Aprueba Congreso local reforma para visibilizar y proteger a niñas y adolescentes ante la violencia feminicida
· La modificación armoniza la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para evitar la revictimización
San Raymundo Jalpan, Oax., a 17 de julio de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas y adolescentes, en Sesión Ordinaria las y los diputados aprobaron con 28 votos a favor la reforma a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, con el propósito fundamental de visibilizar y salvaguardar los derechos de las niñas y adolescentes de la entidad federativa, integrándolas explícitamente en el marco legal punitivo y de protección contra la violencia feminicida.
El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, reforma la fracción VI del artículo 7 y el primer párrafo del artículo 19 Bis, y se adiciona la fracción V a dicho artículo de la citada ley para armonizar el marco jurídico local con las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con esta adecuación, el estado redefine formalmente la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos, tanto en el ámbito público como en el privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas, violentas o crueles que ponen en riesgo la vida de las víctimas y pueden culminar en feminicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
Asimismo, el decreto establece las bases normativas para la inclusión y reconocimiento de las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda de justicia, mitigando el impacto psicosocial y la revictimización institucional en el núcleo familiar.
La propuesta legislativa fue presentada por la diputada Elisa Zepeda Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien manifestó en el documento que la violencia de género puede afectar a las mujeres desde las primeras etapas de su vida, y en muchos casos se agrava por condiciones como la edad, la dependencia familiar, la falta de redes de apoyo, la pobreza, el origen indígena o afromexicano, la discapacidad, la lengua, el contexto comunitario o la dificultad para acceder a instituciones de protección y justicia.
Señaló que el Estado mexicano cuenta con obligaciones reforzadas de protección derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del principio del interés superior de la niñez previsto en el artículo 4° de la Carta Magna federal, instrumentos que exigen que toda actuación institucional tome en consideración las condiciones particulares de vulnerabilidad que enfrentan niñas y adolescentes.
