Juicios orales muestran desencanto e ineficiencia en el estado: Valerianes Ríos

Nahum Villavicencio.

El sistema de justicia en el estado, sigue siendo una factura pendiente por parte de la administración estatal,  ya que los juicios orales han sido mera formalidad que lejos de dar solución solo han ocasionado encono y desencanto, aseguró Antonio Valerianes Ríos, dirigente de la organización Antorcha Campesina en el Istmo de Tehuantepec.

En las zonas del Istmo, Tuxtepec, Mixteca y recientemente en  la Costa se ha implementado dicho sistema, ineficacia que se entiende, al no ser impuesta  como  una solución consensuada, acorde a los fines, formas y condiciones de vida de los habitantes de estas regiones y al grado delictivo, efectuado en estas,  incluso, tampoco como medida para frenar la delincuencia organizada.

No es, pues, ninguna de estas la causa, sino más bien obedece a una imposición del sistema extranjero, hecho a nuestro país, por el gobierno Norteamericano, y desafortunadamente, una vez más, dado que  ya lo hicieron en el 2006, con el derramamiento de sangre inocente, y el desquiciante desequilibrio económico que este desencadeno, tocó a nuestro querido Oaxaca, ser de nueva cuenta, ratón de laboratorio, de este nuevo sistema, del todo disfuncional.

Se percibe, una  notable falta de infraestructura física  y humana, se ve palpablemente que ha provocado entre otros factores, la ineficaz forma de administrar  justicia, los que hacemos del litigio, nuestro quehacer diario, en los distintos juzgados y regiones, nos damos cuenta que dichas reformas en materia de justicia dejan mucho que desear, no existe ni de membrete la agilidad procesal de la que tanto se hace alabanza, destacó el activista.

En la región del Istmo, donde se inicio la aplicación de este nuevo sistema, un simple peritaje en materia contable, necesario para complementar una investigación, por el delito de fraude,  que en todo el estado provocaron las anárquicas cajas de ahorro, tarda en emitirse  3 ó 4 meses mínimo, y sólo se vislumbrará esa agilidad y eficacia, si se da dinero a quien deberá emitirlo, si no se seguirán escudando en la  excesiva carga de trabajo, ese es el nuevo juicio garantista, que la modernidad nos ofrece.

Es de imperiosa necesidad señalar hablando de los muchos pendientes que ha venido arrastrando la administración de  justicia,  la constante violación de los derechos humanos, sobre todo y fundamentalmente, en materia de seguridad jurídica, que tutelan los artículos 14,16, 18 y 22 de la Constitución Federal, de la que son objeto la comunidad indígena del Municipio de San Agustín Loxicha; Distrito de Pochutla, Oaxaca.

En donde, también expresó, el 85 % de la población que conforma el centro de rehabilitación social ( CERESO) de Miahuatlán de Porfirio Díaz, pertenece a ese municipio, la mayoría acusados por los delitos de homicidio y lesiones, provocados por arma de fuego, con la simple platica de su poco entendible español, es visible todos con procesos viciados, ante la complicidad de Agentes del Ministerio Público (M.P) y Agentes Estatales de Investigación ( AEI) , con quienes inicia su penoso camino, que las mismas leyes tienen establecido: El tortuoso proceso penal, que el caduco sistema de justicia ahí aún ofrece.

Indicó que es en estos sitios lo que menos importa es impartir adecuadamente el sistema de justicia, y reflejo de ello es que existen docenas de personas esperando que algún día se presenten sus acusadores o quienes fungieron como testigos en su contra, quienes cita tras cita, nunca llegarán, lo que deja una mueca de resignación que en su momento serán sentenciados, con el más mínimo caudal probatorio  en su contra, ya que por ser indígena no tuvo, ni el dinero, ni  el conocimiento dada su precaria ilustración educativa.

Lo que es más grave, destacó, es que por no tener la fortuna de saber hablar el español, lengua mediante la cual se le hizo la acusación, y que por negligencia de los jueces, nunca se  tomo en cuenta estas deficiencias, dado que como es costumbre de estos, no presenciar las diligencias, tal y como la ley lo exige, acto que le permitiría conocer de manera directa la historia de los hechos, que en su momento juzgará.

Ante todo este engranaje procedimental, hasta cierto punto disfuncional, es también cierto que quien está a cargo del Poder Judicial, tienen entendido y plena conciencia, que una sociedad sin reglas y sin un adecuado y eficaz procedimiento penal, no se podrá vivir en armonía,  es necesario promover la concientización de quienes imparten justicia, entendiendo que es necesario el interés del juzgador, que se exija a este una mayor intromisión en los actos procesales, no basta con ajustar su criterio a lo que de mala gana, descuido u omisión, por falta de cultura jurídica,  si no busque normar  su criterio, en base a los antecedentes  atendiendo su forma de vida, instrucción educativa, y las causa y razones que le motivaron a delinquir, o en su caso, como la mayoría lo es, objeto de una venganza, que movió a fabricarle el delito, y  en muchos de los casos  causado por la vida miserable, que han vivido desde niños,  estos ” indígenas presuntos culpables” .