Tensa la situación en San Juan Juquila, Mixe, piden la intervención del gobierno.
Por Paloma Duarte
Oaxaca, Oax.- a 10 Enero 2017 -. El presidente municipal de San Juquila Mixes exigió a las autoridades estatales intervengan para resolver el problema que presenta su comunidad, indemnice a los familiares de la persona fallecida y a los heridos de esta comunidad.
En conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno Rolando Diego Miguel indicó que exigen se castigue a los responsables intelectuales y materiales del ataque ocurrido el pasado sábado.
Destacó que el pasado 6 de enero se suscitó una riña en la agencia Guadalupe Victoria entre pobladores influenciados por habitantes de San Pedro Ocotepec, a quienes acusan de dedicarse a desestabilizar la localidad para conseguir que su localidad sea la cabecera municipal de la zona.
Acusaron a Renato Martínez Primo, Gualberto Altamirano, José Flores Morales, Eduardo Pablo Rosales, Juan Alberto Altamirano, Ruperto Manuel Canseco, Renato Pérez Ildelfonso, Máximo Reyes Flores, Alejandro Manuel Flores, Cupertino Reyes Reyes, Reyna Manuel Canseco, José Flores Morales, Filadelfo Juárez Vargas, David Avelino Flores, Jesús Pablo José, Miguel José, Francisco Reyes, Celestino Aragón de ser los líderes y quienes incitaron a la violencia.
Como resultado de este conflicto quedaron lesionados el síndico de la agencia Guadalupe Victoria, Ramón Pablo Rosales, así como Alejandro Feliciano José,
Gaudencio José Hernández, Francisco Guillermo Pérez, Ramón Pablo, Julio Rosales, Delfino José, Guillermo Reyes y Macario Pablo Medrano.
Un día después dijo que autoridades municipales de San Juan Juquila Mixes acompañados de pobladores, al acudir a la agencia Guadalupe Victoria fueron agredidos con proyectil de arma de fuego de alto calibre por parte de pobladores opuestos a esta autoridad municipal y habitantes de San Pedro Ocotepec.
Esta acción termino con la vida de Antonio José Pérez mientras que resultaron heridos de bala Jesús Márquez Espina, de 40 años; Kevin Bladimir Espina Domínguez, de 19 años; Cástulo Espina Ortiz, de 54 años y Heber Canseco Blanco, mientras que de la agencia Guadalupe Victoria están heridos Anabeth Manuel Canseco, Pablo Rosales Manuel y Luciano Flores Carlos.
En este contexto indicó que los agresores de esa misma localidad amenazaron y secuestraron a los demás pobladores como medida de presión para que liberaran a los agresores materiales. En tanto, las victimas desplazadas huyeron por temor de sus vidas y caminaron por más de seis horas para salvaguardarse y buscar refugio en el centro del municipio de San Juan Juquila Mixes sin ninguna pertenencia, abandonando todo su patrimonio.
En tanto, como autores materiales y señalados por disparar a pobladores de la misma agencia, a las autoridades municipales, a peritos y agentes estatales de investigaciones, acusan a Germán Pérez, Jesús Pablo José, David Avelino Flores, Máximo Reyes, Juan Bautista Luciano, Reyna Manuel Canseco, Clafira Manuel Reyes, Macrina Manuel Aragón y como asesino directo a Constantito Pablo.
Así también involucran a Angelina Manuel Canseco, Rubén Rosales, Zenón Reyes Reyes, Flavio Olivera Reyes, Reveriano Rosales Carlos, Leonardo Flores, Remberto Flores José, Alejandro Manuel Flores, Conrado Manuel Flores, Miguel José, Álvaro Martínez José, Julita Pablo José, Delfino Pablo José, Belarmino Reyes, Euztorquio Rosales, Guillermo Altamirano, Valeriano Primo Vásquez, Matías Martínez Rosales, Crispín José José, Víctor Reyes Pérez, Eustaquio Pedro, Gabino Carlos Laureano, Efrén Pedro Flores, Parmemo Pedro Pérez, Eduardo Pablo, Abigail Primo Martínez, Andrés Rosales Alejandro, Isaías Anselmo Zenón y Jesús Martínez José.
En este sentido exigieron castigo a los responsables intelectuales y materiales del ataque ocurrido el 7 de enero, así como sancionar a las autoridades agrarias y municipales de San Pedro Ocotepec por el incumplimiento de acuerdos pactados ante las autoridades estatales durante el proceso agrario.
También solicitaron indemnizar los daños a las víctimas y atención urgente y efectiva a todos los heridos, al mismo tiempo de establecer una base operativa del ejército y Policía Estatal en la zona de conflicto para que la gente desplazada que fue agredida pueda regresar a sus hogares, ya que actualmente temen se materialicen las amenazas de muerte sufridas y pérdida de su poco patrimonio familiar.
Por último, demando una fecha para la acreditación inmediata de las autoridades en funciones, el apoyo total de los programas estatales para los desplazados durante el conflicto como víveres, cobijas, empleo temporal, educación para sus hijos, brigadas de salud, productos de higiene y de la canasta básica; retomar el envío de apoyos de los programas federales bloqueados por los agresores como Prospera, Procampo y Adultos mayores.
