Ratifican gran incendio en Cocula; chocan PGR y GIEI
Milenio
Ricardo Damián Torres, vocero del grupo colegiado de peritos.
En el tercer peritaje realizado en el basurero de Cocula, Guerrero, el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego concluyó de manera científica que “existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” y que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar.
Ricardo Damián Torres, representante del panel de seis especialistas internacionales, anunció que habrá una prueba a gran escala para confirmar la hipótesis de que en ese sitio se llevó a cabo una quema masiva de 43 cuerpos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, tal y como lo declararon algunos detenidos (presuntos integrantes de Guerreros Unidos) por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Acompañado del subprocurador de la PGR, Eber Betanzos, el vocero del grupo colegiado dio a conocer los primeros resultados del nuevo análisis que solicitaron la dependencia y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con el fin de cumplir los objetivos de la investigación del caso Iguala.
Damián Torres informó sobre tres conclusiones.
1. “Derivado de los siguientes análisis practicados se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que si existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado ‘basurero de Cocula'”.
2. “La recolección de restos óseos corrobora evidencias suficientes y coincide entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República como del Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.
3. “Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos; sin embargo, solamente con una prueba a gran escala podrá confirmarse esta posibilidad.
“El grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de colaborar, científicamente, si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos; los resultados de esas pruebas serán dadas a conocer en su momento”.
El subprocurador Betanzos informó que el panel de expertos en fuego estuvo integrado por John DeeHaan, Frederick Mowrer, James Quintiere, Ricardo Torres, José Torero y Mario Saldaña, quienes durante seis semanas analizaron si las condiciones contenidas en testimonios y estudios periciales realizados con anterioridad permitían determinar la presencia o ausencia de episodios de fuego en el basurero de Cocula.
La propuesta de efectuar un tercer peritaje derivó de las versiones contrastadas entre la PGR y el GIEI sobre la hipótesis de un incendio en ese lugar. Ambas partes alcanzaron un acuerdo el 20 de octubre de 2015 durante la audiencia pública del caso Iguala, que se desarrolló en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para llevar a cabo un nuevo estudio.
El Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego entregó los resultados del tercer peritaje a la PGR y a los miembros del GIEI la noche del jueves pasado en un sobre cerrado, respecto a un posible incendio los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
El funcionario de la PGR señaló que la realización de un tercer peritaje se formalizó el 25 de enero de 2016 con una agenda suscrita el 12 de febrero pasado.
En este estudio participó el peruano José Luis Torero, quien colaboró con el GIEI, y en 2015 negó la posibilidad de un incendio de la magnitud para calcinar a los 43 normalistas en el basurero.
Acuerdo roto
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró roto el acuerdo sobre los trabajos realizados en el basurero, luego de que la PGR dio a conocer las conclusiones sobre el peritaje realizado por el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego.
Por ello y en respuesta al resultado hecho público, señaló mediante un comunicado, “reconsiderará su trabajo” y realizará las acciones necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso.
Recordó que en febrero firmaron un convenio con la PGR en el que se establecían las bases para realizar el nuevo peritaje, así como que los peritos debían guardar confidencialidad sobre el trabajo y que todas las fases del estudio se llevarían a cabo en consenso.
El GIEI señaló que se tomó “una decisión unilateral por parte de la PGR”, lo que supone una ruptura de los criterios establecidos en las bases del estudio, pues faltó al pacto firmado en Washington.
Destacó que, cuando parecía que se había alcanzado un consenso en los puntos para transmitir un mensaje, de forma “sorpresiva” se les informó la decisión de que Damián Torres saliera públicamente.
Por ello, los expertos consideraron la ruptura de dos acuerdos: el de confidencialidad del proceso hasta tener resultados y cómo transmitirlos, y el de tomar las decisiones mediante el diálogo y el consenso entre la PGR y el GIEI.
Resaltaron que el mensaje que se dio a conocer en conferencia de prensa “hizo alusión a partes del contenido de un informe provisional que ni siquiera han sido analizadas por el GIEI y, más grave aún, señalando públicamente cosas que no fueron las explicadas al GIEI durante la reunión, ni son del consenso de los expertos de fuego”.
El acuerdo para transmitir un mensaje proponía una metodología a seguir con énfasis en que uno de los expertos no podía salir públicamente a hablar en nombre del grupo colegiado, sin presentar de manera clara a los integrantes y sin explicar por qué habían sido elegidos, y en este caso Damián Torres fue presentado como el representante del Grupo Colegiado de Expertos.
La metodología que debía seguirse para la transmisión de un mensaje proponía que los expertos en fuego escribieran su mensaje de consenso y se consultará entre todos para asegurar que no había problemas o confusión en el contenido.
Asimismo, que el mensaje consensuado se enviaría a la PGR y al GIEI “mañana mismo” y que conjuntamente se decidiría qué respuestas dar a sus peticiones de hacer público dicho acuerdo o la respuestas “en los dos o tres días posteriores”.
Transparencia
La PGR respondió al GIEI que respetó el acuerdo de confidencialidad que se estableció durante la elaboración del tercer estudio de fuego, lo que incluyó la reserva de los nombres de los seis expertos, y resaltó su compromiso con la transparencia en el caso Iguala, por la relevancia e interés público que generó.
Indicó que los resultados del nuevo peritaje se abrieron en presencia de Eber Betanzos, subprocurador de la PGR; Carlos Martín Beristáin, integrante del GIEI; Omar Gómez, secretario técnico del organismo, y Ricardo Damián Torres, representante del panel colegiado de expertos, quien posteriormente leyó un mensaje “con el resultado conclusivo relativo a los objetivos planteados en las bases”.
“La PGR respeta la independencia de este grupo colegiado y reconoce el trabajo desarrollado y entregado a ambas instituciones en forma conjunta; asimismo, reitera su compromiso con la transparencia, dada la relevancia del asunto y considerando el interés público”, puntualizó.
Recordó que el Estado mexicano y la CIDH formalizaron un acuerdo el 20 de octubre de 2015 durante la audiencia pública del caso Iguala, en Washington, para realizar un nuevo estudio de fuego en el basurero de Cocula.
Agregó que la PGR y el GIEI suscribieron el 25 de enero del 2016 los objetivos a cumplir para llevar a cabo este estudio, y el 12 de febrero determinaron el panel.
Los trabajos del estudio del fuego iniciaron el 15 de febrero de 2016 y duraron seis semanas, entregándose sus resultados, conforme a las bases, el jueves 31 de marzo de este año.
Claves
Valoración de CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que incorporará al expediente del caso Iguala el estudio sobre fuego en el basurero de Cocula, presentado ayer por la PGR.
Mediante un comunicado señaló que esta evidencia científica, denominada “Tercer análisis de fuego”, será valorada integralmente junto con las pruebas que obran en el expediente.
Recordó que desde septiembre de 2015 señaló que la ciencia es la que debe guiar las investigaciones y que sus resultados deben valorarse jurídicamente con todos y cada uno de los medios de prueba.
