprema, donde hay una mayoría de ministros conservadores, los fiscales y activistas confían en que la claridad de la constitución es tal que ejecutar la interpretación propuesta por la administración Trump es improcedente.

“Esta Orden Ejecutiva socava la esencia misma de nuestra democracia y representa un ataque directo a la constitución. Al intentar negar la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos dentro de nuestras fronteras, basándose únicamente en el estatus migratorio de sus padres, el presidente Trump está tratando de poner patas arriba siglos de historia y protecciones legales establecidas mediante decretos ejecutivos”.

“Esto no se puede tolerar”, dijo Nicholas Katz, asesor jurídico de la organización CASA, que apoya la demanda de las madres migrantes.

Falso que EU sea un caso excepcional

Al anunciar que firmaría la orden ejecutiva el presidente Donald Trump aseguró que los Estados Unidos eran el único país que otorgaba el derecho de la ciudadanía por nacimiento, y que se trataba de una situación excepcional que había favorecido la migración ilegal. Pero esto no es verdad.

De acuerdo con registros de la librería del Congreso de Estados Unidos hay al menos doce países que otorgan a ciudadanía por nacimiento de forma incondicional además de dicho país, entre los que se encuentran México y Canadá. A ellos se suman la mayoría de los países en América Latina, y otras naciones como Angola o Pakistán.

En Europa, en cambio, la figura que predomina en países como Alemania, Reino unido y España es la de condicionar la nacionalidad al estatus de residencia de los padres, mientras que en Francia depende de los años de residencia del menor de edad.

En el resto de países europeas la ciudadanía va relacionada solo con el vínculo sanguíneo de los padres y sus sitios de origen.