Corte Suprema de EU parece inclinarse a bloquear demanda de México a empresas de armas
Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos están evaluando si la demanda de México puede avanzar hacia un fallo.
EXCELSIOR
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos en el caso presentado por el gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas estadunidenses, acusados de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia los cárteles de la droga. Durante la audiencia, los jueces mostraron cierta simpatía hacia las compañías demandadas, lo que podría dificultar el avance del litigio.
El caso, presentado en Boston en 2021, busca responsabilizar a Smith & Wesson e Interstate Arms, entre otras empresas, por su presunta participación en la venta y distribución de armas que terminan en manos de organizaciones criminales en México. Según la demanda, estas compañías han “ayudado e incitado” el comercio ilícito de armas, generando violencia y costos significativos para el gobierno mexicano.
Las empresas demandadas argumentan que la demanda debe ser desestimada debido a la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA), promulgada en 2005, que protege a los fabricantes de armas de responsabilidad civil por el uso indebido de sus productos. Sin embargo, un tribunal de apelaciones en Boston determinó que la conducta de las compañías podría quedar fuera de esas protecciones, permitiendo que el caso continúe.
El debate en la Corte Suprema
Los jueces de la Corte Suprema no están evaluando aún el fondo del caso, sino si la demanda de México puede avanzar. El abogado del gobierno mexicano, Jonathan Stetson, argumentó que el país debería tener la oportunidad de probar sus alegaciones en un juicio.
“Estamos aquí al comienzo del comienzo de este caso. Este tribunal no necesita responder por las acusaciones de México, pero debe asumir que son ciertas”, afirmó Stetson. “México debería tener la oportunidad de probar su caso”.
El gobierno mexicano sostiene que la violencia generada por las armas de fabricación estadunidense ha impactado la inversión, la actividad económica y los costos de seguridad en el país. De acuerdo con la demanda, la mayoría de los homicidios relacionados con armas de fuego en México involucran armas traficadas desde Estados Unidos, pese a que el país tiene leyes estrictas sobre posesión de armas.
México busca una compensación monetaria no especificada y una orden judicial que obligue a las empresas a “disminuir y remediar la molestia pública que han creado” con sus prácticas comerciales.
Durante la audiencia, los jueces expresaron diversas preocupaciones sobre la viabilidad de la demanda. La jueza Amy Coney Barrett, de tendencia conservadora, preguntó por qué México no había demandado directamente a los distribuidores de armas, ya que ellos serían “la causa más inmediata del daño”.
El abogado Stetson respondió que la demanda menciona específicamente a distribuidores “deshonestos” que venden armas a granel a traficantes que las cruzan a México.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson, de línea progresista, expresó dudas sobre si el tipo de medidas que México solicita puede ser autorizado por los tribunales estadunidenses.
“Todas las cosas que solicitó en esta demanda, como los cambios en la seguridad de la industria, la distribución y las prácticas de marketing, equivaldrían a diferentes tipos de limitaciones regulatorias que creo que el Congreso no quería que los tribunales fueran los que impongan”, señaló.
Otro de los jueces conservadores, Samuel Alito, cuestionó si la teoría legal de México podría aplicarse en su contra. “Hay estadunidenses que piensan que los funcionarios del gobierno mexicano están contribuyendo a mucha conducta ilegal aquí (en Estados Unidos). Entonces, supongamos que uno de los 50 estados demandó al gobierno de México por ayudar e incitar a la conducta ilegal dentro de las fronteras del estado”, planteó Alito.
Un fallo con impacto binacional
El caso ante la Corte Suprema es clave en la estrategia del gobierno mexicano para responsabilizar a las empresas armamentísticas estadounidenses por el tráfico de armas que alimenta la violencia en el país. Sin embargo, las dudas expresadas por los jueces sugieren que el camino legal será complejo.
Se espera que la Corte Suprema emita su decisión en los próximos meses, lo que definirá si México puede continuar con su batalla legal contra los fabricantes de armas o si su demanda será desestimada.
