El gobierno aliancista, obligado a garantizar la inversión y derechos de los pueblos en el Istmo

Comunicado.

• A propuesta de diputados priistas del Istmo, el Congreso exhorta al Ejecutivo a que instale una comisión que solucione el conflicto eólico.

Es urgente y necesario que el Gobierno del Estado, sin defender a empresas, garantice la inversión productiva en el Istmo de Tehuantepec, pero con pleno respeto y protección a los derechos de los pueblos y dueños de la tierra, afirmó el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, Francisco García López.

El diputado por el distrito de Juchitán, junto con sus homólogos del Istmo, Rosa Nidia Villalobos González, del distrito de Tehuantepec, y Elías Cortés López, enviaron un punto de acuerdo al Pleno del Congreso del Estado para exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal, a que instale una Comisión plural para coadyuvar a las soluciones de los conflictos que se han venido suscitando con relación al Proyecto Eólico que promueve la empresa Mareña Renovable.

A esta propuesta se adhirieron los diputados Flavio Sosa Villavicencio y Max Vargas Villavicencio, quienes coincidieron con la urgencia de que el Gobierno del Estado debe atener esta problemática, pero sobre todo, tal y como se afirma en el punto de acuerdo, deben participar todos los actores involucrados en este asunto.

En este punto de acuerdo, aprobado por urgente y obvia resolución con 32 votos, se menciona que la comisión que se propone tiene como propósito generar las condiciones y los acuerdos que permitan fomentar la inversión en la región del Istmo de Tehuantepec, que por falta de operación política y la presión de grupos extremistas, hoy amenazan la viabilidad de estas inversiones estratégicas.

Estaría integrada por representantes del Gobierno del Estado, Diputados Locales, representantes de las empresas interesadas, así como Autoridades municipales y Agrarias.

En este marco, García López afirmó que siempre debe prevalecer el interés general sobre el particular o de grupo, por ello, pidió que el Gobierno del Estado defienda la inversión productiva de los ataques de sus propios aliados de coyuntura, “grupos que han medrado del poder que les da la impunidad, lo cual, el Istmo y Oaxaca ya no toleran”.

Desde la tribuna, el legislador priista exigió que el gobierno asuma una posición responsable, una estatura de Estado, y que así como auspició con éxito el flujo de la inversión productiva en los parques eólicos, ahora defienda la viabilidad de esa importante inversión pública y privada. “Que no defienda empresas, que defienda la inversión productiva en interés de mis paisanos del Istmo y de todos los oaxaqueños”.

Detalló que este exhorto es para que el Gobierno del Estado establezca comunicación con las autoridades municipales y agrarias, así como con los habitantes del lugar, y que les garantice que les serán respetados sus derechos de propiedad y a ser partícipes de los beneficios del desarrollo.

“Generar desarrollo y promover mejores condiciones de vida para la gente, no sólo exige la aplicación de tecnologías modernas en la economía local, como los parques eólicos, sin también se requiere de un ejercicio de política de altura y concertada, que procure que las bondades de este ambicioso proyecto eólico de desarrollo, beneficie a la mayoría de los istmeños y no solo a un grupo de privilegiados”, recalcó.

Para lograr este propósito, dijo, es necesario que todos los actores sociales y políticos se sienten y dialoguen con actitud propositiva y abierta, no con actitud maximalista de todo o nada,  siempre en el marco de la ley, para que emerjan los mejores acuerdos por el Istmo y por Oaxaca.

Explicó que las cifras demuestras las ventajas de las inversiones, tomando en cuenta que en el Istmo se tiene uno de los mayores potenciales del mundo: 10 mil MW, por ello, gracias a una inversión que hoy alcanza los mil 200 millones de dólares, pasamos de generar sólo 1.5 MW a mil 263 MW. Hoy Oaxaca produce el 7% del total nacional de energía eléctrica.

En cuanto a los empleos, esta inversión genera cuatro mil 700 puestos de trabajo directos, mientras que los indirectos se calculan en cuatro mil 900, además de los 300 trabajadores que operan esa infraestructura instalada.