Latinos usan sus ‘trocas’ o se autodeportan para huir del acoso de Trump en EU

Unos soportan abuso laboral por miedo a ICE, otros regresan a su país y muchos cambian de estado en busca de mejores condiciones de vida.

MILENIO

Harto de recibir la mitad de lo que vale su trabajo en la construcción o de que a veces no le pagaran, Marvin Antonio Hernández transformó su camioneta o ‘troca’ en casa ambulante y va de aquí para allá en busca de un poco de humanidad, lejos de Florida, el estado que implementó este año algunas de las antiinmigrantes más extremas de Estados Unidos.

Esta entidad, con una gran población de origen cubano y de otros países latinoamericanos, incluso incluye la pena capital para algunos migrantes que comentan delitos graves.

Marvin Antonio Hernández transformó su camioneta o ‘troca’ en casa ambulante. (Foto: especial)

Ahora Marvin Antonio sobrevive de la venta de artesanía y bisutería que aprendió a hacer en México, pero tiene otra gracia: actúa como estatua de soldado que cobra vida, y busca la solidaridad de estadunidenses con la esperanza de sortear las embestidas de Donald Trump y sus seguidores.

“Lo único que tenía era mi Chevrolet blanca de trabajo, así que le quité el asiento de atrás y ahí instalé un refrigerador, una cama, una estufita y mi taller de pulseras, anillos y aretes”, cuenta Marvin a MILENIO vía telefónica desde Naples, Florida, donde estará algunos días.

“Estoy tratando de minimizar los gastos para juntar algo y mandar dinero a mi esposa y mis hijos que se quedaron en la casa donde nacieron: cuatro de los seis son ‘americanos”.

La saña trumpista los hace actuar

La persecución del gobierno de Donald Trump está empujando a los migrantes que no cuentan con documentos oficiales a tomar medidas extremas como esta.

Algunos callan los abusos de empresas por miedo a que llamen al servicio de inmigración (conocido como ICE) y toleran de todo; otros se autodeportan a sus países de origen y muchos van de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de trabajo.

El gobierno de Trump empuja a migrantes a medidas extremas. (Foto: especial)
El gobierno de Trump empuja a migrantes a medidas extremas. (

Como Marvin, quien planea subir con su ‘troca’ por la costa este del país hasta Washington y encontrar solidaridad en alguno de los estados considerados “santuarios”, donde la policía no coopera con “la migra”.

Las estadísticas más recientes de la Oficina del Censo estadunidense (Census Bureau) revelan que la movilidad de los migrantes en el país está en efervescencia desde el año pasado. Busca estabilidad y mejores condiciones de vida.

De los 2.8 millones de migrantes internacionales que llegaron a Estados Unidos en 2024, el mayor número apostó por ir a lugares donde ya tenían redes familiares o sociales, principalmente en el sur del país.

En el caso de venezolanos y centroamericanos, por ejemplo, muchos aterrizaron en Florida para ser parte de los nuevos migrantes que, junto con otras nacionalidades, sumaron 392 mil personas.

Por su parte, los mexicanos apostaron en 2024 por estados fronterizos como California y Texas, principalmente. Contribuyeron de ese modo al aumento de la población local con 195 mil nuevos migrantes en el primer estado y 472 mil en el segundo; fueron menos a Arizona, con 87 mil, pero subieron 108 mil hasta Nueva York.

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Sin embargo, con las condiciones políticas y sociales de rechazo, para 2025 las tendencias apuntan a que los migrantes seguirán en movimiento, que dejarán estados como Florida y Texas en busca de estados más amigables.

California, Illinois y Nueva York, por ejemplo, que se han plantado frente a Trump hasta demandarlo, como jefe del Ejecutivo, por los abusos contra los migrantes, y han creado políticas públicas favorables, sin cuestionar el estatus migratorio y sin cooperar con ICE.

