Continúan en agenda del PRI el impulso a la ley y quemón contra agresores sexuales y deudores alimenticios
COMUNICADO
Los candidatos priistas a diputaciones federales buscarán que los violadores sean expuestos de manera pública, para que empresas e instituciones sepan a quién contratan.
Los deudores alimenticios no podrán hacer trámites, hasta saldar la deuda con sus hijos.
Porque se requieren acciones concretas para erradicar la violencia contra la mujer, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone la Ley Quemón, que consiste en hacer públicos los Registros Nacionales de Agresores Sexuales y de Deudores Alimenticios, indicó este instituto político, al presentar otro de los temas que llevarán a la Cámara de Diputados los candidatos a una curul en el Palacio de San Lázaro, para la siguiente Legislatura.
El partido tricolor advirtió que hay mucho por hacer, y esta propuesta es un primer paso para combatir la violencia contra la mujer. Detalló que, con esta iniciativa, las empresas, instituciones y la población en general podrán tener más información para saber a quién contratan y quién podría representar un riesgo para mujeres, niñas y niños.
“¡Nunca es culpa de las mujeres cuando se trata de agresión sexual! Por eso, proponemos la #LeyQuemón, con la que los agresores sexuales se la pensarán dos veces antes de agredir a una mujer, ya que les daremos un quemón público”, subrayó en sus redes sociales, el Revolucionario Institucional.
El partido encabezado por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano precisó que, en el caso del Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, los padres que no paguen la pensión alimenticia a su conyugue, hijas e hijos serán evidenciado públicamente, al poder ser consultado por todos, además de que no podrán hacer trámites hasta que paguen lo que deben. Destacó que “casi el 70 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, y batallan para darle una buena vida a sus hijos sin apoyo.
Con esta propuesta, el PRI reiteró su compromiso para acabar con la violencia y la desigualdad entre hombres y mujeres. Será, apuntó, un acto de justicia social ante millones de mexicanas que no reciben pensión alimenticia, con el que se obligará a sus deudores a pagar o enfrentar las consecuencias, como el no poder sacar su pasaporte, licencia de manejar o de matrimonio.
