Exige PAN destitución de alcalde tras brutal agresión policial en Santa Lucía del Camino

COMUNICADO
En un acto que ha sacudido a la comunidad, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich, se solidarizó con la familia y amigos de Diego Paz y Josué Rosas, dos estudiantes agredidos brutalmente por policías municipales de Santa Lucía del Camino. Woolrich, jurista de profesión, fue contundente en su exigencia: la destitución inmediata del presidente municipal, Juan Carlos García Márquez, a quien señaló como responsable directo por ser el jefe de los elementos policiales involucrados en el violento ataque.

La denuncia de Woolrich se basa no solo en la agresión a los jóvenes, sino también en otras irregularidades reportadas en el municipio. Relató un caso en el que una empleada suya fue objeto de un operativo arbitrario, donde, a pesar de comprobarse que no había violado ninguna norma de tránsito, los agentes intentaron confiscar su vehículo y exigieron un pago de más de 15 mil pesos por el arrastre. “Solo les dieron un simple papel que ampara el dinero”, denunció.

Para Woolrich, este tipo de acciones evidencian las “componendas y corrupción” que existen entre los jefes policiales y el presidente municipal, cuestionando el destino de los recursos obtenidos mediante estos operativos.

Acompañada del secretario general del partido albiazul, enfatizó que en el caso de Paz y Rosas, no se trata de un incidente aislado, sino de una agresión coordinada que terminó con la muerte de uno de los jóvenes. De acuerdo a los testimonios de los familiares y estudiantes, los agentes pidieron dinero a las víctimas en un acto de extorsión antes de perseguirlos.

La líder del PAN fue categórica: “No podemos conformarnos con la destitución de unos cuantos, porque hoy son ellos y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Hay que levantar la voz y ver dónde está la corrupción, si es solo en los municipios o si viene desde el centro del poder en el Estado”.

Woolrich responsabilizó directamente al gobernador Salomón Jara por la falta de seguridad en el Edtado, recordando que el artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es también una obligación de los gobernadores.

Por su parte, el secretario general del PAN, Sotero Santiago, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar e informar sobre estos hechos.

“Quieren politizar el tema, hacer cortinas de humo, pero cualquier ciudadano tiene derecho a denunciar a informar”, afirmó.

Sugirió que si no se logra la destitución del alcalde, podría contemplarse la revocación de mandato que tanto promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso ha desatado un debate sobre la corrupción en los cuerpos policiales y la impunidad en los niveles más altos de gobierno. A medida que crece la indignación social, las voces exigen justicia, transparencia y una revisión profunda de las estructuras que, hasta ahora, han permitido que situaciones de esta naturaleza se repitan sin consecuencias claras para los responsables.

Woolrich advirtió que acusar a los partidos de oposición de estar detrás de las movilizaciones es “una crueldad”, revictimizan a la familia y a los jóvenes agredidos y buscan desviar la atención de lo verdaderamente importante: la obligación del Estado de garantizar la seguridad de todos los habitantes.

“Los partidos solo podemos hacer señalamientos y llamar a la población a defender sus derechos. La última palabra la tiene la sociedad civil”, concluyó.