Sumando a las tres entidades, el año pasado llegaron alrededor de 359 mil nuevos migrantes aunque las condiciones en general parecen cada vez más complicadas: Trump tiene la facultad de enviar agentes migratorios a cualquier sitio, sea aliado o no.

“Creo que los migrantes ya no están seguros en ningún lugar”, advirtió Jesús García, oriundo de Villa Guerrero, en el Estado de México, deportado en enero pasado de California.

“Una semana después de que llegó Trump, yo iba manejando y me detuvieron aunque no ameritaba infracción: fue [un acto] racista porque yo no había hecho nada, no manejaba en estado de ebriedad ni me pasé un alto y una vez detenido me regresaron a México en tres días”.

En Long Beach, California, dejó a su esposa y tres niños de nueve, cuatro y dos años por quienes no puede velar; el trabajo que encontró en el restaurante de Tenancingo, Estado de México”, vecino a su pueblo de origen, apenas le permite mantenerse a sí mismo.

Miedos en su tierra, miedo en Estados Unidos 

El bajo salario y la impunidad ante el crimen son las dos razones principales para que los migrantes no quieran volver a sus países, reconoce el errante Marvin Antonio Hernández, de origen hondureño pero con papeles mexicanos desde 2014, cuando documentó que era un perseguido de Estado, torturado por la policía de su país.

“Yo intenté vivir en México con la venta de artesanía y muchas veces sí juntaba dinero: en Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, en la Ciudad de México y en Nuevo León, pero el trabajo es muy inestable y con mucha inseguridad”, detalla.

Después de dos años, Marvin tomó la decisión de irse a Estados Unidos tras un incidente en Monterrey. Caminaba con una mochila en la espalda para comprar cuarzos cuando una camioneta negra se detuvo junto a él.

Del vehículo bajaron varios hombres. Uno de ellos le puso un arma larga en la nuca. Le preguntó de dónde era, qué hacía, que si iba a cruzar. Él negó ser migrante de tránsito, pero le pidieron pruebas, lo obligaron a marcar por teléfono a su esposa para confirmar la información. Solo cuando ella repitió lo que él dijo previamente, lo soltaron.

“No te metas donde no debes”, le dijeron.

Por esa razón, Marvin se estremece al pensar en una deportación. No ha podido legalizarse: necesita 5 mil dólares para cada miembro de su familia (24 mil en total) antes de que Trump elimine el programa Estatus de Protección Temporal o TPS por sus siglas inglesas.

Este es un programa humanitario a través del cual Estados Unidos protege por un tiempo específico a ciudadanos extranjeros cuyos países enfrentan condiciones extraordinarias, como desastres naturales o conflictos armados.

Se otorgó por primera vez a los hondureños en 1998 tras el impacto del huracán Mitch, pero se renueva cada 18 meses mediante órdenes ejecutivas que bien podría revocar Trump en abril próximo, como ya hizo a venezolanos y haitianos.

Hasta ahora han sido beneficiados al menos 38 mil hondureños que pudieron pagar el costo de la documentación y asesorías legales. No es el caso de Marvin.

“Yo soy electricista, podría ganar muy bien, pero no tengo los documentos para ser contratado y por eso estoy como vendedor ambulante”.

Por las noches elabora la artesanía que sale a vender al día siguiente. Se coloca en alguna esquina discreta, en el estacionamiento de un Walmart o donde le permitan.

En cierta ocasión intentó hacerlo en una feria donde había “puros blancos”. No le quisieron rentar un espacio y además llamaron a la policía. Estuvo preso 24 horas por la osadía, pero pudo ser peor: que llamaran a ICE y lo enviaran a Tijuana o a sabe Dios dónde.

El gobierno de México anunció que planea reducir los centros que instaló para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos, tras recibir a poco más de 24 mil personas en las primeras ocho semanas de la segunda administración Trump.

