México cierra unidad élite de investigación antigroga tras 25 años de operación con EU

El gobierno de México desbandó la Unidad de Investigaciones Sensibles, un cuerpo de élite creado en la década de los noventa por la DEA con policías mexicanos supuestamente incorruptibles para manejar casos de extrema confidencialidad vinculados al narcotráfico y que se llegó a erigir en el principal símbolo de la cooperación bilateral antidrogas entre los dos países.

Según dio a conocer ayer la agencia Reuters y confirmaron a MILENIO funcionarios de ambos países, el gobierno mexicano determinó desde el año pasado retirar oficialmente su apoyo a la operación del programa estelar de la DEA en nuestro país, el cual fue durante 25 años piedra angular de sus operaciones en territorio mexicano.

La SIU, como se le conocía por sus siglas en inglés, fue fundada en 1997 durante el sexenio de Ernesto Zedillo y operó de manera ininterrumpida como un apéndice de la Policía Federal en los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lapso durante el que protagonizó operaciones de alto impacto en el combate al narcotráfico gracias a un acceso privilegiado a información de inteligencia estadunidense. Entre otras operaciones, se le atribuye haber contribuido a la primera captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016.

En ese mismo periodo, sin embargo, la Unidad también se vio envuelta en numerosos escándalos, desde filtraciones que llevaron a la muerte de civiles en Coahuila y Nuevo León hasta el descubrimiento de que el oficial que estaba a su cargo entre 2008 y 2016, Iván Reyes Arzate, figuraba en la nómina de dos cárteles de la droga, a los que suministraba datos confidenciales que llevaron, incluso, a la ejecución de varios agentes encubiertos.

Con antecedentes inmediatos como esos y por tratarse de un cuerpo que estaba integrado en buena medida por agentes que fueron cultivados por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, -hoy preso en Estados Unidos-, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia se le fue restando margen de maniobra a la unidad, hasta llegar a la decisión de desbandarla por completo, en abril del año pasado.

La decisión, aunque no necesariamente vinculada, se tomó seis meses después de la detención sorpresiva en Los Ángeles del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos bajo acusaciones de narcotráfico, medida en la que la DEA fue una pieza central y que detonó un fuerte distanciamiento con la agencia antidrogas que derivó en la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional, con la que el gobierno mexicano mantiene un control más centralizado sobre todo tipo de operaciones de agencias foráneas.

Una cultura tóxica

Aunque será el tiempo el que determine el peso final de los logros y fracasos de la Unidad, su historial marca que tuvieron una participación destacada en la caída de numerosos lugartenientes de cárteles como Tijuana, Juárez y Sinaloa y en la creación de un espíritu de cooperación nunca antes visto entre agencias policiacas mexicanas y estadounidenses, marcadas históricamente por la desconfianza mutua.

Pero se trata de éxitos que también quedan irreversiblemente teñidos por escándalos como la filtración de datos que llevó a que en marzo de 2011 el pueblo de Allende, en Coahuila, fuera borrado del mapa por los Zetas. Un número no determinado de civiles, quizá hasta 300, fueron desaparecidos durante dos días tras un chivatazo al cartel ocurrido desde el seno de la SIU.

Un caso similar que puso en entredicho la supuesta naturaleza hermética y absolutamente confiable de la Unidad fue el del secuestro de 5 civiles en un hotel de Monterrey, después de que sicarios de los Zetas les confundieran con integrantes de la SIU; alguien, se presume que un chivato, informó al cártel que los agentes estaban hospedados en un Holiday Inn, al que después llegó un comando para levantar a varios huéspedes inocentes. La DEA jamás se responsabilizó del hecho, ocurrido el 21 de abril de 2010.

Apenas en enero pasado, MILENIO reveló una investigación interna del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que concluyó que la DEA jamás implementó acciones correctivas que evitaran que el narco siguiera reclutando o cazando agentes mexicanos adscritos al programa SIU. Tampoco se tomaron acciones correctivas por los incidentes en Allende y Monterrey, para evitar su repetición.

La auditoría detallaba que incluso aún después de descubierta la traición de Reyes Arzate y pese a las consecuencias que implicó que filtrara la identidad de numerosos agentes mexicanos entrenados por Washington -posteriormente ejecutados-, la DEA incluso recortó mecanismos que podrían detectar a infiltrados como sus pruebas de control de confianza.