Admite SEGEGO cultura de la presión en el Istmo
Walmart se quejó que el Gobierno del Estado hizo absolutamente nada para garantizar la seguridad y los derechos humanos de sus 69 trabajadores en Juchitán; el secretario General de Gobierno responde que fue un caso aislado
Ignacio Martínez Platas
AGENCIA JM
Martes 22 de Marzo de 2016
Oaxaca, Oax.-
A pesar de que una media docena de empresas han cerrado sus puertas ante el hostigamiento de que han sido víctimas por organizaciones sociales que actúan en la total impunidad en la región del Istmo, el secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, aseguró que en Oaxaca sí se aplica el Estado de Derecho.
Y es que la empresa Walmart de México Centroamérica se quejó que por la toma de su sucursal Bodegas Aurerra en Juchitán de Zaragoza, por un grupo de manifestantes, el Gobierno del Estado hizo absolutamente nada para garantizar la seguridad y los derechos humanos de sus 69 trabajadores.
Sin embargo, el funcionario afirmó que se trató de un caso aislado, ya que éste tipo de situaciones no es cotidiano en todas las empresas y centros comerciales en la región del Istmo y en toda la entidad.
Precisó el secretario Carrasco que el Gobierno del Estado es el más interesado en brindar todas las condiciones de seguridad a los inversionistas, para que las empresas se establezcan en Oaxaca y generen fuentes de empleo y a su vez propicien derramas económicas.
El responsable de la política interna del estado, aseguró que las acusaciones sin fundamento hechos por la empresa, afectan la imagen de Oaxaca “porque esa no es la realidad que se vive en la entidad oaxaqueña”.
Explicó que la empresa y el trabajador despedido, al parecer de manera injusta, debieron de recurrir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para solucionar por la vía del diálogo o legal el problema, que generó movilizaciones en las instalaciones del centro comercial.
Más adelante, reconoció que en la región del Istmo la cultura de las movilizaciones como método de la presión, las organizaciones sociales buscan solucionar sus demandas políticas, sociales y laborales.
Señaló que por esta actitud del chantaje, como medida de presión, está el tema el proyecto eólico de la empresa española Abengoa, quien canceló su participación en la sociedad de inversión con Italiana Enel para construir la central de cogeneración para PEMEX, en el Puerto de Salina Cruz, que ya no podrá construirse en este año, por la oposición de los pobladores.
La misma situación se vive con la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que insiste en cobrar el derecho de paso a los camiones de la empresa SEMEX.
Esto ha provocado también que media docena de empresas automotrices, refresqueras, eólicas, constructoras de viviendas, impregnadoras de postes para alumbrado público, empresas fabricantes de cal y yeso, hayan cerrado sus puertas y emigrado a otras entidades del País, por la falta de garantías para desarrollarse.