Por eso Marvin se arriesga a lo que considera su mejor opción. Cuando calcula que el lugar no es hostil, sin policías ni chivatos incómodos, saca la joyería o apuesta por hacer de estatua de soldado, se viste de verde, pesada mochila, AK 47 en mano, casco, gafas oscuras. Solo así, encapuchado, se inmoviliza o contonea. Y lanza un monólogo, aparentemente al aire:

“Estimados líderes de esta nación, republicanos y demócratas, al señor Donald Trump: hoy quiero dirigirme a ustedes con honor y respeto para traer un mensaje de parte de los inmigrantes lleno de esperanza y unidad, como una estatua con corazón valiente, hoy quiero representar con esta estatua, el sueño americano, estaré viajando por gran parte del país construido por inmigrantes como yo.
“Si me encuentran en el camino hacia Washington les pido que me den una firma porque esta estatua no es de guerra, sino una lucha por la libertad”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció en días pasados la aplicación móvil CBP Home que incluye la función “Intención de Salida”, que no es más que una oferta a los indocumentados para que se deporten por su propia voluntad.

Si lo hacen así, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “pueden tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro, documentados, y vivir el sueño americano. Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y no volverán jamás”, amenazó.

Al tratarse de una política pública coyuntural, los migrantes no están obligados por ley a aceptar la oferta, pero la apuesta es por la intimidación: no todos los migrantes tienen la paciencia o capacidad de adaptación de Marvin.

El Estado les hace la vida imposible

José ‘N’, solicitó ayuda recientemente a la coalición de Migrantes Mexicanos en Nueva York para regresar a Xochiapulco, Puebla, después de quedarse sin trabajo y de recibir la noticia de que su madre está muy enferma.

“Necesitaba un pasaporte que se le había vencido y José no tenía dinero para pasar esos días mientras le daban la cita en el consulado, que no las está dando sino a través de gestores que les cobran dinero”, denunció Ada Omaña, activista de la organización.

Claudia Cortés, del Centro de Trabajadores en Ohio, dijo a MILENIO que ante el ambiente antiinmigrante algunas empresas ya no quieren contratar sin documentos o abusan de los postulantes.

Los indocumentados no reportan las violaciones por miedo a represalias. De hecho, los patrones ya incorporaron a su lenguaje una amenaza tenebrosa: “Voy a llamar a la migra”.

Hasta principios de este año, los trabajadores indocumentados llamaban para reportar que no les pagaban horas extras, que no tenían buenas condiciones en los centros laborales, que algún jefe los maltrataba, pero en días recientes, ya no suena el teléfono.

“Los abusos están invisibilizados como en la época de la esclavitud y hasta nosotros como organización civil tenemos miedo: antes las agencias de gobierno eran más colaborativas; ahora no sabemos qué van a hacer con la información de los migrantes si se las damos para reportar violaciones a los derechos laborales”.

Afectados y activistas calculan que la estrategia de la administración es complicar cada vez más la vida a los indocumentados, hacerles la vida imposible por todas las vías con aliados y otros forzados a hacerlo.

La ley SB 1718 de Florida, que entró en vigencia el 1 de julio de 2023, requirió que las empresas con 25 o más empleados usen E-Verify, un sistema en línea administrado por el Departamento de Seguridad Nacional en asociación con la Administración del Seguro Social, para verificar si los nuevos empleados están autorizados a trabajar.

Pero hay muchos caminos para hostigar. Natasha Mac Dowell, una mexicana nacionalizada estadounidense, denunció que, a su pareja, por ejemplo, ya no le permitieron usar su licencia de conducir extranjera para asegurar su coche.

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Además, en la mayoría de los bancos ya no permiten el uso del número de identificación fiscal (ITIN) que usaban los indocumentados para abrir una cuenta bancaria u obtener una tarjeta de crédito que requieren los arrendadores para rentar propiedades.

Para cobrar por su trabajo, cada vez más migrantes tienen que hacerlo a través de subcontratistas que les quitan el 3 por ciento por hacerles un cheque y deben pagar el 10 por ciento de comisión por cobrarlo sin identificación estadunidense.

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