Gobierno no crea políticas para disminuir agresión a defensores de derechos humanos
Nahum Villavicencio
En Oaxaca persiste la simulación de la Defensión de los Derechos Humanos, puesto que la administración estatal de Gabino Cué Monteagudo no ha creado una política que disminuya estos hechos, ni la agresión que persiste en contra de los organismos defensores de estos.
Al dar a conocer los resultados de la misión que realizaron en la entidad los integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para todas y todos” (Red TDT), estos indicaron que es preocupante la situación en la que se encuentra el estado oaxaqueño, puesto del 2011 al 2012 se han presentado mil 847 personas que han sido beneficiadas por las medidas cautelares que otorga la comisión Interamericana de DH.
Asimismo destacaron que de acuerdo a los datos registrados por la Red TDT, Oaxaca es el estado con mayores índices de violaciones a los derechos humanos perpetrados contra personas defensoras en todo el país. Del año pasado a este, indicaron que se han documentado 29 agresiones contra defensores en lo individual y 12 agresiones contra grupos que defienden esta causa.
Entre los reportes de violaciones a derechos humanos de los defensores recibidas por la misión, destacan asesinatos, agresiones físicas, allanamientos, amenazas, hostigamiento, difamación, robo, detención arbitraria y uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública. Este patrón de ataques y hostigamientos contra defensores se presenta como una situación generalizada y no sólo son una manifestación de casos aislados.
Muchas de estas agresiones se dan en contra de personas y organizaciones comunitarias que defienden su derecho a la tierra y territorio, específicamente en contra de proyectos alternativos como el de las minas en San José el Progreso, los proyectos eólicos del Istmo de Tehuantepec, los proyectos hidroeléctricos y los de infraestructura entre otros, destacaron.
Asimismo, organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña señalaron la vulnerabilidad social y de género en los ataques a las defensoras, que incluyen la esfera privada y agresiones sexuales. En las reuniones que la misión sostuvo con organizaciones de la sociedad civil, se destacó la falta de coordinación entre las distintas entidades gubernamentales en la implementación de medidas de protección para personas defensoras.
En la mayoría de los casos de ataques y asesinatos de personas defensoras, las víctimas habían denunciado amenazas previas, sin embargo las autoridades responsables no atendieron oportunamente las denuncias y permitieron así tal desenlace.
La misión enfatiza que uno de los factores que implica mayor impacto para la situación de inseguridad para personas defensoras es la casi completa impunidad en la cual se encuentran los crímenes en su contra. Las personas defensoras de los derechos Humanos con las cuales la misión se reunió, aplaudieron la iniciativa de concentrar todos los casos de agresiones en la nueva fiscalía de Delitos de Trascendencia Social.
Sin embargo también expresaron su preocupación por que aún quedan casos por transferir y porque la Fiscalía carece de los recursos y capacidades requeridos para enfrentar esta temática tan urgente.
