Solicitud de EU para detención de políticos mexicanos no incluye pruebas suficientes: FGR; pedirán más evidencia

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que solicitará, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que el gobierno de los Estados Unidos presente las pruebas y evidencia que forman parte de la acusación presentada este 29 de abril por narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y ex funcionarios estatales y municipales.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez, explicó que para este caso, Washington solicitó solamente la aprehensión provisional de los acusados.

“La Fiscalía General de la República (FGR) enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requirente todas las pruebas, argumentos, informantes, documentos que sean necesarios por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”, dijo el funcionario.

Jiménez explicó que fue hasta esta tarde que la cancillería mexicana entregó a la FGR la solicitud de aprehensión provisional con fines de extradición por parte de la fiscalía estadunidense, división distrito sur de Nueva York. En tanto, dijo el funcionario, aseguró que la fiscalía realiza su propia investigación por los hechos de forma independiente y bajo el marco jurídico nacional.

“No se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino que estamos en presencia de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición”, apuntó el fiscal.

De acuerdo con Jiménez Vázquez, la solicitud de arresto de Rocha Moya y otros funcionarios, ya fue analizada por el área de asuntos internacionales de la fiscalía y se determinó que no hay fundamentos para la detención de los señalados, no hay evidencia anexa y que la difusión de la acusación puso en riesgo el procedimiento.

“No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porque de la urgencia de la detención provisional. No existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar (…) la difusión pública de la información base de este pedimento pone el riesgo el debido proceso”, señaló el fiscal.

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¿De qué acusan a los funcionarios? 

Este 29 de abril el Departamento de Justicia anunció la acusación en la que asegura que Rocha Moya se coludió con la célula de Los Chapitos, afiliada al Cártel de Sinaloa y liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, para recibir apoyo y lograr ser electo en 2021 y después, y a cambio de sobornos millonarios para él y los funcionarios acusados, poner al servicio de la red criminal a las agencias de gobierno, policiales e investigativas del estado y de Culiacán.

“A cambio, antes y después de ser gobernador, Rocha Moya presuntamente participó en reuniones con Los Chapitos, en las cuales prometió proteger a Los Chapitos mientras distribuían cantidades masivas de drogas en EU, y como gobernador, Rocha Moya ha permitido a Los Chapitos operar con impunidad en Sinaloa”, señala Washington, “estando seguros de que los acusados trabajaron con varios narcotraficantes, los acusados generalmente han sido mas cercanos y alineados con una facción del cártel, referida aquí como los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, alias Ratón.”

La acusación dice que el hoy senador y ex secretario General de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza, y el ex secretario de Administración y Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega, eran aliados de Los Chapitos bajo la administración de Rubén Rocha y que el vicefiscal del estado, Dámaso Castro Saavedra, recibía cerca 11 mil dólares mensuales por parte de los hijos de El Chapo Guzmán para poner a la agencia investigativa a su servicio, darles protección y evitar que fueran arrestados.

La acusación también asegura que Los Chapitos tenían en su nómina al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quien, señala EU también recibía sobornos para dejar a la policía municipal en manos de los criminales.

Por ejemplo, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, un comandante de la policía municipal que habría ayudado a Los Chapitos a secuestrar y asesinar a un informante de la DEA que estaba entregando información para el caso.

“A cambio, Millán dio a Los Chapitos acceso sin restricciones a la Policía Municipal de Culiacán y usó a oficiales de la policía para ayudar a Los Chapitos a mantener control sobre Culiacán, incluyendo a través de arrestos, secuestro y asesinatos. Cerca de octubre de 2023 Millán presuntamente ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de la fuente, a quienes los Chapitos torturaron y asesinaron porque se sospechaba que la fuente estaba dando información al gobierno en conexión con esta investigación”, señala EU.